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Consistorio y Empleo buscan una solución al galimatías de los contratos de colaboración

Ambas administraciones admiten que la plantilla no sería responsable del entuerto al regularizarlos por un cambio de norma

Manuel Madrid

Miércoles, 29 de marzo 2017, 02:04

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El galimatías que envuelve la regularización de los trabajadores de Colaboración Social obliga al Ministerio de Empleo y al Ayuntamiento a buscar una solución después de que 'La Verdad' revelase la semana pasada que el Servicio Estatal de Empleo está reclamando a los 508 trabajadores la devolución de 4.260 euros -2 millones de euros en total- que percibieron en su día como prestación por desempleo pese a que, en realidad, eran trabajadores en activo entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014. El concejal de Personal, José Guillén, se reunió ayer con el director provincial del SEPE, José Antonio Morales, para intentar resolver la cuestión, ya que ambas administraciones reconocen que los trabajadores están saliendo malparados por una cuestión puramente técnica relacionada con cambios impuestos en la modalidad de contratación. A partir del 1 de enero de 2014 los trabajadores pasaron a tener un contrato de trabajador por cuenta ajena pero no fue hasta el 1 de noviembre del mismo año cuando el Ayuntamiento comenzó a abonar las cotizaciones sociales por ellos.

El Consistorio no se niega a pagar esa cantidad que el SEPE reclama a estos afectados, pero pide que se espere a que haya una sentencia firme. Según el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el empresario -en este caso sería el Ayuntamiento- debe abonar a la entidad gestora competente las prestaciones satisfechas por ésta a los trabajadores cuando la empresa hubiese sido declarada responsable de la prestación por haber incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización. El Consistorio ha perdido en primera instancia el contencioso planteado contra el acta de la Inspección de la Tesorería de la Seguridad Social que reconoció una deuda de 3,7 millones por cotizaciones no satisfechas, pero la sentencia puede recurrirse en el Supremo. El Consistorio insiste en que pidió en su momento la paralización del proceso, y cree que la Tesorería de la Seguridad Social, ante la que ha consignado 3,7 millones -a la espera de que la sentencia sea firme-, debía haber paralizado cualquier reclamación a la plantilla, que ahora se ve con una reclamación económica cuando se había paralizado el proceso al admitirse el recurso.

Además, el SEPE ha iniciado esas reclamaciones obviando el recurso, e incluso sin esperar a que haya sentencia firme. El PSOE ha presentado una moción de urgencia al Pleno exigiendo al Ayuntamiento que no se recurra al Supremo. El Consistorio, por otro lado, ha pedido una rebaja de las costas, que en la sentencia del TSJ no se especifican.

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