Temor vecinal por el deterioro de los edificios ocupados en el casco histórico

Vecinos y turistas, por la calle Serreta de Cartagena. /PABLO SÁNCHEZ / AGM
Vecinos y turistas, por la calle Serreta de Cartagena. / PABLO SÁNCHEZ / AGM

Las viviendas usurpadas en las calles Serreta y San Vicente tienen problemas de habitabilidad, lo que implica riesgo de incendio, inundación y derrumbes

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La ocupación de más de 80 viviendas en las calles Serreta, San Vicente y otras de esa parte del casco histórico no solo ha despertado la preocupación de los vecinos, del Ayuntamiento de Cartagena y de la Agencia Tributaria -propietaria de los inmuebles-, por las actividades irregulares detectadas en torno a los inmuebles y por los «conflictos» que podría generar una orden judicial de desalojo masivo. Quienes residen en la zona de manera legal y las administraciones públicas también temen que el deterioro de los edificios derive en situaciones de riesgo para ellos mismos y para los viandantes, como derrumbes, incendios e inundaciones.

«La mayoría de las fincas no reúnen las condiciones adecuadas de habitabilidad. No tienen una estructura de casa, ni los servicios que exige la ley para que haya resientes. Carecen de ventanas en algunas habitaciones y de patios interiores, no hay aseos ni plato de ducha...», explican a 'La Verdad' fuentes conocedoras del patrimonio inmobiliario que pertenecía a Pedro Montoro Ros, y que pasó a manos del Estado al renunciar a la herencia sus familiares.

Además de bloques en situación de ruina técnica, hay otros con cubiertas en un estado de conservación tan deficiente que hay filtraciones de agua al interior de las casas y de los bajos. Ni siquiera la incorporación de alguno de los edificios al catálogo municipal de bienes inventariados por su valor arquitectónico ha impedido esta situación de abandono.

Los vecinos, que ofrecen información a cambio de anonimato por miedo a represalias, reclaman una respuesta de las autoridades ante esta sensación de inseguridad. Y extienden las razones de su inquietud al ámbito de la seguridad ciudadana, por la toma ilegal de nuevos pisos en las últimas semanas y el creciente negocio de los alquileres fraudulentos. Aseguran que hay «mafias que cobran, por ejemplo, 1.800 euros por la llave de una vivienda, más una tarifa mensual», o subarrendando habitaciones a precios de hasta «80 euros la noche»; y que redactan contratos sin valor legal alguno.

Como publicó este periódico el domingo, al Ayuntamiento le consta que hay «multitud de situaciones diferentes y la mayoría descontroladas», y que eso «ha propiciado situaciones de conflicto y que surjan oportunistas que están haciendo negocios ilícitos». Como ejemplos, en la alcaldía y la Concejalía de Servicios Sociales, dos áreas que gestiona Ana Belén Castejón (del PSOE); mencionaron que hay constancia de actividades ilícitas como «alquilar las viviendas y proporcionar suministros básicos a cambio de dinero». Es el caso de la luz y el agua, cuyos recibos fueron cargados durante meses (las casas están ocupadas desde agosto de 2015) a una cuenta bancaria de quien fue dueño de estos inmuebles.

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda tiene denunciado el asunto ante la Policía Nacional y está a la espera de una orden judicial de desalojo, para poder vender o subastar las casas. Mientras, el equipo de gobierno ha ordenado a la Policía Local que refuerce la vigilancia de la zona y ha advertido a los ocupantes que han solicitado el empadronamiento de que su situación es ilegal. Ésta «constituye un delito leve o una infracción administrativa, por lo que pueden ser juzgados, multados y desahuciados», indicaron en el Ayuntamiento.

Tránsito de turistas

Los vecinos recuerdan que las calles donde están situadas las viviendas, en particular la Serreta, tiene cada vez un mayor tránsito de turistas. El aumento de la llegada de cruceristas a la ciudad, que tiene uno de sus atractivos en la basílica de la Caridad, ha elevado el número de visitantes que atraviesan esta zona.

El desasosiego tiene que ver tanto con la posibilidad que se desprenda algún elemento de los edificios a la vía pública, como con la imagen de dejadez que transmite Cartagena a nivel internacional. En la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía aseguraron que el barrio no supone un problema de inseguridad, y afirmaron que la vigilancia es continua.

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