Sentido común y tolerancia

Nuestra condición humana nos hace seres sociales por exigencia de nuestra propia naturaleza. Mutuamente nos necesitamos; nos complementamos; y nos facilitamos seguridad y confianza o, rara vez, nos convertimos también en un peligro para nuestros semejantes, como ya nos avisa el texto bíblico con el relato del asesinato fratricida de Caín y Abel o, si queremos más reciente, la conocida frase de Rousseau: «Homo homnini lupus» (el hombre es un lobo para el hombre).

Con el fin de evitar esos desmanes, que la experiencia nos confirma que son reales, los hombres, desde siempre, se han provisto de diversos medios para lograr una convivencia pacífica e impedir que la arbitrariedad o la ley del más fuerte se impusieran en las relaciones humanas. Ahí tenemos todos los códigos legislativos que, desde el código de Hammurabi, se han sucedido hasta nuestros días con resultados claramente mejorables.

La historia nos enseña que, en muchos casos, la eficacia de las leyes queda mermada, entre otras, por dos causas difíciles de superar: la natural rebelión del hombre a cualquier imposición y el hecho comprobado de que, aunque teóricamente toda ley se debe ajustar a la razón natural, sin embargo, en la práctica, no se tienen en cuenta la razón natural objetiva, sino la del más fuerte, la del ganador.

¿Cómo podríamos poner remedio a esta situación paralizada y paralizante? Todos coinciden en señalar la educación como la gran solución. En mi opinión esta sería la solución acertada. Pero, ¿qué entendemos por educación? ¿Cuál es el modelo por el que nos inclinamos? La experiencia en España en los últimos años es sencillamente vergonzosa: ¿pueden decir nuestros políticos que no se puede llegar a un acuerdo aceptable sin sonrojarse? ¿Será que, en la práctica, consideran al pueblo español como un pueblo ignorante? ¿No serán ellos los ignorantes, que no son capaces de cumplir con su oficio y, además, no tienen la suficiente honradez para dejar paso a otros? El espectáculo que los últimos seis meses han dado nuestros políticos, unos más y otros menos, provoca, al menos, hilaridad.

Si verdaderamente creemos que la solución es la educación, el camino a seguir no es tan difícil, siempre que dejemos las ideologías a la entrada de los colegios.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el anteproyecto deberían prepararlo los profesionales de la enseñanza, conocedores de este campo. Un abogado, por muy buen jurista que sea y por muy en posesión que esté del acta de diputado, no tiene por qué saber de educación.

En segundo lugar se ha de buscar el bien común, pero sin caer en la simpleza en la que con tanta frecuencia se incurre: cualquier formación política nos dirá que ellos buscan el bien de todos los españoles, ¡pero el bien tal y como ellos lo entienden, que por cierto procuran que esté en contra de otras formaciones políticas! Y esto tiene su razón de ser: si no son distintos, ¿cómo justificarán su existencia?

En tercer lugar, respetar todas las sensibilidades de los padres de quienes los políticos olvidan que son sus servidores y de quienes cobran sus no despreciables mensualidades. ¿Quién ha dado al gobernante la autoridad para limitar mi libertad, siempre que con ella no dañe la libertad de los demás?