'Los chicos de Murcia' baten el récord de fraude fiscal en la Región

El presunto cabecilla de la trama española, Miguel T. M., escoltado por un policía./Alfonso Durán / AGM
El presunto cabecilla de la trama española, Miguel T. M., escoltado por un policía. / Alfonso Durán / AGM

Los 40 millones hurtados presuntamente a la Hacienda pública están muy por encima de todos los 'pufos' conocidos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZMurcia

Dos empresarios murcianos prácticamente desconocidos, Miguel T. M. y David C. S., cuyas edades rondan los 35 años, han elevado esta semana a la Región a una categoría hasta ahora desconocida del fraude fiscal. Solo con que acaben demostrándose ciertos la mitad de los cargos que les atribuyen la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, la cuantía presuntamente defraudada por los dos sospechosos multiplicaría por tres, cuatro, cinco veces... las cifras de otros presuntos 'pufos' multimillonarios al fisco que históricamente se han investigado en los tribunales de la Región.

Baste recordar que el 'caso Caravaca-Cánovas', que desde hace un cuarto de siglo y hasta el día de hoy se había mantenido como líder absoluto de esta oficiosa clasificación de presuntos delitos fiscales, giró en torno a una aparente defraudación de unos 3.000 millones de pesetas. Es decir, unos 18 millones de euros, que casi resultan calderilla comparados con los más de 40 millones que habrían escamoteado esos dos jóvenes hombres de negocio.

El rastro de los dos hombres de negocios alcanza hasta Hungría, de donde les llegaron transferencias de cerca de 2,5 millones

Miguel T. M. y David C. S., dos amigos cuya relación de negocios se remonta una década, cuando abrieron una tienda de equipos informáticos en Cieza, habían experimentado un despegue sin precedentes en el mundo de la empresa. Según señalan fuentes próximas a la investigación, ambos se encontraban al frente o dirigían desde la sombra, con la inestimable colaboración de un puñado de 'testaferros', varias decenas de sociedades mercantiles pertenecientes a sectores tan diversos como la telefonía móvil, la informática, los estancos, la compraventa de automóviles, la gestión inmobiliaria..., cuyo volumen de negocios había pasado a contarse por decenas de millones de euros.

Baste señalar que los funcionarios de la Agencia Tributaria que les han seguido la pista durante cuatro años, pertenecientes a tres unidades distintas -Vigilancia Aduanera, Auditoría Informática e Inspección-, les atribuyen haber dejado de ingresar al fisco un total de 6 millones en 2014, 10 millones en 2015, 16 millones en 2016 y 8 millones en 2017. Lo cual significa que el total facturado por las mercantiles que controlaban podría llegar a superar los 200 millones de euros en esos cuatro años.

Una flota de coches de lujo

Con tal movimiento de dinero no es de extrañar que Miguel y David llevaran un tren de vida difícil de imaginar. Tanto es así que los agentes que les han seguido la pista han visto pasar por sus manos los volantes de los automóviles más lujosos: Maserati, Bugatti, Lamborghini, Ferrari... Era difícil verles repetir modelo; no de americana, ¡de coche! El miércoles, cuando varias decenas de funcionarios de la Agencia Tributaria y policías nacionales tomaron sus oficinas, naves industriales y domicilios particulares, se toparon con un buen puñado de estos vehículos, que fueron inmediatamente decomisados.

También pusieron a buen recaudo los fajos de billetes que iban hallando en los inmuebles sometidos a registro, hasta sumar una cantidad cercana a los 300.000 euros.

De igual forma que han compartido los muchos y variados placeres que otorga el éxito empresarial, Miguel y David comparten desde este viernes igual destino penitenciario e iguales imputaciones delictivas: cuatro presuntos delitos fiscales especialmente agravados -supuesta pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental...-, que hacen imaginar un largo y penoso transitar por los siempre procelosos senderos de los tribunales españoles.

Es verdad que los investigadores atribuyen a Miguel T. M. un papel más destacado en la estructura de la presunta trama, al modo de un 'primus inter pares' respecto de su socio y amigo David C. S. Ambos gestionarían, codo con codo y perfectamente coordinados, una maraña de empresas radicadas en Murcia y en torno al Parque Empresarial de Elche, a cuyo frente habrían situado a personas que, por su delicada situación económica y a cambio de unos mil euros, se habrían avenido a figurar como administradores de esas sociedades.

Los investigadores, con la inestimable colaboración de sus colegas del FBI, han permitido seguir el rastro de las presuntas maniobras defraudatorias hasta Estados Unidos, donde se sitúa la persona a la que, al menos hasta el momento, se considera situada en la cúspide de la trama: un tal Mohan C., que sería el encargado de introducir en España grandes volúmenes de mercancía, sustrayéndose supuestamente a las obligaciones fiscales que le correspondían. A partir de ahí, los bienes serían introducidos en el mercado a través del entramado empresarial dirigido por Miguel y David, a quienes se conocía en esta presunta organización delictiva como 'los chicos de Murcia'. Entre las mercantiles investigadas -siempre según las fuentes señaladas- figuran Omega Distribuidora Digital, Infosanabria, Intermarket, Luantbel Electric, FEM Logistics, Compudisc, Venalta Soluciones, Interproyect, Activa Shop, Bicruiser, Valdonaire Investment, Jumpselect..., cuyo rastro se extiende por varios países de Europa como Portugal, Italia e incluso Hungría.

Una de las principales líneas de investigación, al margen de los aparentes delitos fiscales que pudieran haberse cometido, se centra en operaciones de supuesto blanqueo de los capitales obtenidos. Un asunto por el que se esta mirando con lupa la compraventa de una decena de fincas en Molina de Segura, en operaciones cuyo importe suman más de un millón de euros. Igualmente, se está siguiendo la pista de ingresos procedentes de mercantiles de Hungría por casi 2,5 millones de euros.

El letrado Raúl Pardo-Geijo, quien ha asumido la defensa de los dos principales sospechosos, afirma que que no hará valoraciones hasta conocer el contenido de las diligencias, ahora secretas. «Todo quedará debidamente aclarado», afirma.

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