Solicitan cortar canales, paralizar cultivos e imputar al Ayuntamiento por «inactividad»

Cristina Roca.
Cristina Roca. / P. S. / AGM

J. A. G.CARTAGENA

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, cuya presidenta es Cristina Roca, ha recurrido el auto de julio donde la juez María Pascual descartó adoptar medidas cautelares. Entre ellas están el corte hidráulico de los canales de riego, paralizar la producción de frutas y hortalizas en distintas parcelas e imponer una fianza de 5 millones de euros a las empresas explotadoras de los terrenos y a los propietarios que mantienen los contratos de arrendamiento con aquéllas.

«Las medidas se nos deniegan sin tener en cuenta el grave e irreparable perjuicio que se estaría produciendo al bien jurídico protegido, al medio ambiente y a la salud de las personas. Solo tras las adopción de estas medidas se podría garantizar su protección, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se determinasen en el momento procesal oportuno», argumentan los vecinos. Asimismo, indican que las acciones que plantean «mitigarían el perjuicio para el Mar Menor, que sufre una situación crítica, como es público y notorio».

Para convencer a la magistrada, le han facilitado datos sobre «los terrenos que no tienen derechos de riego», y que explotan las sociedades World Fruits Company y Juanjor (cuya versión no pudo recabar este diario, pese a intentarlo). «Con estas medidas se evitaría, en gran medida, el perjuicio por contaminación, olores, polvo, abonos, productos fitosanitarios, plagas de moscas e insectos, etcétera, para los vecinos de las zonas colindantes, que se están viendo especialmente afectados este verano», señala la federación.

Esta añade que paralizar los cultivos sería una acción «proporcionada», pues «no supondría el cierre o la ruina» de las sociedades afectadas, «que disponen de otros negocios y de otros terrenos que cultivar, como expresó Juanjor en su declaración, al afirmar que tenían cultivos en varias provincias».

Asimismo, en su escrito de ampliación de denuncia, esta parte del procedimiento penal ha solicitado imputar al Ayuntamiento de Cartagena, por «su inactividad ante las actividades agrícolas, las obras de canalización y las inundaciones en la zona urbana de Mar de Cristal». Entre otras cosas, los vecinos refieren que el Consistorio archivó de modo «injustificado del expediente sancionador sobre la ejecución ilegal de los canales», a pesar de que en abril de 2012 la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) indicó que las «competencias urbanísticas» son locales.

Confederación y regantes

La federación quiere que declaren el exdirector general del Agua de la Comunidad Joaquín Griñán; el comisario de Aguas y el excomisario adjunto de la CHS, José Carlos González y Rogelio Bravo respectivamente, y dos técnicos del organismo; el subdirector general de Carreteras Luis García González; propietarios de terrenos en regadío en el Parque Regional de Calblanque; el presidente de la Comunidad de Regantes Arco Sur, Eloy Celdrán; y un técnico ambiental del Ayuntamiento.

Asimismo, los vecinos piden que la Comunidad impida cultivar en Calblanque y que aporte un informe redactado a petición de la Fiscalía. En él, Medio Ambiente admite que los cultivos de Mar de Cristal «tendrían que haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental».

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