Protección Civil rechaza recolocar a los voluntarios a los que echó y convocará plazas de funcionario

Un socorrista de Protección Civil, en una playa de La Manga, en una imagen de archivo.
Un socorrista de Protección Civil, en una playa de La Manga, en una imagen de archivo. / Vicente Vicens / AGM

Seis sentencias de la jurisdicción de lo Social obligan al Ayuntamiento a readmitir a personal del que prescindió o pagar un despido improcedente

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El cierre de la base de Protección Civil en octubre de 2016, que funcionaba como un servicio municipal, administrado por coordinadores voluntarios que cobraban hasta mil euros al mes por cabeza, ya ha tenido consecuencias en los tribunales. Seis sentencias de la jurisdicción de lo Social obligan al Ayuntamiento a readmitir a media docena de coordinadores por despido nulo. El concejal de Seguridad, Francisco Aznar, se niega a recolocarlos, porque tiene en mente una verdadera profesionalización del mando de ese departamento con la convocatoria de algunas plazas de funcionario, probablemente en 2018.

Aznar y el gobierno local del que forma parte heredaron un servicio en el que solo el coordinador, José Navarro, era trabajador del Ayuntamiento, a las órdenes del jefe de Bomberos, Francisco Gómez Ávalos. A su cargo tenia a 200 voluntarios entre los que una docena hacían de mandos intermedios. Se ocupaban de la central de comunicaciones, en el Parque de Seguridad.

Varias presuntas vejaciones por las que algunos voluntarios denunciaron a Navarro llevaron a suspender a este último en sus funciones y sustituirle, en febrero de 2016, por Martín Toledo, un bombero que fue coordinador tres meses, hasta su renuncia. En verano del mismo año, como en los seis anteriores, se reeditó el sistema mixto de salvamento en playas, con una treinta trabajadores contratados por una empresa, mezclados con los voluntarios de Protección Civil.

A mediados de julio tuvo lugar un plante. El motivo fue la negativa de Aznar a aceptar que los coordinadores se convirtieran en trabajadores laborales del Ayuntamiento. El servicio continuó hasta finales de septiembre, pero en octubre el concejal cerró la central de comunicaciones, anuló la lista de voluntarios y creó otra nueva sin los coordinadores. Once de ellos reclamaron en los tribunales sus derechos.

En lo que va de año, media docena de los casos defendidos por el abogado Francisco Antón contra el Ayuntamiento han supuesto que tres juzgados reconozcan que «la relación existente entre los actores y el organismo demandado debe ser calificada como laboral». «No cabe duda de que se trató de una prestación se servicios por cuenta ajena, en cuanto que se atendía una actividad permanente del Ayuntamiento», indica uno de estos fallos, que también considera que las dietas de 40 euros por servicio eran «una retribución laboral».

La decisión puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Pero recurra o no el Ayuntamiento, lo que Aznar rechaza es la reposición de esos voluntarios. «No vamos a hacer empleados municipales a personas que no sabemos por qué méritos pudieron entrar», indicó. Eso supondría un desembolso económico que todavía debe ser evaluado. Entre tanto, Aznar planea crear plazas para funcionarizar a los futuros mandos.

Los fallos del servicio «se le descontarán» a la empresa

Las peticiones de responsabilidades llevadas a cabo por Cartagena Sí Se Puede (Podemos) respecto a una sucesión de presuntos fallos en el servicio de salvamento en playas, este verano, han sido recogidas por el concejal de Seguridad, Francisco Aznar, que aseguró que tiene pensado hacer un balance parcial a final de mes para «descontar de la primera certificación que presente la empresa los fallos que ha habido». «Ya se lo hemos dicho al director del contrato», explicó el edil en el último pleno municipal, el martes. Entre las deficiencias denunciadas por Pilar Marcos, de Podemos, en esa sesión están la falta de socorristas suficientes para cubrir todas las funciones en los puestos, la escasa capacitación de algunos de ellos, la falta de material, la desorganización de las jornadas de trabajo y las disfunciones en el pago de los salarios. «Estamos encima del cumplimiento del contrato. Yo mismo visité los puestos de vigilancia el pasado 18 de julio y comprobé que en su mayoría funcionaban bien, aunque me hablaron de problemas con el equipamiento en el de Islas Menores», añadió.

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