Los vecinos denuncian un presunto fraude a la UE con ayudas a regadíos en el Mar Menor

Un tractor, en un campo de cultivo con plásticos en la zona de Lo Poyo, en abril de 2015./Antonio Gil / AGM
Un tractor, en un campo de cultivo con plásticos en la zona de Lo Poyo, en abril de 2015. / Antonio Gil / AGM

Piden investigar en qué condiciones otorgó la Comunidad 23,3 millones de euros, en 5 años, a dos empresas imputadas por daño ambiental a la laguna y a otra vinculada a ellas

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Mientras la Fiscalía ultima una querella contra empresas agrícolas y administraciones públicas por la contaminación del Mar Menor con el vertido de nitratos, los vecinos de la zona han intensificado su lucha contra varias compañías imputadas ya por dañar presuntamente la zona sur de la laguna, en el juzgado de Cartagena donde el Ministerio Público impulsó una primera acusación a finales de 2016.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca ha presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad, donde hay 17 empresas investigadas en lo que podría llamarse el 'caso Mar Menor I', una ampliación de su denuncia por vertidos e inundaciones en la zona sur, para aclarar un posible fraude millonario a la Unión Europea (UE).

El fiscal achaca los problemas de Mar de Cristal, Playa Honda y Los Nietos a la transformación de terrenos para cultivos de regadío sin autorización, incluida la alteración de pendientes y el desvío de ramblas. Y, desde octubre pasado, hay empresas agrícolas y propietarios de fincas imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la usurpación de aguas.

La federación comarcal de asociaciones amplía su acusación en el caso de las inundaciones en la zona sur

Ahora, la federación vecinal ha dirigido un escrito a la jueza María Pascual en el que pide investigar si tres de esas mercantiles han incurrido en un delito de fraude de subvenciones, por importe de 23,3 millones de euros, y qué responsabilidad tiene la Comunidad Autónoma como órgano tramitador y fiscalizador de un dinero que, según destacaron fuentes de la Federación, proceden de la UE.

Como acusación particular, la federación expone sus sospechas de que, desde 2011 a 2015, una de las grandes firmas propietarias de terrenos junto a la laguna, ANS Inversiones, y una de las grandes compañías que produce frutas y hortalizas previo alquiler del suelo, World Fruits Company (WFC), pudieron falsear expedientes de solicitud para recibir ingentes cantidades de dinero de las arcas comunitarias.

Suelo rústico hace diez años

Estas inyecciones económicas, que habrían beneficiado también a la antigua matriz de esas dos sociedades, Grupo Agromediterránea, fueron otorgadas a través de la Consejería de Agricultura y Agua. Por eso, los vecinos reclaman que se tome declaración, en calidad de testigos, a los responsables de la Consejería encargados de gestionar los fondos en la Región de Murcia. Estas subvenciones, explica la denuncia, fueron tramitadas bajo el epígrafe de «Fondos Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas».

«Las subvenciones agrícolas están condicionadas al cumplimiento de rigurosos requisitos medioambientales. Y en el régimen de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), al que pertenece Agromediterránea, las ayudas públicas están referidas a programas de producción adscritos a unas parcelas concretas», señala la federación en su escrito.

Tras ello, argumenta que, dado que los órganos que conceden las ayudas deben fiscalizar el cumplimiento de las exigencias ambientales, y que las compañías beneficiarias están imputadas precisamente por daños ecológicos al Mar Menor (en los polígonos 32, 33, 36, 37 y 38) debe aclararse si esas parcelas han sido objeto de ayudas; y «si se ha podido cometer un delito de fraude de subvenciones».

Esta acusación precisa que las irregularidades deben consistir en alterar «las condiciones requeridas» para abonar el dinero u «ocultar las que hubiesen impedido» su concesión.La federación adjunta historiales de propiedad y cuentas anuales de empresas. E indica que dos responsables de Agromediterránea, ANS y WFC, «son conocedores del estado de los terrenos desde hace más de diez años, cuando aún no habían sido transformados y eran cultivos de secano, y cuando no existían canales ni infraestructuras»; y que «a lo largo de los años han participado, como propietarios y arrendadores/explotadores, en los hechos».

Este diario contactó por teléfono con las empresas para conocer su versión, pero no la dieron.

Celdrán, con los agricultores

Ayer, el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, pidió que «no se criminalice la actividad de los agricultores», con denuncias como las de Ecologistas en Acción y la federación vecinal este verano, que a juicio son «en muchos casos masivas», informa EP.

Solo en un caso, dijo Celdrán, los avisos dieron lugar a un expediente sancionador, y además, «ya estaba identificado por los técnicos de Medio Ambiente». «En la mayoría de los casos», apuntó, se trataba de «terrenos agrarios en barbecho y que vuelven a ser explotados». Sobre el cambio de uso a regadío, el consejero considera que es una cuestión que compete más a la Confederación.

Más

Fotos

Vídeos