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Antolín H., que fue absuelto de sus cargos, y Sigifredo Hernández, ayer, en el banquillo.
Condenan a Sigifredo Hernández a una multa de 3.900 euros por tirar un molino con un BIC

Condenan a Sigifredo Hernández a una multa de 3.900 euros por tirar un molino con un BIC

El presidente de la Junta de Hacendados admite que fue una imprudencia; Huermur exige su cese como juez del Consejo del Hombres Buenos y que rehabilite el edificio

Manuel Madrid

Viernes, 13 de junio 2014, 01:15

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Sigifredo Hernández fue condenado ayer por la magistrada del Juzgado de Lo Penal Nº 3 de Murcia Concepción Roig por un delito contra el patrimonio histórico por la demolición el 2 de enero de 2008 del molino de Oliver, en Aljucer, uno de los 17 artefactos hidráulicos que quedan en pie en el municipio de los 36 que existían en la huerta a principios del siglo XIX. El presidente de la Junta de Hacendados, del Consejo de Hombres Buenos y de la Junta Municipal de Santa Cruz admitió que el derribo fue una imprudencia para eludir una pena de cárcel, conformándose con el pago de una multa de 5 euros diarios durante 6 meses. En total, 900 euros. Además, la juez estimó que debe abonar a la Dirección General de Bienes Culturales 3.000 euros por la rehabilitación del escudo heráldico del molino, que estaba protegido como Bien de Interés Cultural (BIC).

Sigifredo aceptó ser condenado al pago de una multa por «economía procesal»: «He accedido a darle un carpetazo a esto porque ya llevamos seis años y medio con el tema y podría durar esto más que yo, dada la edad que yo tengo, y conviene irse 'pa' allá arriba con las cosas hechas», declaró después a los medios. El representante de los Hacendados reconoció a los periodistas que «en algo asumo que me puedo haber equivocado, y es en el exceso de cariño y de preocuparme por resolver los problemas que había en Aljucer, donde se hacían unas bardomeras en el pantano del molino que estaba produciendo unos daños en los pisos que allí construyeron. Y lo que se pretendía era dejar Aljucer limpio de bardomeras y de animales muertos allí debajo de las ventanas de los pisos y pegado al jardín municipal que hizo el Ayuntamiento encima de la acequia. Ese fue mi cariño, el querer hacer bien las cosas».

La Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur), que ejerció la acusación particular y denunció los hechos, manifestó su satisfacción por esta condena y la festejó como un éxito del movimiento pro-patrimonio surgido en Murcia a raíz de este caso. Pedro Fernández, portavoz de Huermur y portavoz del PP en la Junta Municipal de Aljucer, señaló que a Sigifredo Hernández hay que dejar de considerarlo un hombre bueno «porque tras la sentencia ya es un hombre malo, condenado y reconocido como un delincuente y, por lo tanto, no puede seguir ejerciendo como juez presidiendo el Consejo de Hombres Buenos». En este sentido, Huermur va a poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial la sentencia para que Sigifredo Hernández sea apartado &lsquoipso facto&rsquo de dicho tribunal consuetudinario.

Preguntado por 'La Verdad' sobre si seguirá al frente del mismo, el presidente de los Hacendados se reservó la respuesta siguiendo el consejo de su letrado, Juan Jesús Sánchez.

El acuerdo entre la Defensa y la Fiscalía por el que Sigifredo Hernández se ha conformado con el pago de una multa e indemnización a Cultura motivó que ayer no se celebrara todo el juicio oral. Solo entraron en «cuestiones previas», recordó la magistrada, que en 17 minutos despachó este asunto. Comparecieron Sigifredo y Antolín H., propietario de la empresa que realizó la demolición, en calidad de acusados. El tercer acusado, José Frutos Serrano, falleció en 2010, por lo que su posible responsabilidad fue declarada «extinguida». En cuanto a Antolín, la juez estimó que el delito del que se le acusaba ha prescrito, ya que el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal pidiendo su imputación es del 4 de marzo de 2011, habiendo transcurrido más de tres años -plazo máximo para delitos menos graves- desde que se produjeron los hechos juzgados, como recordó su abogado, Roberto Casau. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular aceptaron el alegato de la prescripción.

En cuanto a Sigifredo, el fiscal señaló que siempre ha reconocido que el derribo del molino de Aljucer fue «una imprudencia grave», y que nunca ocultó sus responsabilidades, por lo que anticipó que se había alcanzado un acuerdo entre las partes, aceptando modificar las conclusiones -en un principio pedía un año y 9 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa- y disponiendo una pena de 5 euros diarios de multa por 6 meses y el pago de la restauración del escudo, ejecutada por la Comunidad Autónoma. «Sigifredo, en total serían 3.900 euros», le insistió la juez -elevando el tono porque la sala tenía mala acústica con el aire acondicionado- al hacendado, añadiendo que, de conformidad entre las partes, se le iba a eximir del pago de las costas.

Antolín fue absuelto, pero la magistrada le indicó que contra él sí que podría reclamar por la vía civil la persona condenada -Sigifredo-, por lo que le invitó a colaborar en el pago de la multa. «No hemos entrado a valorar su conducta, pero le absolvemos por la prescripción del delito en su caso porque cuando deciden que usted tenía responsabilidades ya habían pasado más de 3 años», insistió.

«Entre amigos lo pagaremos»

Acto seguido, la magistrada dictó sentencia condenándole como autor de un delito imprudente contra el patrimonio histórico, «y la pena propuesta por el fiscal sobre la que usted da su conformidad es la referida exclusivamente a la responsabilidad civil». Sigifredo quiso hacer en ese momento una matización a la juez: «No se podía hacer menos. En la entidad que represento -la Junta de Hacendados y el Consejo de Hombres Buenos- estamos acostumbrados a juicios de conciliación todos los jueves, y despachamos al cabo del año más de 200, y faltaría más que no me prestara a darle una solución a esto aunque fuera por economía procesal y por haber acabado con este asunto». La juez le preguntó cómo iba a hacer frente al pago, si necesitaba plazos o no para abonar los 3.900 euros, y Sigifredo le contestó que «a lo mejor nos ponemos un grupo de amigos y entre todos los pagamos porque cuando antes se termine esta odisea mejor». Finalmente la juez resolvió que pague la cantidad antes del 31 de julio.

Al término del juicio, los miembros de Huermur mostraron su satisfacción por la condena, y recordaron que ahora van a solicitar al Ayuntamiento que reactive el expediente administrativo por el cual se exigía a la Junta de Hacendados el pago de una sanción de 2.419 euros por derribar el molino sin licencia, así como la subsanación del daño causado y restitución al estado original. Por tanto, Huermur espera que Urbanismo exija a la Junta la rehabilitación del molino y que en él se instale de nuevo el escudo BIC. «Esta condena ya es un símbolo para los colectivos pro-patrimonio», proclamó Pedro Fernández. «La defensa de la huerta, a pesar de los ataques, tiene sentido hoy más que nunca», indicó, con voz temblorosa por la emoción. Fernández dijo no tener conocimiento de la supuesta denuncia presentada contra él por desobediencia por los policías locales con los que mantuvo un forcejeo en el Juntamento de marzo.

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