El retraso en el pago de facturas desata las quejas de las empresas al Ayuntamiento

Entrada principal al edificio San Miguel, sede administrativa del Ayuntamiento de Cartagena./Antonio Gil / AGM
Entrada principal al edificio San Miguel, sede administrativa del Ayuntamiento de Cartagena. / Antonio Gil / AGM

La demora en abonar once millones de euros por decenas de obras, servicios y suministros revela fallos de gestión y de coordinación entre las concejalías

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Por si no tuviera poco con pisar el acelerador para ejecutar al máximo el presupuesto de inversiones de este año, preparar el cierre contable del ejercicio de 2017 y elaborar el proyecto de cuentas de 2018, el área municipal de Hacienda tiene un frente abierto en el ámbito del pago de facturas. El retraso en el abono a los proveedores, tanto grandes como medianos y pequeños (incluidos autónomos), llegó hace unos días a tal volumen, con decenas de recibos y once millones de euros por trabajos realizados desde finales de 2016, que las quejas de los empresarios se han disparado y el Gobierno intenta a atajar la situación con urgencia.

La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, del pago de catorce facturas por importe de 2,42 millones de euros evidenció, el pasado viernes, solo una parte del problema que arrastra el Consistorio. Además de ese dinero, correspondiente a trece facturas de alumbrado público, electricidad, conservación de parques y jardines y limpieza de edificios públicos, giradas por SICE, Iberdrola y FCC, quedaba pendiente abonar seis millones de euros a esta última empresa por la limpieza viaria y la recogida de basura, y restan aún casi tres millones.

Pagos aprobados por la Junta de Gobierno
El Ejecutivo autorizó, el viernes el pago de trece facturas de marzo, junio, julio y agosto, por importe de 2.442.218,9 euros. Son tres de SICE, por el alumbrado público, de abril, mayo y junio, por importe de 141.194,81 euros; cuatro de Iberdrola, de mayo, junio, julio y agosto. 449.136,83 euros; tres de FCC de parques y jardines de mayo, junio y julio, por importe de 973.903,14 euros; y tres de FCC Medio Ambiente de marzo, mayo, junio y julio, por importe de 877.984,12 euros.
Desbloqueado
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento obligó a tramitar la semana pasada el pago de 6 millones de euros, para pagar los meses de agosto y septiembre a FCC-Lhicarsa, por la limpieza de las calles y la recogida y el tratamiento de la basura.
Pendiente
Quedan por abonar unos tres millones de euros, por facturas giradas desde diciembre de 2016 hasta ahora. Los conceptos son muy diversos, y abarcan desde el suministro de energía a obras de infraestructuras, pasando por servicios culturales y tareas del antiguo Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel).
Normativa
Cada servicio debe pasar las facturas a Contratación o a un Registro en cinco días hábiles.

De estos, según las fuentes consultadas hay recibos por conceptos muy diversos, como el suministro de energía, la realización de obras, la realización de trabajos para el área de Cultura y, las más antiguas, por tareas autorizadas por el disuelto Instituto Municipal de Servicios del Litoral y que datan de diciembre de 2016.

El tapón en Infraestructuras y el atasco en Hacienda tensan a PSOE y MC; la alcaldesa ordena agilidad Las certificaciones se acumulan, la interventora pone reparos y el letrado exige no bloquear recibos

Unos días antes de la última Junta de Gobierno, 'La Verdad' preguntó al Ejecutivo por el atasco y este reaccionó revisando sus cuentas y preparando una circular de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a todas los concejales, para recordarles la obligación de realizar la tramitación administrativa de los abonos con agilidad.

Un portavoz de la alcaldía y la concejal delegada de Hacienda, Isabel García (que pertenece al partido MC y cuyo trabajo supervisa como edil del área el socialista Francisco Aznar), admitieron que se está incumpliendo la Instrucción General de Funcionamiento del Registro de Facturas, aprobada por el Pleno en junio de 2012, en cuanto a los plazos.

García indicó que el problema está, fundamentalmente, en «varios servicios», pero evitó concretar a cuáles se refería. Y en la alcaldía confirmaron la información obtenida por este diario, y según la cual el principal problema, en cuanto a número e importe de las facturas pendientes de ser satisfechas, está en la Concejalía de Desarrollo Sostenible. Esta tiene al frente a María José García, de MC y quien relevó a principios de septiembre a José López, el exalcalde destituido de sus funciones en el área por parte de Castejón.

