Imputan a Cámara y López Rejas por el derribo de la guardería de La Paz

La sección tercera de la Audiencia Provincial revocó el archivo de la causa abierta por el derribo de la escuela infantil de La Paz y la imputación del exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y del empresario José López Rejas, responsable de la demolición del centro educativo.

La Sala considera que la instrucción no está concluida sin que el que fuera alcalde de Murcia "no tenga que dar, como imputado, las explicaciones oportunas sobre todas estas cuestiones y todas aquellas que fueren oportunas y necesarias relacionadas con el tema, ya que los autos no acaban de transmitir claramente la sensación de que todo fuera un mero trámite administrativo o urbanístico ordinario sin mayores aditamentos".

Tampoco descarta "la antijuridicidad de las decisiones administrativas que se tomaron al respecto cuando existen algunos datos objetivos que resultan todavía inexplicables y poco justificados desde el punto de vista de la razonabilidad de las decisiones adoptadas por la Corporación".

Por ello, estima el recurso del fiscal, lo que implica la revocación del sobreseimiento libre de la causa y la decisión de que el Juzgado de Instrucción necesariamente reciba declaración, en calidad de imputado, a Cámara en su condición de alcalde al tiempo de los hechos, con citación de todas las partes.

El exalcalde de Murcia, que ocupó el cargo de regidor durante 20 años (de 1995 a 2015) también está imputado en el 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística en el desarrollo norte del municipio de Murcia.

Recoge el auto en los razonamientos jurídicos que en este caso aparecen algunos datos objetivos significativos que justifican, a juicio de la Sala, de manera absolutamente razonable "el llamamiento como imputado del ex alcalde, como interesa el fiscal".

Recuerda la Sala la declaración del entonces jefe del Gabinete del alcalde, Eduardo Martínez Oliva, actual concejal de Hacienda y Contratación, que "sitúa el nivel y capacidad de las decisiones tomadas sobre esta cuestión precisamente en la persona de dicho alcalde".

Explica también que "la Oficina Técnica Arquitectura era coordinada desde la Alcaldía y su interlocución pasaba por el declarante. Si el traslado de la orden de elaborar un proyecto de demolición no la hizo el declarante, sería el propio Servicio del Patrimonio". Por tanto, advirtieron los magistrados que "aunque trata de echar balones fuera también está señalando en cierta forma al alcalde del que dependía directamente".

Asimismo, deduce la Sala que "la demolición pudo haber sido una decisión estrictamente política de dicho alcalde y de su Junta de Gobierno, o de parte de ella".

Para lo que también se apoya en las declaraciones del jefe de la Oficina Técnica, Antonio González, que explicó que "se le hizo un encargo verbal para que elaborara un Proyecto de Demolición de la Escuela Infantil, y él se lo asignó a Juan Carlos Canosa. La demolición inmediata de la Escuela no estaba justificada por razones de urgencia, sino que solo procede en caso de ruina. En consecuencia, fue una decisión política".

Y también resultan relevantes otros datos objetivos añadidos que "no pueden ignorarse". Entre ellos, advirtió que "tratándose de una supuesta rehabilitación del Barrio de la Paz a ejecutar por determinada mercantil, estando también afectado el Colegio Público de Educación Infantil Nuestra Señora de la Paz, se haya mantenido en pie precisamente porque en este caso específico se libró un escrito de 3 de marzo de 2006, ante el ofrecimiento del promotor, por el que el director general de Enseñanzas Escolares del Ayuntamiento informó a López Rejas de que la oferta de construir un nuevo colegio quedaría en todo caso condicionada a la previa autorización del Ayuntamiento y a los consiguientes trámites administrativos".

"Y parece que gracias a eso el Colegio sigue en pie al contrario de lo que ha ocurrido con la Escuela Infantil a la que, en principio, no parece que se le haya dado la misma protección jurídica estando ambos supuestamente afectados por el proyecto de rehabilitación del barrio", señala.

Alude igualmente a la posibilidad de que "la decisión de la demolición de la Escuela Infantil estuviera tomada de antemano, antes incluso de la debida finalización del trámite administrativo correspondiente".

El tercer dato surge de las propias declaraciones sumariales del concejal encargado de la Gerencia de Urbanismo, Fernando Berberena, "cargo municipal que también parece poner en cierta forma en tela de juicio el operativo urbanístico seguido alrededor de la Escuela Infantil, pues montándose todo sobre la base de un posible proyecto de rehabilitación del Barrio de La Paz, resultan significativas sus palabras de que en las Juntas de Gobierno del 24 de julio y 25 de octubre nadie pensó, desde luego yo no, que los acuerdos sobre la escuela infantil tuvieran relación directa con la rehabilitación del barrio".