Segado: «Ni he influido en los técnicos, ni me he apartado nunca de su criterio»

Moncada, con una carpeta, y Segado, en primer término, de frente, ayer en los juzgados. / José María Rodríguez / AGM

El exedil de Urbanismo se apoya en los funcionarios que informaron sobre la caducidad de una licencia para eludir la acusación de prevaricación ante el juez

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

«Ni he influido en los técnicos municipales, ni me he apartado de su criterio», declaró ayer el presidente del PP, Joaquín Segado, en la vista oral como acusado por un presunto delito de prevaricación administrativa por declarar la caducidad de una licencia de obras en 2010, cuando era concejal de Urbanismo. Dos funcionarios, sentados a su lado en el Juzgado de lo Penal número 2 por la misma razón, aseguraron que no recibieron «la más mínima presión», ni acordaron entre ellos ni con el edil anular el permiso de construcción de 24 pisos turísticos en La Azohía. La causa de esa prescripción, dijeron, es que la promotora, Apartamentos La Azohía SL, «nunca tuvo intención de iniciar las obras», por lo que, a su juicio, la anulación estuvo justificada.

Junto a Segado, que ahora es asesor en la Comunidad, los acusados son el jefe de Urbanismo durante 20 años, Jacinto Martínez Moncada, ahora suspendido en sus funciones por esta causa, y la letrada P. R.

Todo parte de una querella de los promotores del complejo turístico en una parcela que antaño ocupaba el cuartel de la Guardia Civil de la Azohía. La licencia fue concedida en 2005 y revocada cinco años después, justo cuando se aprobó el Plan Urbano que «proponía el cambio de uso privado a uso público», según reconoció Martínez Moncada. Se hizo en atención a las alegaciones de colectivos vecinales.

Joaquín Segado. Exconcejal: «Fue un acto reglado. Me basé en dos técnicos que suman más de 60 años de experiencia». «Cuando llegué a la concejalía de Urbanismo, mi conocimiento del solar de La Azohía era nulo»

Jacinto Martínez. Exgerente: «La empresa no tenía interés en construir. Aplicar una prórroga en 2009 era absurdo y contrario a la ley». «Vi el informe y me pareció correcto, pero no las alegaciones, porque reviso 100 o 200 todos los días»

Para los técnicos, esa tramitación del nuevo plan no influyó en la caducidad. Lo relevante fue el tiempo transcurrido «sin poner ni un ladrillo», indicó la letrada; la ausencia de un director de obra acreditado y la falta de una licencia de actividad.

Incisivos con la letrada

La Fiscalía y la acusación particular fueron especialmente incisivas con la funcionaria de Urbanismo sobre estas tres cuestiones, en un interrogatorio algo tenso por momentos. Pusieron en duda, para empezar, el cumplimiento de los plazos para dar por caducada la licencia en mayo de 2010, ya que hasta 2009 los técnicos municipales no tramitaron el acta de replanteo imprescindible para empezar a construir y habida cuenta de que se había admitido una prórroga de seis meses pedida por la promotora en 2005. Su interés por saber por qué ese periodo de gracia no había demorado la caducidad no quedó satisfecho, porque la funcionaria insistió que el plazo legal había sido superado ampliamente, sin dar más explicaciones.

Asimismo, las acusaciones quisieron saber por qué la técnico solicitó a la promotora la licencia de actividad cuatro años después de expedir la de obras y durante el periodo en el que la tramitación de un nuevo Plan General impedía obtener dicho permiso. La técnico indicó que ella preguntó si la tenían debido a su importancia para el proyecto.

Martínez Moncada se escudó en la carga de trabajo por «los 100 o 200 expedientes» que les llegaban cada día de distintas secciones de Urbanismo, para reconocer que no revisó a fondo el expediente de caducidad. «No vi las alegaciones, pero sí el informe de la técnico, que me pareció correcto y lo elevé al concejal para que decidiera», indicó el exgerente. «Ustedes no tenían intención de iniciar la obra. Aplicar la prórroga cuando se hizo el acta de replanteo en 2009 hubiera sido absurdo y contrario a derecho», añadió, dirigiéndose directamente al abogado de la promotora.

Segado fue el último en declarar y el que menos tiempo empleó. Sus argumentos autoexculpatorios fueron que llegó a la Concejalía de Urbanismo en 2008 sin conocer el proyecto urbanístico en La Azohía, que firmó la caducidad de la licencia con plena confianza en «los informes de unos técnicos que suman más de 60 años de experiencia» en ese área y que bastante tenía «con la revisión de 560 millones de metros cuadrados de terreno incluido en el Plan General» para saber lo que estaba pasando con «una parcela de dos mil metros cuadrados» en el litoral oeste del término municipal.

«Mi misión, recién llegado a la concejalía, era conocer el nuevo Plan General, para poder explicárselo. a los vecinos y a los políticos», apuntó el exconcejal. Tanto él como Martínez Moncada negaron la responsabilidad sobre la calificación de uso público de esa parcela en el documento inicial del Plan General. «El equipo redactor que lo hizo era de Málaga y los dirigía José Seguí», puntualizó el técnico.

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