«Estos retrasos, que se vienen produciendo con demasiada asiduidad, además de incumplir las instrucciones dictadas, están afectando al periodo medio de pago impuesto por la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», advierte Castejón en su comunicación al resto de ediles del Gobierno, a excepción de López por carecer este de competencias.

Limpieza, playas, Cultura...

La primera autoridad municipal, del PSOE, insta a cada edil a adoptar ya tres resoluciones: que «el servicio competente informe por escrito de las causas del retraso en la tramitación de las facturas», que remita estas «a la mayor brevedad» y que «se adopten las medidas correctoras necesarias para evitar» nuevas demoras.

Castejón recuerda a sus nueve compañeros de gobierno con competencias de gobierno que, según la normativa, las áreas y los centros de gestión responsables de obras, servicios y suministros, así como de los gastos derivados de contratos, deben remitir las facturas al Registro de Facturas o al Servicio de Contratación, «según proceda», en un plazo de cinco días hábiles. Eso incluye también el envío de los informes técnicos y del resto de documentación que sea necesaria para completar el expediente.

Se trata, apunta la alcaldesa en su misiva, de un «requisito previo para el proceso de reconocimiento de la obligación», cuya «falta de tramitación o retrasos excesivos» deben ser siempre «justificados por escrito». Isabel García aseguró a este periódico que también iba a enviar un recordatorio a los distintos servicios encargados de dar el visto bueno técnico, para que los pagos pueden ser efectuados a buen ritmo.

La concejal aseguró no tener constancia de un bloque de once millones de euros, y limitó la cuestión a «facturas puntuales» de meses atrás demoradas, sobre todo, por no haberse resuelto los reparos que puso la Intervención General, al frente de la que está Miriam González. Según los números de la delegada de Hacienda, apenas había el pasado jueves unos cinco millones de euros sin abonar, una cifra ligeramente superior a la que corresponde de manera habitual a unos treinta días.

No obstante, en la alcaldía confirmaron que a los 2,42 millones desbloqueados por la Junta hay que sumar los seis millones del contrato de limpieza viaria y recogidas de la basura por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), paralizados también, hasta hace unos días, por el área de Desarrollo Sostenible y al menos tres millones del último mes. La Asesoría Jurídica recordó en un informe que no se puede frenar el abono de servicios ya prestados, aunque los técnicos hayan detectado «deficiencias» en la prestación, puesto que los juzgados ya castigaron al Ayuntamiento por hechos similares en el caso del contrato de gestión del Auditorio El Batel.

Eso sí, Desarrollo Sostenible reclamará la devolución de parte del dinero a FCC. Esta compañía irá cobrando, también, a lo largo de este mes cuatro millones por el mantenimiento de los parque y la limpieza de los colegios y de los edificios municipales. La interventora puso pegas al desembolso, porque los contratos están caducados. La licitación de los nuevos se ha ido demorando, por problemas con la redacción de los pliegos, otra de las cuestiones que, junto con la coordinación entre las concejalías, el Gobierno busca mejorar para evitar el negativo efecto dominó.

Según las fuentes consultadas, el periodo medio de pago se ha llegado a disparar en noviembre hasta los 59, uno menos del tope legal de 60 días desde que el proveedor mete la factura en el Ayuntamiento. Sin embargo, la edil afirmó que el nivel está ya en «un poco más» de los dieciséis días alcanzados ya en marzo, tras una mejora «notable» respecto a la herencia que dejó en junio de 2015 el gobierno del Partido Popular.

Liquidez por los impuestos

En todo caso, para acabar con la lentitud de «algunos servicios», lo que «alarga» los tiempos de abono, García recordará por escrito al conjunto del Ayuntamiento que debe «agilizarse el pago, sobre todo en esta fase de final de año», cuando hay que enviar una liquidación provisional (la definitiva es en marzo) al Ministerio de Hacienda.

En medios municipales mostraron su preocupación por las quejas recibidas de los empresarios, quienes trasladan su malestar y sorpresa por el hecho de que los propios funcionarios les indican que el Ayuntamiento tiene suficiente liquidez y que, si no cobran, es por «problemas burocráticos». Gracias al cobro de distintos tributos, la administración local tiene estos días en caja unos 15 millones de euros, suficiente para afrontar los gastos comprometidos.

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