Una reliquia de la minería entre el BIC y la ruina

Los edificios y la maquinaria de esta reliquia amenazan con venirse abajo de forma definitiva, en medio de una batalla judicial y administrativa entre el conocido empresario Tomás Olivo, dueño de esta finca situada en Alumbres, y la Comunidad Autónoma. La movilización de la Fundación Sierra Minera ha devuelto a la actualidad la precaria situación de un complejo que el Ayuntamiento de Cartagena declaró en ruinas y la Comunidad Autónoma, Bien de Interés Cultural (BIC).

«El conjunto presenta un estado lamentable. Ha sufrido un gravísimo proceso de degradación y de expolio, acelerado en los últimos diez años ante la pasividad absoluta de sus propietarios, que no han tomado ninguna medida de conservación, custodia y protección, a las que están obligados por ley», ha denunciado la Fundación. Esta entidad sin ánimo de lucro, que tiene como presidente al exdirector general de Cultura de la Comunidad Juan Miguel Margalef y como gerente a Pedro Martos, ha alertado de que las instalaciones «representan un grave peligro para las personas, niños incluidos, que a veces se adentran en la zona». «El caso más grave», comentan, «es el del pozo de la Mina de Nuestra Señora de Los Ángeles».

Limpieza y señalización

Estos activistas del patrimonio vieron, hace unos días, cómo Emasa Empresa Constructora SA, la titular de la parcela, presentaba una denuncia ante la Guardia Civil para impedir una visita guiada. Alegó que existía «peligro para la integridad de las personas» y resoluciones judiciales sobre el alcance de las obras de conservación pendientes de ser dictadas.

El recorrido, organizado desde el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, del que se ocupa la fundación, fue aplazada, tras prohibir el paso la empresa. Después, un grupo de personas entró y se fotografió para denunciar «el grave incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, que obliga a los propietarios de BIC a facilitar la visita pública de los mismos al menos cuatro días al mes». Una denuncia similar sobre la Catedral Antigua de Cartagena, realizada por la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad, llevó a Cultura en 2016 a forzar al Obispado a abrir el templo.

Para Pedro Martos, es «penoso que la única actuación de los propietarios de La Parreta sea la de intentar impedir la visita, cerrando los días anteriores el camino de acceso y colocando carteles con el texto 'Prohibido el paso. Zona muy peligrosa'».

La catalogación de la Sierra como BIC llegó en el año 2015, tras 29 años de trámites. Pero, según la fundación, es papel mojado cuando la Dirección General de Bienes Culturales no logra una protección efectiva, ni la Consejería -que gestiona también Turismo y Medio Ambiente- no impulsa la generación de empleo y riqueza en torno a un patrimonio cuya diversidad le confiere un valor especial.

La finca de Olivo, uno de los empresarios más ricos de España gracias a la construcción y gestión de centros comerciales, forma parte del Cerro de La Parreta de Alumbres. Este es uno de los ocho sectores del Sitio Histórico de la Sierra Minera. La zona ocupa 244.000 metros cuadrados y está situada junto a la carretera N-332. La protección incluye, parcial o totalmente, las concesiones mineras San Simón, Manolita, Nuestra Señora de Los Ángeles e Impensada; y oficinas, casas de máquinas, castilletes, chimeneas, lavaderos y otros elementos e infraestructuras minero-metalúrgicas; yacimientos arqueológicos; y bienes muebles e inmuebles.

La Consejería realizó un primer informe en junio de 2016 y, en febrero de 2017, trasladó a la propiedad y al Ayuntamiento una «propuesta de actuaciones de conservación». Entre otras cosas, instó a realizar una limpieza de escombros, consolidar edificios, poner señalización adecuada y cerrar el paso a vehículos y dejar paso a peatones. El Servicio de Patrimonio Histórico rechazó la pretensión de la mercantil de acometer una demolición parcial. Y, a día de hoy, según Cultura, «la propiedad ha evitado realizar actuaciones alegando distintas circunstancias y ha presentado un recurso de alzada contra la orden de presentar un proyecto de intervención». En medio del lento transcurrir de la burocracia, el tiempo pasa y La Parreta va a peor.

Polémica por una visita

La Consejería afirma que la declaración municipal de ruina «no es incompatible» con la rehabilitación a cargo del dueño. En el caso de las oficinas, pide recuperar el escudo y las letras de la «Montañera SA», que adornaban y acabaron por los suelos.

Emasa (propietaria en Cartagena de los terrenos del Plan Rambla y que logró que la Justicia anulara el Plan General Municipal de Ordenación Urbana) tiene recurridas las órdenes de realización de obras de consolidación. Además, presentó un pleito contra la Comunidad, por la aprobación definitiva del BIC.

La mercantil pide esperar a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se pronuncie sobre el alcance de la declaración de ruina del entorno. Esta fue dictada en 2015 por el Ayuntamiento, cuya Concejalía de Urbanismo dice que cumplió su obligación y que su decisión «no limita» ninguna actuación que ordene Cultura.

Las posturas están tan enconadas que, según fuentes de Emasa, esta compañía envió un correo electrónico a la Fundación afeándole el cobro de 6 a 20 euros a los visitantes. Para Martos, es una reacción «miserable» por parte de una empresa «a la que no le falta precisamente el dinero» y que, «lejos de mostrar un compromiso social con la recuperación del patrimonio histórico de su municipio y su comarca, carga contra una entidad que cobra lo justo para pagar a los guías de esta y otras visitas sobre el patrimonio y el paisaje de la zona»