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Sábado, 23 de junio 2018, 01:09
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«El grado de inseguridad de las instalaciones es, y era, tal que las escasas demoliciones llevadas a cabo son anecdóticas respecto del peligro existente. La única manera de eliminar el riesgo por completo es ejecutar una demolición integral de todas las edificaciones, especialmente de aquellas equipadas con elementos elaborados con amianto; sin embargo, lo que se ha realizado en la parcela es una pequeña demolición parcial y sin traslado a vertedero de los residuos, generando así un segundo problema paralelo».
Ésta es la advertencia que el arquitecto Andrés Buyo realizó en marzo de 2017 al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en un dictamen pericial solicitado por su Sala de Lo Contencioso Administrativo en el pleito entre la Autoridad Portuaria de Cartagena y el empresario Paco Gómez sobre la propiedad de los terrenos que la factoría de Peñarroya ocupaba en Santa Lucía.
El informe constató que, ante la «premura» por disponer de espacio para contenedores, el Puerto (bajo la presidencia de Adrián Ángel Viudes) decidió mantener «mantener la mayor parte de los edificios e instalaciones» e ir «almacenando mercancía junto a edificios en estado ruinoso, depósitos de escombro y elementos con amianto». Con ello, asumió «un riesgo considerable para la integridad física de los trabajadores».
Pues bien, en apariencia sigue el potencial peligro expuesto al TSJ, que en su sentencia rechazó el intento del Puerto de anular la expropiación forzosa de la parcela y recuperar los 1,3 millones de euros pagados en 2007 a Gómez (dueño de Invercón Reigo SL y expresidente del Efesé).
El Puerto usa la finca, situada frente al muelle de contenedores de San Pedro, para el acopio de material y escombros por parte de la empresa que remodela la senda peatonal de La Curra. Y fotografías de la parcela -de 65.000 metros cuadrados- tomadas por 'La Verdad' muestran placas de uralita rotas y abandonadas en el suelo, montones de tierra, escombros y naves semiderruidas.
El perito indicó que el derribo de «algunos muros y construcciones aisladas» no suprimió «el peligro existente, quedando la mayoría de edificios en estado ruinoso y con peligro de desprendimientos, además de infinidad de elementos con amianto», material potencialmente cancerígeno. Según el arquitecto, que incluyó fotos, «una demolición integral conllevaría, como mínimo, la redacción de un proyecto básico y de ejecución, con la correspondiente gestión de residuos; la solicitud de licencia al Ayuntamiento; el pago de tasas, la fianza y la licencia de obras; y la ejecución de una obra compleja y costosa». Eso enmendaría una actuación que supuso «el máximo beneficio, con el mínimo esfuerzo» y coste, «no para la eliminación de los problemas de seguridad, sino para conseguir el mayor espacio libre y horizontal para el almacenaje de mercancías».
«Estamos manteniendo reuniones para buscar las soluciones más adecuadas. Desde el punto de vista administrativo, se está trabajando en el procedimiento de expropiación, y en dar los pasos para ser los propietarios del terreno. En paralelo, estamos en contacto con Dirección General de Medio Ambiente [de la Comunidad Autónoma] para iniciar las medidas necesarias de eliminación de cualquier riesgo que pudiera existir, comenzando por el análisis de dicho riesgo y la caracterización de los elementos presentes en el suelo. Posteriormente, se verá qué medidas hemos de adoptar para conseguir el objetivo», informó una portavoz del Puerto. El presidente actual es Joaquín Segado, quien sustituyó en marzo a Antonio Sevilla. Este organismo, integrado en el Ministerio de Fomento, trabaja en un «calendario» de actuaciones a corto plazo y debe descontaminar también el suelo, afectado por residuos industriales.
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