«Antonio decía: 'Qué bien nos vendría un pellizco'»

Su almohada se solía poner amarilla por los materiales con los que trabajaba en la planta de Valeo España. «Mi marido fue tornero; y cuando venía a casa, el olor a hierro fundido se le pegaba hasta en el pelo», rememoraba ayer, muy emocionada, Isabel. El esposo de esta vecina de Guadalupe engrosa, desde el pasado sábado, la luctuosa lista de 25 exempleados de la firma francesa que han fallecido sin llegar a ver en el banquillo a los diez imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, que fue denunciado hace ya 19 largos años.

Conforme la instrucción se ha demorado, la cifra de afectados ha ido menguando, y esta tendencia podría ir a más si se tiene en cuenta que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha señalado el juicio para el 6 de abril del 2018. Esta alarmante situación ha hecho que un total de 57 afectados firmasen un inédito escrito, dirigido al presidente de la Sección Segunda, Abdón Díaz, rogándole «el adelanto del juicio». Los firmantes justifican su petición en el hecho, descabellado, de que «la querella la pusimos en el año 1997».

Ese escrito fue presentado en mayo y un mes más tarde la Audiencia Provincial se limitó a contestarles que tenían que presentar un escrito «en forma». Ni siquiera entró a analizar la petición porque el trámite no fue realizado por el letrado que representa a la plantilla, Luis Alfonso Castillo. Tras esta intentona fallida de adelantar la vista han fallecido otros tres extrabajadores, de forma que de los 145 afectados iniciales solo quedan con vida 120.

El último de esta trágica estadística ha sido Antonio. «A los jueces les diría que la empresa nos ha hecho sufrir y que todo esto que está pasando no es justo», resumía ayer Isabel mientras una lágrima amarga recorría su rostro. «No quiero ni recordar lo que pasó; mi marido trabajó en esa empresa hasta los 55 años».

El esposo de Isabel fue miembro de la plantilla a la que Valeo extinguió su contrato el 18 enero de 1994, tras vender la planta de Murcia a Metalurgia del Sureste, a cuyo frente estaba el supuesto testaferro y también imputado Antonio Sánchez Celdrán. Con la venta de las instalaciones, la firma francesa se ahorró supuestamente las reclamaciones laborales de la plantilla, a pesar de que ese año facturó la friolera de 5.600 millones de francos.

«Antonio lo pasó muy mal. No decía nada en casa porque lo llevaba por dentro; se lo tragaba. Pero cuando se quedó sin trabajo estuvo dos años sin poder dormir». Isabel se movilizó junto a su marido para reclamar la indemnización por el despido, acompañándole incluso en los encierros en la empresa. «Me tuve que poner a coser, y mi hijo mayor tuvo que dejar sus estudios, con la selectividad hecha, y con la ilusión que tenía por hacer una carrera».

Durante las dos décadas en las que se ha demorado esta batalla judicial, Antonio no dejó de seguir el proceso y de acudir a las asambleas de la Comisión Liquidadora de Extrabajadores de Valeo España. «Siempre me decía: 'Hay chica, qué bien nos vendría si nos dieran un pellizco'. Él se conformaba con poco, solo quería su indemnización». Si finalmente le indemnizan, ya no podrá disfrutarlo en vida junto a su esposa.

Testigos septuagenarios

El doloroso relato de Isabel era escuchado ayer con atención por dos exempleados de la firma francesa y amigos de su marido, que acudieron a visitarla. «Es indignante que estos compañeros no puedan ver cómo condenan a Valeo», sentenciaba Juan Monteagudo, de 66 años. Y Manuel Salmerón, de 71 años, respondía con una gran crudeza irónica: «Tú eres de los más jóvenes, pero yo creo que no llegaré vivo a ver la sentencia. Al final vamos a quedar muy pocos».

No exagera porque la mayoría de los afectados son septuagenarios y la edad también empieza a ser avanzada entre los testigos. Valga como ejemplo Antonio M., de 75 años, que fue miembro del extinto comité de empresa.

Juan vaticina que «habrá pérdidas en los dos bandos». De hecho, Noel G., uno de los miembros del Consejo de Administración de Valeo, cumplirá el próximo diciembre 85 años, y si la fecha del juicio se mantiene para 2018 podría sentarse en el banquillo con 87. El paso del tiempo también está haciendo mella en la memoria de los afectados, tal y como reconocía Manuel: «Trabajé en la empresa 34 años y ya no sé ni lo que me deben. Es una vergüenza que lleven dos décadas de instrucción».

Algunos de los extrabajadores no descartan empezar a movilizarse una vez al mes, frente a la sede de la Audiencia Provincial, para recordar que siguen esperando a que se haga justicia. Isabel, la viuda de Antonio, accedió ayer a atender a 'La Verdad' solo por una razón: «Mi marido también lo habría hecho para tratar de solucionar el problema».

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