Citan a declarar a todo el equipo de gobierno de Torre Pacheco por presunta prevaricación

Imagen del polémico Pleno, en mayo de 2016, en el que se aprobaron los Presupuestos./LV
Imagen del polémico Pleno, en mayo de 2016, en el que se aprobaron los Presupuestos. / LV

Los once concejales comparecerán ante el juez el 7 y 8 de marzo porque no retiraron del Pleno la aprobación de los Presupuestos de 2016

S. SÁNCHEZTORRE PACHECO

Los once ediles que forman parte del ejecutivo local tendrán que comparecer en calidad de investigados ante el Juzgado número 2 de San Javier, los próximos 7 y 8 de marzo, a raíz de la querella interpuesta por los ocho concejales del PP. En ella califican de «prevaricación y delito contra los derechos cívicos», la actuación del alcalde, Antonio Léon, y su equipo de gobierno, en el pleno del 26 de mayo de 2016, en el que se aprobaron los Presupuestos municipales para ese ejercicio. La hipotética actuación delictiva que detalla la querella se resume en que los ediles del gobierno local «se negaron a retirar del orden del día la votación de los Presupuestos, pese a que sabían que era una decisión contraria a derecho, por razones de oportunidad política, para no dar la razón a los grupos de oposición».

Además, el Grupo Municipal del PP sostiene que la «contumacia de hacer efectiva su voluntad no ha decaído pese a las resoluciones ejecutivas y firmes que acompañan, pues hasta la fecha han hecho caso omiso a su cumplimiento». De esta forma, el PP se refiere a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que, en marzo de 2017, refrendó una sentencia de un juzgado de Cartagena en la que se declaraba la nulidad «radical» de los Presupuestos, que ascendían a 31,6 millones de euros. Ambas instancias judiciales confirmaron que, en aquella sesión plenaria, el Grupo Popular pidió que se retirara la aprobación de los Presupuestos por no haber recibido con «suficiente antelación» la documentación para fundamentar su voto, pero el equipo de gobierno no accedió.

«Extravagante»

El juez calificó de «extravagante» mantener ese punto, «no en base a un dictamen o informe jurídico sino a una votación», en referencia a la advertencia del propio secretario municipal de que la aprobación sería nula de pleno derecho. Sin embargo, el alcalde decidió someter a votación la supresión, o no, de ese punto del orden del día, obteniendo la mayoría favorable de proseguir con la votación presupuestaria (Independientes y PSOE a favor, y PP, IU y Ciudadanos en contra).

Este hecho fue especialmente censurado por el TSJ, ya que se votó el acuerdo de continuar con la tramitación de los Presupuestos «a sabiendas de que la documentación preceptiva no se había remitido a los concejales convocados al pleno con la antelación necesaria para garantizar un correcto conocimiento del tema a debatir y una rigurosa formación de su voluntad».

La portavoz popular, Josefina Marín, resaltó «la gravedad de la conducta del alcalde y su actuación irresponsable, arrogante y prepotente», ya que, a su juicio, demuestra «el bajo nivel democrático que tiene tanto él como su equipo de Gobierno, que prepararon una moción de censura contra mi persona por el nombramiento de un interventor accidental que también ha sido declarado legal por la justicia».

«Denuncia política»

La reacción a esta citación del gobierno local en pleno vino por boca del portavoz municipal, el concejal de Hacienda, Carlos López, quien anunció acciones legales contra las acusaciones de los populares ante lo que calificó de «denuncia de carácter político». Se mostró convencido de que es una «venganza política de la actual portavoz, Fina Marín, como consecuencia de la moción de censura [noviembre de 2015] que acabó con doce años de gestión nefasta y despilfarro en el Ayuntamiento».

El portavoz dijo estar «seguro» del pronto archivo del caso, ante la convicción de que «el proceso de aprobación de los Presupuestos fue el más transparente de la historia, con asambleas abiertas en todas las pedanías y en Torre Pacheco, tres comisiones informativas y la aceptación de un gran número de enmiendas de los grupos de la oposición». Sobre la aplicación de la sentencia del juzgado contencioso-administrativo (ratificada por el TSJ), aseguró que en diciembre de 2016 «se acató, y los Presupuestos se anularon». En la práctica, supuso «transponer las partidas ejecutadas del ejercicio a las de 2015, puesto que automáticamente entró en vigor una prórroga de las cuentas del año anterior».

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