Secciones
Servicios
Destacamos
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Lunes, 23 de octubre 2017, 08:16
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Otro 'dinosaurio' fruto de la lentitud de la Justicia llega a su capítulo final después de 18 años de diligencias y retrasos interminables. La causa general que se abrió en 1999 por la contaminación del río Segura se juzgará a partir del próximo 13 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Hace tiempo que el río dejó de ser la cloaca que atravesaba Murcia desde Alcantarilla hasta Beniaján, cuando no existían depuradoras que atajaran los vertidos industriales y urbanos de un puñado de municipios aguas arriba de la capital. La Justicia, lenta, ha citado ahora a dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al exalcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, y a quien fue gerente de Emuasa, José Luis Hervás, entre otros. El juicio se prolongará hasta febrero.
En un escrito del año 2003, la Fiscalía solicitó penas que oscilan entre los tres meses a un año de prisión, multas e inhabilitaciones para ejercicio de cargo público a media docena de procesados que en unos casos están jubilados, y que hace tiempo que dejaron de desempeñar su cargos. El fiscal apreció entonces la comisión por acción u omisión de presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación ambiental.
Se trata de la segunda gran causa general que se abrió en aquellos años por la contaminación del río y que puso en el principal punto de mira a los gestores de la CHS. La primera denuncia, del año 2000, centrada en los vertidos en la Vega Baja y Orihuela, se juzgó en 2007 en la Audiencia de Elche. Los magistrados absolvieron del delito de contaminación a once empresarios de la zona, y a los expresidentes de la CHS Antonio Nieto Llobet y Juan Cánovas, así como al entonces comisario de Aguas, José Alemán.
Ahora llega a juicio la causa pendiente tipificada con los mismos delitos y circunscrita a la contaminación del río en Murcia y el Reguerón a finales del siglo pasado. Antonio Nieto y Juan Cánovas vuelven al banquillo de los acusados; junto con José Alemán; el exgerente de Emuasa, José Luis Hervás; el exalcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado; y Román Garrido. Inicialmente la causa se dirigió también contra dos ingenieros que fallecieron, Luis Pérez Séiquer y Julio Muñoz Bravo, comisario de aguas y jefe de obras de la CHS, respectivamente.
La denuncia fue presentada por Izquierda Unida y dirigida contra el Ayuntamiento de Murcia, pero en el curso de las diligencias la causa derivó hacia el Ayuntamiento de Alcantarilla, la CHS y Emuasa. IU y la acusación particular, como la Comisión Pro Río de Orihuela, solicitaron hasta seis años de cárcel.
Diversas fuentes señalan que la declaración que realizó en el año 2002 el entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, marcó un punto de inflexión. Contestó a menudo que desconocía o no recordaba determinadas cosas, y señaló en numerosas ocasiones a Emuasa, según consta en su declaración. Cámara perteneció al Consejo de Administración de Emuasa siendo concejal, y después presidió este organismo como alcalde.
Competencias municipales
El Ayuntamiento de Murcia, no obstante, sí tuvo conocimiento del problema de los vertidos contaminantes desde el año 1997, que tenían como focos principales los depósitos que realizaba el municipio de Alcantarilla al cauce del Reguerón y la deficiente depuración en la planta de Beniaján. Para atajarlo, Miguel Ángel Cámara y Lázaro Mellado, junto con el entonces presidente de la CHS, Antonio Nieto, acordaron un plan contra los vertidos.
El propio Cámara explicó los detalles el 4 de diciembre de ese año. Después llegó la denuncia al juzgado. «Se trata de un problema que no es nuestro, pero que tenemos que sufrir», declaró Cámara. «Padecemos lo que otros nos mandan».
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.