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Centro de salud de San Andrés, en Murcia, ayer por la mañana. vicente vicéns / agm
Cerca de 6.600 inmigrantes en situación irregular volverán a tener tarjeta sanitaria

Cerca de 6.600 inmigrantes en situación irregular volverán a tener tarjeta sanitaria

El Servicio Murciano de Salud presta desde 2015 asistencia completa a los 'sin papeles', aunque con un documento que no les permite ser atendidos en otras comunidades

Javier Pérez Parra y A. TORICES

Murcia

Martes, 19 de junio 2018, 03:47

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Cerca de 6.600 inmigrantes que viven en la Región en situación irregular volverán a disponer de tarjeta sanitaria una vez que el Gobierno central derogue el decreto que en 2012 les expulsó del sistema público de salud y les dejó sin derecho a asistencia más allá de las urgencias. La medida -la primera anunciada por el nuevo Ejecutivo socialista- tiene una gran carga simbólica, porque supone volver al modelo de sanidad universal que quedó roto por la reforma que impulsó la entonces ministra Ana Mato. Pero, en la práctica, los inmigrantes 'sin papeles' están reincorporados al sistema desde 2015, cuando tanto Murcia como el resto de comunidades aprobaron reglamentos con los que sortear el decreto de Mato.

Desde ese año, los inmigrantes sin permiso de residencia que viven en la Región pueden solicitar un documento, prorrogable cada dos años, que les da derecho a una asistencia completa, lo que incluye estar asignado a un médico de familia. Ese documento, sin embargo, tiene una limitación: solo es válido en el Servicio Murciano de Salud (SMS), y no en otras comunidades autónomas. Al recuperar ahora la tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud, estos pacientes podrán de nuevo volver a ser atendidos como cualquier otro ciudadano cuando se desplacen por la geografía española.

En la actualidad, la sanidad pública regional presta asistencia a 6.592 inmigrantes irregulares mayores de edad a través del documento que se habilitó en 2015. También se atiende a 4.876 menores, a 190 mujeres embarazadas sin permiso de residencia y a 474 solicitantes de protección internacional, según datos facilitados ayer por el SMS. Estos tres colectivos no llegaron a perder el derecho a la asistencia, porque el decreto de 2012 establecía excepciones para todos estos casos.

Ni el Ministerio ni la Consejería llegaron nunca a cuantificar el supuesto ahorro de la exclusión

La vuelta al modelo de sanidad universal, aplaudida por la Organización Médica Colegial (OMC), asociaciones de pacientes y ONG, pone fin a una reforma muy contestada desde el primer momento. El decreto se aprobó en plena época de recortes bajo el argumento de que el uso «inapropiado» de la tarjeta sanitaria en España y fuera de España había costado mil millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas.

Pero ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería han sido capaces de demostrar con datos, a lo largo de estos años, el supuesto ahorro de la medida. Tampoco ofrecieron cifras con las que contradecir a las sociedades médicas y organizaciones sanitarias, que advirtieron de que el coste de la atención urgente y las complicaciones por la falta de seguimiento de los pacientes en Atención Primaria terminaría suponiendo un mayor gasto, además de los problemas de salud pública que podían generarse.

La medida anunciada por Montón supone la vuelta a la sanidad universal, si bien el decreto de 2012 estaba ya casi derogado 'de facto'

La aplicación de la reforma de Ana Mato se demostró inviable desde el primer momento, hasta el punto de que prácticamente todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, aprobaron protocolos para que al menos los enfermos crónicos se mantuvieran en el sistema, mientras las organizaciones sociales denunciaban la inseguridad jurídica y la indefensión de personas vulnerables y en situación de exclusión social. Después, el vuelco electoral en las elecciones autonómicas de 2015 terminó por sentenciar al decreto. Los nuevos gobiernos socialistas abrieron las puertas del sistema a los irregulares mediante regulaciones propias. La rebelión contra el decreto estuvo liderada por la entonces consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana y actual ministra, Carmen Montón.

Pero también las comunidades del PP, entre ellas Murcia, terminaron por hacer lo mismo. La entonces consejera Encarna Guillén anunció asistencia «completa tanto en Atención Primaria como especializada» en agosto de 2015. Se utilizó, para ello, una instrucción del SMS y un documento específico al que se han podido acoger todas aquellas personas sin permiso de residencia que disponen de ingresos inferiores al IPREM, un indicador habitual en las ayudas sociales que actualmente está fijado en 537,84 euros mensuales.

Usuarios: «No se evaluó»

La Asociación de Usuarios de la Sanidad ha liderado durante todos estos años la oposición al decreto de 2012 en la Región. «Se ha dejado de atender a personas no regularizadas, y los ciudadanos españoles mayores de 26 años no cotizantes han perdido su estatus de derecho y han tenido que pasar a ser 'personas que no superan el límite de ingresos' para poder ser atendidos, situación especialmente difícil cuando emigran a otros países europeos en búsqueda de trabajo», lamenta Teresa Martín, presidenta de esta organización.

«Sanidad no evaluó el impacto que podría tener sobre las personas» la reforma, ni aclaró «si la retirada de 900.000 tarjetas sanitarias en toda España supuso ahorro alguno», advierte. Sin embargo, «sus efectos han sido evidentes: pérdida de la universalidad al anteponer la condición de asegurado o beneficiario a la de ciudadano, disminución de la equidad al reorganizar las prestaciones sanitarias en función de la mayor o menor aportación de los usuarios, aumento del copago en la receta ambulatoria, en los productos dietoterápicos y en el transporte sanitario no urgente, y el descenso en la accesibilidad a los servicios por el cierre de los centros sanitarios por las tardes», señala Teresa Martín.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha citado para mañana a la Asociación de Usuarios y a otras 20 organizaciones sociales de toda España en el Ministerio para una reunión en la que avanzará cuáles son sus planes para la vuelta a la sanidad universal.

El copago a los pensionistas se eliminará en 2019

La ministra de Sanidad reiteró ayer su compromiso de «recuperar todos y cada uno de los derechos» perdidos por los ciudadanos españoles con el decreto de recortes sanitarios aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero también dejo claro que no podrá revertir todas las medidas, incluida la hasta entonces gratuidad de los medicamentos para los pensionistas, al mismo tiempo y con igual celeridad. Según apuntó, la eliminación del copago farmacéutico no llegará en ningún caso antes de 2019. La medida que Carmen Montón quiere tener aprobada en un máximo de dos meses es la recuperación del acceso universal a la atención sanitaria pública y gratuita. La ministra busca pactar el decreto la próxima semana con los responsables de salud de todas las comunidades autónomas. La reversión del copago farmacéutico se quedaría para una siguiente fase, todavía sin fechas concretas.

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