Un perito de la acusación admite que la licencia que anuló Segado caducó

Joaquín Segado, esta semana, en primer plano./José María Rodríguez / AGM
Joaquín Segado, esta semana, en primer plano. / José María Rodríguez / AGM

Visto para sentencia el juicio por prevaricación contra el presidente del PP y exedil de Urbanismo por invalidar un permiso de obra en La Azohía

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El perito que la acusación particular presentó para apoyar su querella por prevaricación administrativa contra el exconcejal de Urbanismo y presidente local del PP, Joaquín Segado, admitió ayer que el político y sus subordinados cumplieron el plazo legal antes de decretar la caducidad de la licencia para construir en La Azohía, por la que se les imputa ahora haber dictado, presuntamente, una resolución injusta a sabiendas. «¿Transcurrieron seis meses desde que los promotores firmaron el acta de replanteo de esa licencia hasta que se decretó la caducidad?», le preguntó le letrado de un funcionario acusado. «Así fue, eso no tiene vuelta de hoja», reconoció el experto Mariano de la Villa.

El juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena dejó vista para sentencia la causa en la que Segado, el exjefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, y la letrada de ese departamento, P. R. están acusados de prevaricación administrativa. La acusación particular, que corresponde a la empresa Alojamientos Turísticos La Azohía SL, les achaca también una expropiación ilegal, porque cree que formaron una «trama» para anular en 2010 una licencia de 2005 que permitía hacer 24 alojamientos turísticos en una parcela del litoral oeste.

Mariano de la Villa fue citado en el último momento como autor del informe que sirvió a esa empresa para ganar al Ayuntamiento el pleito por la misma causa en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, con una indemnización de 3,4 millones de euros. El fallo no es firme. A su juicio, la anulación de la licencia fue «irregular», por el «cúmulo de incorrecciones» del procedimiento. Insistió en que pasaron cuatro años entre la expedición del permiso de obras y el aviso a la mercantil, en 2009, para hacer el acta de replanteo, que es imprescindible para iniciar la obra. También puso en duda la pertinencia de ese llamamiento, una vez aprobado inicialmente en 2008 el Plan Urbano que calificaba la parcela de uso público. La obra no llegó a comenzar.

Sin embargo, el perito admitió que tras la firma del acta de replanteo, el plazo de caducidad se cumplió. También respondió, tras una pregunta directa del juez, que sin la licencia de actividad, que la mercantil nunca llegó a tener, no había posibilidad de abrir los apartamentos turísticos.

Durante la vista oral, uno de los representantes legales y cotitular de la empresa querellante José Ángel Banet sufrió una indisposición y salió de la sala con gran rapidez. Eso obligó a parar la vista hasta que un socio, que fue tras él visiblemente afectado, volvió y aseguró que la indisposición no era grave. Banet es directivo del partido Ciudadanos en la Región de Murcia.

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