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Sábado, 16 de diciembre 2017, 01:34
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Miriam Marín García, una juez con fama de extremadamente independiente, inmune a las presiones y muy rigurosa, tiene desde ayer en sus manos dos relevantes causas penales que ponen en tela de juicio las políticas urbanísticas y medioambientales de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel: el 'caso Novo Carthago', que permitió la recalificación aparentemente ilegal de una gran área de terrenos junto al Mar Menor, y las diligencias por la degradación de esa laguna salada. Dos asuntos en los que, en el fondo, se juzga el mismo proceder: la aparente violación de una prolija batería de leyes y normas que protegían ese espacio natural único en favor de intereses estrictamente económicos: los del ladrillo, en el primero de los casos, y los de la agricultura, en el segundo.
La magistrada Marín ha dejado a lo largo de los últimos años varias evidencias acerca de su determinación. Una de ellas, la más reveladora posiblemente por su excepcional contundencia, se produjo al poco de que el 'caso Novo Carthago' retornara a su juzgado, después de un tiempo en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel Abadía. Quienes posiblemente respiraron aliviados entonces, pensando que se habían librado del 'coco', no tardaron en plantearse si en realidad no habrían salido del fuego para caer en las brasas, pues la juez emitió un durísimo auto en el que confirmaba todas las sospechas existentes contra Valcárcel por un supuesto delito de cohecho.
«Del conjunto de lo instruido -sostenía en su resolución- resultan indicios que apuntan hacia la posibilidad de que, para conseguir la reclasificación urbanística del proyecto Novo Carthago, se entregasen por la promotora Hansa Urbana incentivos económicos a distintas autoridades con potestad para dar viabilidad a dicho proyecto, entre ellos, al anterior presidente de la Comunidad, que podría haber recibido los emolumentos a través de su hija (María Rosario) o de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro, socio de Faromur».
Una frase con la que dejaba patente su impresión de que Valcárcel pudo recibir alguna compensación económica, en forma de dádiva o regalo, por la reclasificación presuntamente ilícita de unos terrenos para construir un 'resort' con 10.000 viviendas, hoteles y campo de golf. El hecho de que la finca estuviera especialmente protegida, debido a sus valores ambientales, no fue suficiente para contener el empuje del ladrillo. Algo que ha motivado no solo que Valcárcel lleve tres años en el punto de mira de la justicia, sino que, además, tres de sus antiguos consejeros estén imputados: Francisco Marqués, Joaquín Bascuñana y Antonio Cerdá.
Este último, el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, bien podría ser considerado el eslabón de enlace entre 'Novo Carthago' y la denuncia por la contaminación del Mar Menor, pues aparece señalado por el fiscal como uno de los tres principales responsables políticos de la degradación de la laguna, junto con los expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita y María Rosario Quesada.
El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) confirmó ayer que la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de la Región había sido asignada, conforme a las normas de reparto vigentes, al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, a cuyo frente se sitúa Miriam Marín desde hace años.
Miguel Ángel Ródenas. Presidente de la Confederación Hidrográfica: La Confederación guarda silencio El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, declinó ayer hacer declaraciones sobre la querella de la Fiscalía Superior que responsabiliza a diversos ex altos cargos de la CHS, entre ellos los ex presidentes José Salvador Fuentes Zorita y María Concepción Quesada, de la contaminación del Mar Menor. Preguntado por los medios, Ródenas tampoco hizo valoraciones sobre la manifestación del Círculo por el Agua del pasado martes, en la que los agricultores pidieron su dimisión.
Manuel Aldeguer. Excomisario de Aguas de la CHS: «Es desafortunado e incongruente» El que fuera Comisario de Aguas de la CHS hasta 2012, Manuel Aldeguer, considera «desafortunado» e «incongruente» el texto del fiscal. Aldeguer, que es uno de los denunciados, aseguró no entender «por qué la Fiscalía plantea la responsabilidad de la CHS en la contaminación tierra-mar, que es competencia de la Comunidad Autónoma». Cuando se vierten miles de toneladas de abono en todos los cultivos, «en el momento que llueve, el agua arrastra nitratos, fosfato o potasio al Mar Menor, y los seguirá arrastrando», añadió.
Joaquín López. Portavoz del PSOE en la Asamblea: «Seremos exigentes caiga quien caiga» El portavoz parlamentario del PSOE, Joaquín López, subrayó que los expresidentes de la CHS denunciados por la Fiscalía, José Salvador Fuentes Zorita y Charo Quesada, no ocupan cargos en el partido, y añadió que, si se dirimen responsabilidades penales, los socialistas serán «exigentes caiga quien caiga». López añadió que, con independencia de que «se hayan visto señalados» antiguos responsables de la CHS, el PSOE mantendrá su «vigilancia y exigencia» frente al «problema» del Mar Menor. «Esto no cambia nuestra acción política», advirtió.
María Giménez. Diputada de Podemos: «Es un ‘basta ya’ a las políticas del PP» La diputada regional de Podemos María Giménez aseguró ayer que la denuncia es un «punto de inflexión» de la situación del Mar Menor. Giménez lamentó que PP y Ciudadanos no hayan aprobado una enmienda con el fin de paliar los efectos de la «mayor catástrofe medioambiental» de España en las últimas décadas. Para Podemos, la denuncia del fiscal «va a pasar a los anales de la Región» porque supone un «punto de inflexión» y un «basta ya» a las políticas realizadas por el PP, que «han acabado en la sopa verde».
Esta magistrada ha tenido que asumir en los últimos tiempos la investigación de varias causas con importante repercusión social, como la de los ruidos en la calle Pérez Casas de Murcia, y la investigación contra una presunta trama de falsificación de cuadros de pintores murcianos del siglo XIX.
La primera decisión que deberá adoptar sobre la denuncia del Mar Menor es si la admite a trámite y abre diligencias -la otra opción, improbable, sería inadmitirla por no apreciar delito alguno- y, seguidamente, citar en calidad de investigados a los trece antiguos altos cargos de la Consejería y la CHS señalados por el fiscal Díaz Manzanera, así como a los 24 titulares de explotaciones agrarias que habrían incurrido en presuntas prácticas ilegales para regar sus cultivos.
Especial relevancia tendrá la decisión que adopte respecto a la petición del fiscal de proceder al embargo de bienes de los denunciados, en cantidad suficiente para asumir las posibles responsabilidades civiles que pudieran determinarse en un futuro. Una cuantía que podría alcanzar cifras astronómicas, teniendo en cuenta las gravísimas repercusiones ambientales y socioeconómicas que se derivarían de la degradación que afecta a la laguna.
Por último, tendrá que pronunciarse sobre la declaración o no de estas diligencias como de especial complejidad. De hacerlo, podría quedar 'blindada' frente a otras macrocausas, ya que ningún juez puede tener abiertas a la vez más de tres.
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