Los vecinos piden a Salud un estudio sobre el impacto de los restos mineros e industriales

Imagen de archivo de una charla informativa de la Consejería de Salud sobre el un estudio epidemiológico en El Llano del Beal./J. M. Rodríguez / AGM
Imagen de archivo de una charla informativa de la Consejería de Salud sobre el un estudio epidemiológico en El Llano del Beal. / J. M. Rodríguez / AGM

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados insta a evaluar a la población de Santa Lucía, Torreciega, El Hondón y el sur del Mar Menor

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

«En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y en Mazarrón se encuentran abandonados millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedentes del concentrado y fundición de los minerales de plomo, plata, zinc y manganeso, así como suelos agrícolas, urbanos, etcétera, contaminados por los mismos procesos. Estos residuos se acumulan también en la arena de las playas de la ribera sur del Mar Menor y llegan a las del Mar Mediterráneo, en episodios de lluvias torrenciales. Nos sorprende que desde el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud y Adicciones no se haya desarrollado ningún estudio con carácter previo con el fin de determinar las concentraciones de metales pesados y metaloides en la población que vive en estas zonas».

Éste es el punto de partida señalado por la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, integrada por padres de alumnos y otros vecinos de varias localidades de Cartagena y La Unión, para argumentar ante la Comunidad Autónoma la petición de modificar, profundizar y ampliar el estudio epidemiológico iniciado hace unos días para evaluar la exposición de 736 niños y madres a metales pesados. La mayoría de las familias viven en el distrito cartagenero de Llano del Beal y en la pedanía unionense de Portmán.

En un escrito dirigido a la Consejería de Salud, que dirige Manuel Villegas, el colectivo vecinal reclama asimismo extender los controles sanitarios a la población de otros sectores de Cartagena «donde se encuentran los residuos resultantes de la industria química de fertilizantes y de la minero-metalúrgica, así como al distrito minero de Mazarrón. Se trata de áreas «rodeadas de montañas de residuos tóxicos y peligrosos, además de suelos altamente contaminados», y en cuyo entorno hay viviendas y centros educativos.

Los vecinos citan los terrenos de El Hondón, donde hasta el año 2001 funcionaba la fábrica de abonos y fertilizantes Potasas y Derivados y que lindan con los barrios de Los Mateos, Sector Estación, San Ginés y Torreciega; los de este último sector que ocupaba hasta 2009 la factoría de Española del Zinc (Zinsa); los de Santa Lucía que sirvieron de sede a la industria de Peñarroya España SA hasta 1992; y los de Los Nietos y El Algar por donde discurren ramblas que llevan al Mar Menor residuos mineros, así como los del humedal de Lo Poyo, cuya descontaminación fue vinculada al desarrollo del proyecto urbanístico Novo Carthago, investigado por la Justicia por presunta corrupción.

Respecto al estudio ya iniciado en la Sierra Minera, la Plataforma busca aplicar una «evaluación más detallada sobre los riesgos para la salud de los niños que han estado expuestos a emisiones tóxico-industriales» y que viven en «entornos fuertemente contaminados». Para determinar posibles alteraciones del desarrollo cognitivo, por el efecto de metales pesados y metaloides, sobre todo del plomo, la Plataforma pide que la toma de muestras no se limite a la orina y la sangre, sino que se «tenga en consideración también el biomarcador pelo / uñas», para detectar «exposiciones crónicas y sostenidas en el tiempo» y la posible transferencia de metales al organismo humano.

De igual forma, los vecinos plantean ampliar el rango de edad, que ahora se circunscribe a los niños de 6 a los 11 años, para abarcar a «toda la población infantil y pediátrica»; y solicitan que la llamada «muestra control», es decir aquella elegida para poder comparar los resultados de la Sierra Minera con los de otra zona sin impacto minero, no sea La Aljorra.

La Plataforma, que tiene como presidente a Juan Francisco Ortuño, razona que en esta diputación están emplazadas las instalaciones de la fábrica de plásticos Sabic, y que son conocidas las «emisiones altamente contaminantes a la atmósfera» y las consiguientes «incidencias sobre la salud de los habitantes». Como alternativas, proponen «que la muestra poblacional de control sea tomada en áreas como La Azohía, Galifa, San Javier o Los Alcázares.

Ampliar el test de los niños

Otra de las preocupaciones de las familias es la posible relación entre la contaminación minera con el creciente número de niños afectados por trastornos generales del desarrollo. Por eso, piden incluir en el estudio a niños que tienen necesidades educativas especiales, por diagnósticos como autismo y otras alteraciones neurológicas. De forma expresa, ven necesario examinar a los alumnos del colegio público Enrique Viviente, de La Unión.

Respecto a la población adulta, la Plataforma -cuyo presidente aseguró a este diario haber recabado asesoramiento científico para elaborar su listado de peticiones- reclama que el estudio impulsado a través de un «programa centinela», en el que cualquier persona puede solicitar un chequeo a su médico, se realice por centros de salud y no por áreas de salud. De esa forma, entienden los vecinos, se conocería de una manera más adecuada la «realidad» de la salud de las poblaciones afectadas por entornos contaminados. Entre otras cosas, los habitantes de la Sierra Minera quieren conocer datos sobre «la incidencia de patologías presentes entre la población de las áreas geográficas afectadas por la minería y los suelos contaminados como las glándulas tiroideas, las nefropatías, el alzhéimer, el párkinson, las alergias dermatológicas atópicas, el asma y el cáncer».

Fuentes de la Consejería informaron ayer de que responderá por escrito a la solicitud de la Plataforma. Para ello, dispone de dos meses desde la fecha de registro de la petición.

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