Una década sin realojo junto a Los Cubos

Los desarrollos urbanísticos proyectados en torno a las grandes avenidas como Juan de Borbón, Juan Carlos I, Reino de Murcia, Miguel Induráin, avenida de Los Dolores y el nuevo vial de Beniaján, por citar solo un puñado de ejemplos, han quedado suspendidos por culpa de la crisis económica, dejando congelados decenas de planes parciales aprobados -tanto de usos terciarios como residenciales- y a cientos de propietarios atados de pies y manos. Todos esperan a que surja una nueva oportunidad para urbanizarlos: o bien para hacer negocio, o bien para cobrar indemnizaciones.

La fiebre urbanística arrasó Murcia y ha llevado a la ruina a muchos promotores, pero también a muchos huertanos. No todos los que vendieron sus bancales se hicieron de oro.

En el entorno de la plaza de Los Cubos, en paralelo a donde hoy queda la parada del tranvía, había un 'roalico' de casas de huerta en el llamado Rincón de Los Antoñejos, en el término de la pedanía de Churra. Algunas de ellas se derruyeron para la construcción de la avenida Reino de Murcia; otras se mantienen en pie, junto a un carril de servicio. En este lugar establecieron su hogar a finales de los años 70 Maximino Muñoz y María Ángeles Rodríguez, murciano y gallega, emigrantes en Lyon (Francia), donde se conocieron y vivieron 8 años. «Volvimos aquí porque aún vivían mis padres y nos hicimos una casa pegados a ellos», expone Maxi, que se reconoce hoy como uno más de tantos huertanos víctimas del 'boom' inmobiliario.

En los años de la burbuja los empresarios del motor se lanzaron a la compra de terrenos situados junto a Juan de Borbón, con la intención de instalar sus concesionarios en la fachada de esta avenida, entre Los Cubos y La Cruz de Churra, en la llamada 'Ciudad del Automóvil'. Este suelo que estaba calificado como urbano pasó a considerarse de uso terciario (servicios) tras una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y una quincena de propietarios del entorno quedaron afectados. El Plan Parcial Churra IV les recononoce un derecho al realojo en una de las unidades residenciales, ya que donde se ubican sus casas es exclusivamente de uso terciario.

Pero, nueve años después, todos ellos siguen esperando hoy que se cumpla lo dispuesto en 2005, cuando el Ayuntamiento aprobó inicialmente los Estatutos y el Programa de Actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial (en concreto de la Unidad 1, la de uso terciario), en los que se reconoció que la Junta tenía la obligación de construcción de un edificio para los realojados, en régimen de vivienda libre y dotadas de servicios. Algunos de esos propietarios tendrían que pagar la diferencia por el valor inferior de sus casas -la mayoría recurrió por desacuerdo con el precio de las valoraciones-, algo que en principio no suponía para la mayoría ningún reparo, ya que contaban con los ahorros obtenidos por la venta de sus huertos, pero ese dinero se ha esfumado ya en la mayoría de casos. Y lo peor, según confiesa María Antonia, es que han sido más las penas que las alegrías que han generado.

«Lo que hemos vivido aquí ha sido un infierno. Prometieron un edificio que no se ha construido, y nos fastidiaron la vida, porque hemos tenido que soportar las obras de construcción del colector y de las avenidas, nos han generado desperfectos en las viviendas, hemos vivido aterrorizados por el ruido de las máquinas, nos hemos quedado aislados y vendidos, porque los vecinos se fueron yendo, los huertos se abandonaron y salían de los bancales ratas como gatos y serpientes capaces de comerse un pollo de un bocado. Hay vecinos con depresión, gente que tuvo que irse a otro lugar por los robos», relata Mari Ángeles, que no perdona «el calvario» que tuvo que sufrir su madre y la precariedad de vida a la que, según dice, ha sido condenada por culpa de esta situación. Han pasado diez años y muchos vecinos tuvieron que marcharse a otros lugares, «porque aquí no podemos vivir, porque ni la casa es nuestra, y nos dicen encima que no hay dinero para indemnizarnos y que tampoco tienen prisa por empezar a construir. Y nosotros tomando pastillas y un disgusto con otro».

Jorge Alemán, hijo de otro matrimonio afectado, siente «impotencia» por lo que sucede con pequeños propietarios que forman parte de las juntas de compensación como sus padres, personas que desconocen la legislación urbanística y mucho menos sus farragosas interpretaciones. Alemán afirma que «el pez grande se come al pequeño». Sus padres también están pendientes de cobrar la indemnización. «Te avasallan, te enferman, te echan y, encima no puedes ni quejarte y tienes que resignarte a cobrar o a que te den la vivienda cuando se desarrolle el plan, y así pueden pasar otros diez años».

Sin interés en urbanizar

El presidente de la Junta de Compensación, Enrique Fernández-Delgado, explicó ayer a 'La Verdad' que en ningún momento se ha dejado a nadie en la calle, ya que las familias afectadas pueden hacer uso de su vivienda hasta que se inicie el desarrollo del plan parcial. Mientras no se vean afectados por las obras podrán permanecer en ellas. «No ha habido desarrollo urbanístico, no se ha metido la pala, ni hay interés en construir de momento y así lo decide la asamblea de propietarios todos los años. Los derechos de realojo no se han tocado, pero la junta no tiene dinero en este momento para pagar 1,5 millones en indemnizaciones, que por otra parte no van a perder, pero se les pagará cuanda haya desarrollo urbanístico», aclaró.

La Junta ha ofrecido a las familias viviendas en otros edificios de realojo en otras pedanías, pero la mayoría prefieren quedarse en su entorno.