La patronal del sector logra anular otra vez el concurso de jardines

El Tribunal de Recursos Contractuales prohíbe al Ayuntamiento dejar fuera las ofertas de empresas «que operen en paraísos fiscales»

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

Por segunda vez en lo que va de año, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (Aseja) ha logrado frenar el concurso público convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el mantenimiento de los jardines. Si a principios de año, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya le dio la razón porque el Ayuntamiento no publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la Unión Europea y cuestionó el procedimiento de valoración de ofertas, más propia de una subasta, al puntuar la parte económica muy por encima de la técnica, ahora impide que las empresas concurrentes tengan que aportar una declaración responsable de no operar en paraísos fiscales.

Dicho órgano oficial, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, reconoce en su resolución la legitimidad de la patronal del sector para presentar el recurso y también hace suyos sus argumentos. En concreto, el Tribunal da la razón a Aseja porque el Ayuntamiento establece en su concurso un límite -la contratación con empresas que trabajan en paraísos fiscales- que no está incluido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al que se atribuye el carácter de legislación básica en materia de contratación administrativa en España. En su resolución de 15 de septiembre, el Tribunal recuerda al Ayuntamiento que «cualquier requisito para contratar que exceda los establecidos en la Ley es contrario a Derecho y por tanto causa de nulidad de la licitación».

Como consecuencia de ello, la empresa FCC seguirá prestando de manera prorrogada el servicio de mantenimiento de 873.000 metros cuadrados de parques y jardines del municipio, que expiró el 1 de enero de 2013. Mientras tanto, la Concejalía de Hacienda, que dirige Isabel García (del partido MC), deberá elaborar un pliego de condiciones sin tacha legal para que la próxima convocatoria pueda finalizar con la adjudicación del servicio a la empresa que presente la mejor oferta económica y técnica.

En el último concurso, ahora anulado, el servicio salió a licitación con un presupuesto de 9,7 millones de euros por dos años

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