La puesta en marcha del segundo juzgado de Familia se retrasa ahora hasta otoño

Jueces, fiscales y abogados, en noviembre en Murcia, en una reunión sobre los juzgados de Familia convocada por el TSJ./Edu Botella
Jueces, fiscales y abogados, en noviembre en Murcia, en una reunión sobre los juzgados de Familia convocada por el TSJ. / Edu Botella

La decisión de abrir el Instancia número 7 el 30 de septiembre enfada a los abogados, que alertan otra vez del perjuicio para miles de niños y de padres

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Era esperado como agua de primavera, en concreto de marzo, pero no llegará hasta otoño. La puesta en marcha del segundo juzgado especializado en la jurisdicción de Familia en el partido de Cartagena, denominado Primera Instancia 7, ha sufrido un nuevo retraso. Tras años de demora en la creación de este órgano, autorizado al fin en octubre pasado por el Gobierno central, la apertura queda al final para el 30 de septiembre. Así lo ha decidido el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para indignación de los abogados, que han vuelto a alertar de los perjuicios que, entre otros ciudadanos, sufrirán miles de niños y padres, en casos de divorcio y separación de estos.

«Sentimos una frustración absoluta y un profundo malestar por este nuevo e injustificado retraso en la apertura de un juzgado, que es imprescindible para acabar con la situación de colapso que sufre la jurisdicción de Familia, y por lo tanto miles de ciudadanos de toda la comarca», comentó ayer a 'La Verdad' el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro.

Fuentes judiciales aseguraron que, hasta la semana pasada, desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, cuyo presidente es Miguel Pascual del Riquelme, se manejó como previsión ante el citado Colegio que el nuevo juzgado echaría a andar en marzo. Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que días atrás los responsables de la Administración de Justicia en España ya habían optado por que el Instancia 7 iniciara su trabajo en el último trimestre del año.

«Malestar profundo» con el Ministerio y con el Poder Judicial, por «frustrar» la previsión de arrancar en marzo Urgen a señalar vistas por la tarde y un día más a la semana, para resolver custodias y el pago de alimentos

De hecho, no fue hasta el pasado jueves, día 22, cuando el Consejo publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la disposición en la que atribuyó al nuevo órgano del ámbito civil la especialización en Familia, como venían reclamando desde operadores judiciales -como abogados y procuradores- hasta jueces, fiscales y fuerzas sindicales de Justicia. En concreto, el CGPJ hizo oficial en el BOE el acuerdo del 8 de febrero pasado de su Comisión Permanente por el que el juzgado conocerá asuntos «en materia de familia, capacidad e internamientos involuntarios». Este diario pidió información al TSJ, pero no hubo respuesta.

Diversas fuentes vincularon la nueva demora con el hecho de que el Gobierno de España no haya aprobado aún los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con problemas con el alquiler de un local para ubicar el juzgado, puesto que no queda sitio libre en el Palacio de Justicia, en la calle Ángel Bruna. Esta última carencia de espacio remite, a su vez, a la falta de fechas para el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia, otra reivindicación histórica en Cartagena.

«La comisión de Familia del Colegio de Abogados ha mantenido, en las últimas semanas, distintas reuniones con el Juzgado de Primera Instancia 6, con la Fiscalía y con el TSJ, para tratar de consensuar medidas que contribuyan a paliar la saturación en los procedimientos de Familia. Y, en todo momento, contábamos con disponer en breve de un nuevo juzgado», indicó Antonio Navarro. Y recordó que «no es suficiente» con tener una juez y un juez de refuerzo, como ahora, sino que hacen falta «tres jueces y los funcionarios del nuevo juzgado».

«Ante la frustración que nos produce el que no venga ya a Cartagena el segundo órgano de Familia, vamos a redoblar la presión para que se adopten medidas de manera urgente», añadió el decano de los letrados, que relevó en el cargo a finales de enero a José Muelas. Además, señaló que se trata de «aliviar, al menos, los efectos que, sin duda y lamentablemente, sufrirán los ciudadanos por este retraso adicional, totalmente imprevisto y que nos ha dejado descolocados».

Demoras de hasta un año

Entre las propuestas estudiadas en los encuentros mantenidos por letrados, jueces y fiscales están el señalamiento de vistas por la tarde y también un día más a la semana, para la adopción de resoluciones provisionales. Una de las cuestiones que más preocupación genera es la lentitud en las llamadas medidas «provisionalísimas», aquellas que exigen urgencia por referirse, por ejemplo al régimen de visitas, cuando hay conflicto por la custodia de los hijos en casos de divorcio y de separación.

El atasco en Cartagena es tal que transcurre una media de ocho meses entre la solicitud de medidas cautelares y su resolución por parte del juzgado, y un año entre la interposición de una demanda y la celebración de la vista. Esto «crea situaciones insostenibles en la pareja y, sobre todo, causa un perjuicio a los hijos menores de edad», lamentó Navarro. Y anunció que convocará, para los próximos días, una reunión de su equipo directivo para analizar lo ocurrido.

En un informe aprobado el 8 de noviembre por la Junta de Gobierno del Colegio y divulgado el día 24 de eses mes, los abogados denunciaron lo «preocupante e insoportable» de los retrasos. Además, expusieron numerosas anomalías en el funcionamiento del Instancia 6 y su impacto sobre letrados y ciudadanos en general.

Los letrados calificaron de «inaudito» que «unos niños tengan que esperar un año o más para que se articule un régimen de guarda y custodia, un régimen de estancias con quien no sea custodio o la forma en que se hayan de atender sus necesidades alimenticias en el más amplio sentido: alimentos, salud, educación, habitación, etcétera».

Sobre situación de incapacidad de los mayores, el escrito alertó de que «personas de muy edad avanzada, con padecimientos psíquicos graves, irreversibles, como demencias, se topan con que la Administración de Justicia no les atiende durante meses».

La abogada Mar Florenciano, especialista en Familia y que pertenece al grupo de profesionales del Colegio encargado de esta materia, comentó a este diario que hay situaciones «muy preocupantes», como el impago de pensiones alimentarias, en familias afectadas por el paro y con problemas para hacer frente a la hipoteca, y la «alienación parental» de los menores.

Menores y ancianos

«Hay niños -explicó la letrada- que, por su edad o por ser fácilmente influenciables, se ponen en contra del progenitor que ha abandonado o que ha tenido que abandonar el domicilio. Eso crea una situación de hecho de cara a la solicitud de la custodia compartida cuando, al pasar por el equipo psicosocial del juzgado, se evidencia que los niños están claramente influenciados por haber estado meses viviendo solo con el padre o con la madre».

También hay personas que solicitan la incapacitación de ancianos, para garantizarles la protección del Estado y evitar que tomen decisiones lesivas incluso para sí mismos, y ven cómo aquéllos fallecen antes de que el juez resuelva.

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