El PP se lava las manos con los imputados en las listas y le pasa la pelota al Congreso

El PP en el Ayuntamiento de Murcia hizo ayer uso de su mayoría absoluta para no votar las tres mociones presentadas por los grupos de la oposición, que esperaban del PP una declaración a favor de la exclusión de imputados por delitos de corrupción de las listas electorales municipales y autonómicas.

PSOE, IU-Verdes y UPyD plantearon propuestas similares contra la participación en política de personas envueltas en procesos judiciales, en un intento de forzar al PP a manifestarse sobre la especial situación del alcalde, Miguel Ángel Cámara, que es el único imputado de la Corporación. Sin embargo, el PP local escurrió el bulto planteando una alternativa a las presentadas por la oposición, que finalmente fue aprobada con los votos de los 18 concejales del PP -Cámara no participó en el debate; estaba en Madrid-. PSOE e IU-Verdes votaron en contra, y UPyD se abstuvo.

El PP en el Ayuntamiento pasó al tejado del Congreso de los Diputados la pelota de la presencia de imputados en las listas electorales. El Ejecutivo municipal considera que debe regularse por ley el momento en que debe ser apartado como cargo público aquel político en ejercicio envuelto en un proceso judicial.

Fuentes: «Corruptos, fuera»

La intervención de la portavoz municipal del PP, Nuria Fuentes, despertó cierta expectación en el Salón de Plenos, tras lo ocurrido en otras corporaciones -en Alicante y en Molina de Segura, donde el PP sí ha apoyado iniciativas de la oposición para limpiar de sospechas de corrupción las listas de los partidos a las próximas elecciones-. Abrió su disertación con estas palabras: «Los corruptos tienen que estar fuera de las instituciones, da igual quiénes sean y el partido político al que representan». La edil repitió de nuevo esa oración, y arremetió contra la oposición por no haber conseguido traer al Pleno un acuerdo previo sobre esta cuestión. «Si PSOE, IU y UPyD no han sido capaces de consensuar una moción única, el PP va a plantear también su moción y va a tener su voz. No apoyamos ni rechazamos lo que dicen otros; tenemos voz y vamos a defender nuestra moción».

Fuentes señaló la corrupción como «un tema de Estado», por lo que consideró conveniente que sea en las Cortes Generales donde se debata el asunto de los imputados. «Es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos y hay que resolverlo. Hay que abordar la corrupción con un Pacto de Estado, y tiene que haber las mismas reglas de juego para todos. Señores, nosotros mismos, los políticos, flaco favor hacemos a la política con el 'y tú más'. Por eso la Ley tiene que establecer el límite y cuándo un imputado tiene que abandonar el cargo público. El camino fácil habría sido decir sí a todas las mociones, aunque se hayan dicho verdaderos disparates, y que sean otros los que decidan por nosotros, pero aquí decimos lo que sentimos, y los corruptos, cuando se demuestre que lo son, tienen que estar fuera de las instituciones. Esa es la única regla de juego que vale».

«Actos, no palabras»

La oposición, sin embargo, entendió la reacción de Fuentes y del PP como un intento de escapada, un desatinado ardid en un momento en el que la sociedad exige a los partidos desmarcarse de la corrupción y despejar de sombras el terreno político. Pedro López (PSOE) reclamó al PP que fuera por delante de la legalidad y empezara a dar lecciones de buen gobierno en el municipio de Murcia, enfatizando que «los ciudadanos quieren actos, no palabras ni pactos de Estado ni ganar tiempo para esconder las vergüenzas».

El portavoz socialista insistió en que «los murcianos esperan que pasemos a la acción, y no cuesta nada ir más allá de la ley». Fuentes replicó a López que «vergüenzas tenemos todos, incluso los que se presentan ahora como salva patrias».

Esther Herguedas (IU-Verdes) recordó a Fuentes que «la corrupción se ha convertido en una patología social» y señaló que «por supuesto que los corruptos deben estar fuera de las instituciones, pero esa función ya la están cumpliendo los jueces». La líder de izquierdas señaló que «un imputado por corrupción no hace ningún bien a la institución municipal ni a la democracia ni a los ciudadanos, por lo que debe estar fuera». Herguedas resaltó que en su formación ya han eliminado los «garbanzos negros», algo que contestaron con clamor los populares, lo que encendió a la edil de IU-Verdes, que sacó a relucir el 'caso Bárcenas', «ante el que están mirando para otro lado».

Rubén Serna (UPyD) reparó en la necesidad de excluir de las instituciones a cualquier político imputado y, con el nombre de Cámara en el ambiente, señaló que lo mejor que debía hacer es dejar el cargo, apartarse para no perjudicar más el nombre de Murcia y defenderse «con toda honradez». Serna planteó una moción alternativa a la moción formulada por el PSOE, en un intento de que fuera votada en primer lugar esa alternativa, que también iba a ser apoyada por IU-Verdes y el PSOE. El objetivo era obligar al PP a votar a favor o en contra. Pero el secretario del Pleno, Antonio Marín, y el alcalde en funciones, Joaquín Moya-Angeler, descartaron esa posibilidad, ya que la primera moción alternativa que se había presentado a la mesa era la del PP, que fue la que finalmente se sometió a votación. Serna intentó después que se incluyera la exclusión de imputados en otra moción suya sobre la transparencia de los viajes de los cargos públicos, siendo rechazada con el argumento de que el asunto ya se había debatido.

«Han querido usar la picaresca, pero no se han puesto de acuerdo y les ha salido mal», ironizó Fuentes. «¡Nosotros no nos tenemos que esconder de nada!», insistió. La oposición se enfadó por las interpretaciones del Reglamento. «El PP le da siempre la vuelta a la tortilla», le reprocharon.