La oposición social al proyecto llevó a hablar de una permuta

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, a instancia de uno de estos colectivos, complicó la cuestión, ya que en ella se establecía que la parcela no podía tener un uso privado. Por eso, Martínez Moncada accedió, según relató, a discutir con la empresa la posibilidad de negociar una permuta. A preguntas de los letrados de la acusación, el técnico aseguró que la promotora estaba de acuerdo en hablarlo, lo cual le llevó a pensar que no quería hacer ninguna obra.

Finalmente no se hizo ningún convenio de permuta. Pese a los intentos de la acusación particular de establecer que la actuación de los tres acusados perjudicó a sabiendas a la promotora, el letrado del Ayuntamiento se empleó a fondo en decir que ese perjuicio no fue responsabilidad suya ni tampoco de la Administración local. El motivo del representante municipal es que hay una sentencia de la jurisdicción contenciosa que estima en 3,4 millones de euros la indemnización que le corresponde a la sociedad. No es firme y el Ayuntamiento ha anunciado su intención de recurrirla.