Les piden 5 años por estafar a ingleses con pisos en La Manga

Sucursal de La Caixa en La Manga, en una foto de archivo./Antonio Gil / AGM
Sucursal de La Caixa en La Manga, en una foto de archivo. / Antonio Gil / AGM

La Fiscalía acusa a dos empleadas de banca y a otras cuatro personas de apropiarse de 17 millones, con falsos préstamos para comprar y reformar casas

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Una macroestafa a decenas de británicos en La Manga y a un banco español, en pleno 'boom' inmobiliario. Eso es lo que aseguran tener acreditado la Fiscalía y La Caixa, y lo que juzgará la próxima semana la Audiencia Provincial en Cartagena. Esta sentará en el banquillo a seis personas, acusadas de un delito de estafa continuada, o alternativamente de uno de apropiación indebida continuada, por quedarse presuntamente 17,3 millones de euros procedentes de 327 préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, y de otros 2,1 millones de 99 préstamos personales, entre los años 2005 y 2007.

La directora y la subdirectora de la sucursal en La Manga en ese periodo, y cuatro miembros de ocho sociedades inmobiliarias (un abogado español y tres empresarios británicos), se enriquecieron supuestamente a costa de ciudadanos del Reino Unido a los que convencieron para comprar o reformar casas entre el Mediterráneo y el Mar Menor, en los municipios de Cartagena y San Javier. Cada uno de los acusados afronta la petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros de multa, así como la devolución, «conjunta y solidariamente» de 17.312.809 euros al perjudicado, o sea La Caixa.

La supuesta trama, cuya investigación judicial desveló 'La Verdad' en julio de 2012, se cebó con habitantes de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. También hay afectados de Liverpool, según fuentes judiciales. De hecho, veinte compradores y prestatarios que residen en la primera de esas ciudades están citados a declarar por videoconferencia.

El escrito de acusación del Estado explica el rol de cada uno de los seis procesados. Respecto a las españolas A. C. A. y M. L. B. B., jefa y subjefa respectivamente de la sucursal ubicada en la Gran Vía de La Manga, indica que desde septiembre de 2005 al mismo mes de 2007, «concedieron 327 préstamos hipotecarios y 78 préstamos personales a múltiples individuos del Reino Unido, para financiar la adquisición de diversos inmuebles en la zona».

A. P., representante y propietario de Eden International La Manga SL, aportó los inmuebles, de Promociones Anfisa SA, Peinsa 97 SA, Maja Hoteles SL, Veneciola SL y Ladera Dos Mares del Mediterráneo SA; y C. J. R. W., representante de Veneziola Solutions SL, así como J. C., también «intermediario inmobiliario, proporcionaron la mayor parte de los compradores».

Por último, el español J. C. C., socio y administrador de Independent Consultants La Manga SLU, «en su condición de abogado, actuó como mandatario de los compradores ante el banco y como apoderado de los prestatarios en las cuentas corrientes. Incluso fue «traductor asesor».

Un producto financiero

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, de cara a la vista oral del martes y del jueves próximos, las acusadas colocaron productos de inversión como si fueran hipotecas. Recurrieron a un producto financiero denominado 'hipoteca asegurada' que, según la normativa bancaria, solo podía utilizarse para financiar la adquisición de viviendas habituales; y eso, además, previa acreditación de solvencia. Sin pedir avales u otra «garantía adicional», las trabajadoras se «extralimitaron» en su capacidad de dar hasta 400.000 euros, y financiaron hasta el 97% del valor de tasación de los inmuebles, cuando el tope para vivienda habitual es del 80%.

Como los créditos estaban «muy por encima del precio real que se pagó por las viviendas», se generó un «excedente» de 17.312.809 euros. Y esa diferencia del 157,26%, entre los 67.796.271 euros de los préstamos y los 46.241.770 de las escrituras, acabaron en los bolsillos de los implicados. Estos, «con ánimo de enriquecerse ilícitamente, dispusieron [del dinero] en beneficio propio o de las sociedades a ellos vinculadas», resume la fiscal. Y añade que en el caso de los 99 créditos personales, no se emplearon en reformar casas sino en maniobras como retrasar el «impago masivo» de los préstamos hipotecarios» y abonar «cuantiosas comisiones» a los implicados y a sus empresas.

La Fiscalía considera a las inmobiliarias responsables civiles subsidiarias y pide desimputar a dos empleados de la empresa que tasó los inmuebles. La Caixa, que despidió a las trabajadoras, canceló «casi todos» los préstamos y condonó la deuda, con la dación en pago de las casas, ejerce la acusación particular.

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