Los centros informarán al fiscal de desavenencias entre padres separados que afecten al alumno

Las consejeras Cachá y Arroyo, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno./Nacho García / AGM
Las consejeras Cachá y Arroyo, ayer, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. / Nacho García / AGM

El nuevo protocolo de la Consejería de Educación marca que las notas de los estudiantes se notifiquen a ambos progenitores

Jorge García Badía
JORGE GARCÍA BADÍAMurcia

El equipo directivo de cualquier centro de Preescolar, Infantil, Primaria o Secundaria de la Región deberá informar a la Fiscalía de Menores de las desavenencias entre una pareja separada o divorciada, siempre y cuando sean constantes hasta el punto de que pueden perjudicar la integración social y educativa de un alumno. Es una de las novedades del nuevo protocolo de actuación en los centros educativos públicos y concertados dirigido a la resolución de conflictos entre progenitores separados, y que ayer entró en vigor. «Se favorecerá el interés del menor, evitando situaciones que le puedan generar miedo o ansiedad», resaltó la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, tras el Consejo de Gobierno.

El protocolo regulará la comunicación, de forma que los centros estarán obligados a convocar a los dos padres a cualquier reunión. «Una de las medidas más relevantes será que el centro duplicará toda la información relacionada con el menor, incluido el boletín de calificaciones».

Esta medida, que ya ha entrado en vigor en autonomías como Andalucía, también establece las pautas a seguir en la recogida de los alumnos, ya que en ocasiones el progenitor que no tiene asignada la guarda y custodia acude al centro, sin avisar a la otra parte, y se lleva al menor. Tal situación no volverá a repetirse este curso: «Los menores se entregarán según establezca la resolución judicial, aunque se podrá autorizar por escrito a que el otro progenitor o una tercera persona recoja al alumno».

Otro de los problemas que pretende resolver el protocolo es el relativo a la matriculación, ya que, según ejemplificó la consejera, «a veces se producen solicitudes de traslado sin que una de las partes lo sepa». A partir ahora, para formalizar un cambio de centro la Consejería deberá disponer del consentimiento expreso de los dos padres. «En el caso de que persistan discrepancias, el equipo directivo deberá poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía». Además, la solicitud de escolarización del próximo curso solo será válida si incluye la firma de los dos padres, estén o no separados. «Cuando exista discrepancia con la localidad de escolarización, se dará prioridad al progenitor que tenga la guarda y custodia».

Por último, el protocolo también recoge medidas para garantizar la participación en actividades. Ambos padres podrán formar parte del Consejo Escolar y las asociaciones.

Subida de sueldo a docentes

El área educativa fue la gran protagonista del Consejo de Gobierno celebrado ayer, en el que también se aprobaron los contratos-programa con la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT) en los que se fijan los objetivos a alcanzar por estas para obtener 18,3 millones de fondos complementarios hasta 2020. En concreto, 14,8 millones para la UMU y 3,5 millones para la Politécnica.

Por otro lado, se acordó un incremento del 1% de las retribuciones del personal docente de la enseñanza concertada de la Región, con efectos retroactivos del 1 de enero de 2017. Esto supondrá un desembolso de 1,8 millones de euros, que se suma a los 7,5 millones de la subida salarial del 1% de los docentes del sistema público.

El PP asume las negociaciones de la ITV con la oposición

La portavoz regional, Noelia Arroyo, avanzó ayer que la Consejería de Empresa ha entregado al PP el nuevo borrador del proyecto de ley que regulará las ITV y, a partir de ahora, «el grupo popular abrirá la negociación» con la oposición, para alcanzar una mayoría con la que aprobar la ley en la Asamblea Regional. También subrayó que el Gobierno murciano no atenderá a los plazos marcados por CC OO y UGT que les exigen cerrar una mayoría parlamentaria esta semana. «En una negociación no se pueden marcar plazos», zanjó Arroyo mientras en la puerta de San Esteban protestaban los sindicatos.

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