Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca ultiman en Cartagena su propuesta de ley de vivienda

El público atiende a una ponencia durante la XXI Asamble Estatal de las PAH./PAH Valencia
El público atiende a una ponencia durante la XXI Asamble Estatal de las PAH. / PAH Valencia

El texto recoge la dación en pago retroactiva, la detención de los desahucios, el alquiler y la vivienda asequible y los suministros eléctricos y de agua garantizados

EFECartagena

Representantes de 253 Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reunieron este sábado en Cartagena para ultimar su propuesta de ley de vivienda, que incluye la dación en pago retroactiva, la detención de los desahucios, el alquiler y la vivienda asequible, y los suministros energéticos y de agua garantizados.

Así lo declaró el portavoz de la PAH en la Región de Murcia, Francisco Morote, quien subrayó que esta ley estatal resolvería el problema de «emergencia habitacional» en España, que provoca la «vergüenza» de ver cómo fueron expulsadas de sus viviendas medio millón de familias.

En el marco de la XXI Asamblea Estatal de este colectivo, Morote recordó a las administraciones que con un texto como el que terminaron de perfilar en la reunión celebrada se hubiese garantizado el derecho a una vivienda y se evitarían estos desahucios.

La Asamblea tiene previsto aprobar un calendario de actuaciones que contempla una reunión con los partidos para que se comprometan a asumir los postulados de esta legislación, su posterior registro en el Congreso de los Diputados y un posterior proceso de movilización.

Morote exigió al Gobierno regional que desarrolle la Ley de la Vivienda de la Región, que se suspendió tras el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central.

Sin embargo, recordó que el Tribunal Constitucional levantó recientemente la suspensión de la ley sobre el apartado 2 del artículo segundo de esta norma, que obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.

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