Urbanismo estudia un recurso que impediría el parking en la antigua cárcel

Una mujer pasa junto a las dependencias de la cárcel de San Antón./Antonio Gil / AGM
Una mujer pasa junto a las dependencias de la cárcel de San Antón. / Antonio Gil / AGM

La alcaldesa admite que ahora no puede evitar el derribo parcial, pero los técnicos revisan si se puede ampliar la protección del edificio

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

Los dueños de la cárcel de San Antón tienen vía libre para obtener, a día de hoy, la licencia de demolición de todas las dependencias que la Dirección General de Bienes Culturales excluye del expediente de protección de parte del edificio. Así lo confirmó ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que admitió que la Concejalía de Urbanismo está obligada a dar el permiso y también a vigilar que el proyecto para el que se solicita la autorización «no contenga vicios ocultos», sea compatible con el planeamiento y no afecte al resto del antiguo penal. Para ello, los técnicos municipales estudian interponer un recurso ante el dictamen de Cultura, para ampliar la protección, lo cual impediría su uso para albergar un parking, como quieren los dueños.

El Perpetuo Socorro presentó ayer una ampliación de la licencia de demolición para poder derribar todo lo que no está protegido. Lo hizo un día antes de que expirara el plazo para aclararle al Ayuntamiento qué dependencias pretendía echar abajo. Castejón admitió que no puede rechazar esa solicitud por las buenas, sin prevaricar.

El expediente de protección patrimonial iniciado por Cultura incluye las cinco torres de vigilancia del penal, la entrada, un patio y el pabellón de oficinas, como estaba previsto. El inicio de ese informe fue solicitado por el portavoz municipal de MC, José López, en 2017, cuando era alcalde. En su resolución, Bienes Culturales incluye como protegido el muro perimetral, aunque con la opción de hacer en él dos entradas para vehículos. Los dueños deben «conservar, custodiar y proteger» todos estos bienes «asegurando su integridad y evitando su destrucción y deterioro», según el expediente.

Los dueños piden una ampliación de la licencia para derribar todo lo que queda sin protección

El pabellón de presos carece de valor alguno, a juicio de los técnicos regionales. Además, se encuentra en un estado de conservación deficiente. Tras su derribo, el Perpetuo Socorro se propone hacer allí un aparcamiento de 200 plazas para clientes de su clínica

Los titulares del centro médico compraron el inmueble hace un año a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP). Pagaron 563.000 euros para utilizarlo como instalación complementaria al hospital. Entre sus pretensiones estaba establecer allí algún tipo de dependencia auxiliar y habilitar también el aparcamiento. Urbanismo considera que ese primer uso no casa con el planeamiento urbano, que solo autoriza a hacer allí instalaciones de tipo carcelario. Lo segundo sí se puede hacer, a día de hoy.

La Plataforma en Defensa de la Cárcel de San Antón recibió ayer con cierto optimismo la decisión de Bienes Culturales «porque supone una ampliación de los elementos protegidos del recinto», al incluir también el muro perimetral.

«Protección del conjunto»

A juicio de Josefina Pérez, miembro de ese colectivo, la Concejalía de Urbanismo debe evitar las demoliciones. «Solo podemos lamentar que el Ayuntamiento no la comprara en su momento, pero aún está a tiempo de garantizar la protección del conjunto para no derribar nada», explicó. Y recordó que hay una moción aprobada en el Pleno, por unanimidad, para conservar y dar un uso social público al recinto, que en su opinión debe ir ligado a la memoria histórica.

Entre los grupos políticos no se respiraba ayer el mismo optimismo que en la plataforma ciudadana. El PP aplaudió la decisión de Bienes Culturales, pero acusó al exalcalde, José López (MC) y a Castejón de «engañar a los ciudadanos» e «incumplir su promesa electoral de comprar la cárcel para darle un uso social para el barrio». El partido de López señaló a Castejón como única responsable de eso y le advirtió de que debe retomar la negociación de la cesión para fines sociales con los propietarios.

Ciudadanos consideró «un escándalo» que esas supuestas negociaciones no llegaran al acuerdo de cesión «del que habló López en el pleno del 24 de enero de 2017». Por su parte, Cartagena Sí Se Puede (Podemos) coincidió con la plataforma ciudadana en exigir la protección integral de la cárcel y la negociación de una cesión para su uso social y público.

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