El Supremo da el aval definitivo a la revisión de las tarifas del agua de 2012

Rechaza el recurso de un vecino contra la empresa Hidrogea, la Comunidad y el Ayuntamiento por haber aplicado un precio público y no una tasa

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea, han recibido el espaldarazo definitivo a la revisión de las tarifas del agua del año 2012. Tras una larga batalla administrativa y judicial, a raíz de los recursos interpuestos por tres ciudadanos y por el concejal de MC José López, han visto cómo el Tribunal Supremo (TS) rechaza anular los valores usados como referencia para calcular los recibos de vecinos y empresas, por el hecho de haber aplicado un precio público y no una tasa .

Se da la doble circunstancia de que las nuevas tarifas han estado vigentes hasta principios de este mes de mayo, y de que MC ya ha presentado un recurso administrativo contra las nuevas. Además, el partido del exalcalde también llevará este asunto a la vía judicial, por presuntas anomalías por parte de la Junta de Gobierno Local, integrada por los seis concejales del PSOE.

El aldabonazo final de la Justicia a las tarifas impulsadas en la etapa de gobierno del PP, con Pilar Barreiro como alcaldesa, ha llegado en una sentencia fechada el 26 de abril y recién comunicada a las partes. La resolución del TS, a la que ha accedido 'La Verdad', confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

El vecino de Cartagena recurrió en casación al Supremo esgrimiendo, entre otras cosas, una infracción de la jurisprudencia constitucional y del propio TS, respecto a la «calificación como tasa de la contraprestación que percibe el suministrador del servicio municipal de agua potable domiciliaria».

El tribunal explica que, si bien el Supremo dictó en abril de 2015 una sentencia en la que «atribuyó la condición de tasa a la contraprestación del servicio municipal de abastecimiento de agua», cinco meses más tarde dictó otra sentencia en la que amparó la fórmula del precio público, sobre la base de Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011)

Esa norma estatal, recordó ya el TSJ en abril de 2016, «restituyó la lógica tradicional que informaba la ordenación de la potestad tarifaria y tributaria». En primer lugar, la ley «permite recuperar las ideas de precio y beneficio a los servicios públicos gestionados por concesionarios». Y en segundo lugar, la norma «da rigor a otras ideas fuerza del ámbito de la contratación pública igualmente aplicables a las relaciones patrimoniales de los servicios públicos en régimen de concesión». Como ejemplos, citó «las de autofinanciación del servicio y equilibrio económico del contrato, que cobran mayor sentido y consistencia al conjuntarse con el jurídico-público propio de las tarifas».

«Seis años de acusaciones»

Fuentes de Hidrogea celebraron que el Supremo «zanja definitivamente la polémica sobre las tarifas, al declararlas legales». Además, lamentaron que, durante seis años, «el servicio de aguas de Cartagena ha sufrido la judicialización», por parte de miembros de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar) y de José López. Asimismo, criticaron el «continuo devenir de acusaciones y recursos, así como los diversos intentos de cambiar de precio a tasa desde 2015».

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