La adaptación a la ley de Contratos paraliza obras y servicios en las juntas municipales

Marco Antonio Fernández. /LV
Marco Antonio Fernández. / LV

La norma establece que una misma empresa no puede adjudicarse más de 40.000 euros en proyectos menores y el Ayuntamiento pide que se aclare si ese límite sería para cada pedanía

Manuel Madrid
MANUEL MADRIDMurcia

La nueva Ley de Contratos de la Administración Pública, que entró en vigor el 9 de marzo, ha generado atasco en el Ayuntamiento, especialmente en el reconocimiento de los gastos de las juntas municipales, que culpan de esta situación de «bloqueo y colapso» al retraso en la adaptación. La ley limita los contratos menores a casos excepcionales y justificados, y la suma con la misma empresa no deberá exceder los 40.000 euros en obras y 14.000 euros en servicios un solo ejercicio, por lo que, según confirmó el edil de Descentralización, Marco Antonio Fernández, se ha pedido una aclaración ya que el municipio de Murcia tiene la particularidad de que las juntas municipales pueden realizar este tipo de contratos y hay empresas que trabajan para la Administración contratadas por distintos pedáneos. Esta situación debe quedar resuelta «esta misma semana», reconoce Fernández, aunque niega que haya una parálisis ya que se están autorizando las actuaciones más urgentes en cada lugar.

No obstante, pedáneos del PSOE y Ciudadanos, y la formación Cambiemos Murcia han denunciado el bloqueo. Según Sergio Ramos, edil de Cambiemos, el Ayuntamiento ha tenido «mucho tiempo» para actualizar su sistema de contratación. «Si ahora se paraliza de nuevo la actividad de las juntas es por falta de previsión por parte del equipo de gobierno, lo que se une a varias situaciones similares y a que no estén prorrogados el 100% de los presupuestos de inversión», argumenta.

Por parte de Ciudadanos, el portavoz, Mario Gómez, pidió ayer la convocatoria urgente de una reunión para abordar los nuevos procedimientos de contratación. «Debemos abordar cuanto antes la tramitación de gastos en barrios y pedanías porque, a día de hoy, el servicio de Descentralización está colapsado impidiendo a los pedáneos realizar cualquier tipo de actividad».

Pedáneos de PSOE y Cs y Cambiemos critican la falta de visión a la hora de planificar el cambio

Los pedáneos socialistas Francisco Viudes (Cabezo de Torres) y José Francisco Navarro (Javalí Viejo) indicaron ayer que las inversiones están paralizadas desde enero y que no se pueden meter RC (Retenciones de Crédito). «Sin ellas no podemos hacer gastos ni podemos contratar. Y hablamos de reparaciones en colegios, de pequeños desperfectos en la vía pública... Esto se sabía desde octubre o noviembre, y ahora todavía estamos que no sabemos qué pasa», dice Navarro. Según los socialistas, todos los gastos de las juntas y contratos menores están siendo revisados por el Ayuntamiento para comprobar que se ajustan a la nueva ley.

El gobierno local entiende que esa limitación de contratar con una misma empresa más de 40.000 euros al año en proyectos menores de obras sería para cada junta, por lo que ha pedido a Intervención que se aclare este extremo. La ley es clara, según el pedáneo de Los Dolores, Pedro Morales (Cs): «Todos contratamos con el mismo CIF del Ayuntamiento, de modo que si solo se puede contratar con una empresa en esa cantidad y hay 57 juntas en pedanías, que nos digan qué hay que hacer».

El concejal de Descentralización elude hablar de bloqueo y expone que en este momento se está trabajando en la adaptación de los programas informáticos de contabilidad, y están a la espera de que se resuelvan las peticiones de aclaración sobre la facturación con un mismo proveedor. «A veces hay flexibilidad en la aplicación de ciertos criterios, y justo lo que se ha pedido es que se aclare. Nosotros pensamos que esa limitación es a nivel de cada pedanía, y esperamos que en unos días podamos conocerlo», apunta Fernández.

Los pedáneos se lamentan de que el sistema ahora es mucho más complejo, teniéndose que justificar cada gasto con las fechas y cantidades. «Nosotros hacemos de puros administrativos, y enviamos el RC a los administradores, que van locos. Vuelves a llamar al proveedor si hay pegas, y ahora no se puede pagar, como ocurre con las subvenciones, que antes se podían patrocinar las camisetas del equipo de fútbol del pueblo y ahora no. Ahora para pedir una subvención y justificar cualquier gasto pequeño conlleva mucho papeleo», objeta Francisco Viudes, pedáneo de Cabezo de Torres. «Llevamos un traje de teflón puesto como quien dice porque estamos diciendo a los proveedores que está todo parado, que no se pueden hacer obras y servicios. No sé cómo va a poder pagar el Ayuntamiento las Fiestas de Primavera. A nosotros nos han impedido hacer servicios porque no había reconocimiento de crédito. Si los interventores fueran igual de duros con todos eso no podría pagarse».

Intervención, Contratación y la Oficina Técnica de Proyectos son, para algunos pedáneos, «agujeros negros» porque no saben cuándo van a salir sus contratos, ya que en ciertos casos se atascan los proyectos y no entienden los criterios que se aplican para darles salida o denegarlos.

El «flujo de caja» tiene ahora un difícil encaje

La nueva regulación persigue, según el edil de Ciudadanos Mario Gómez, la reducción al máximo de los contratos menores y la adjudicación directa, «lugar donde reside la corrupción, buscando la eficiencia en el gasto público basada en la transparencia, la igualdad y la libertad de acceso». Esa limitación no solo afecta a los gastos directos de las juntas municipales -hasta ahora podían contratar a dedo por debajo de 5.000 euros-, sino también de los concejales, que podían realizar gastos de hasta 9.000 euros sin necesidad de concurso público. Estas cantidades ahora tienen difícil justificación o encaje, ya que, según el pedáneo de Cabezo de Torres, Francisco Viudes, estas operaciones son consideradas «flujo de caja» quedando ahora en una especie de limbo, «por eso pedimos las aclaraciones, ya que nos piden a nosotros que firmemos».

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