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Sábado, 27 de enero 2018, 10:13
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Los grupos municipales MC, Ciudadanos (Cs) y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) exigieron este viernes a la alcaldesa, la socialista Ana Belén Castejón, la apertura de una investigación sobre la gestión del contrato de limpieza viaria y basuras, del que se encarga la empresa mixta Lhicarsa. Esta sociedad, donde Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) tiene el 90% del capital y el Ayuntamiento el 10%, ha incurrido en numerosos incumplimientos de sus obligaciones y puede haberse beneficiado de una modificación encubierta del contrato inicial, según recoge un informe desvelado ayer por 'La Verdad'.
Todos los grupos de la oposición, salvo el PP, reclamaron la reacción inmediata de Castejón, tras conocer los «problemas» y posibles irregularidades detectados por la Concejalía de Infraestructuras, como la falta de inversiones y de personal en la limpieza de calles y en la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos domésticos; desfases entre ingresos y gastos, así como pagos duplicados; indicios de contaminación del vertedero y de un acuífero; y cambios sustanciales en el contrato, a través de decisiones empresariales y de la prórroga hasta el año 2030 aprobada por el Consistorio, durante la etapa de gobierno del PP.
MC, que hasta hace dos semanas compartió el Ejecutivo con los socialistas y que gestionó precisamente el área de Infraestructuras, instó a Castejón a aclarar todas las dudas sobre estos servicios públicos en el Consejo de Administración de Lhicarsa, que presidirá ella el próximo 5 de febrero. Asimismo, los cartageneristas anunciaron que solicitarán en el próximo Pleno, el día 8, constituir una comisión de investigación, al igual que la recién aprobada para abordar la gestión del servicio de aguas por parte de la concesionaria Hidrogea, cuyo contrato fue también prorrogado hasta 2042 en la etapa del PP.
Ciudadanos optó por plantear la convocatoria, también inmediata, de una Junta de Portavoces Extraordinaria, donde el equipo de gobierno dé cuenta del informe; y que los grupos de la oposición sean invitados al Consejo de Lhicarsa, para que haya transparencia y mejore el control público.
Cs y Cartagena Sí Se Puede coincidieron, además, en la necesidad de que se constituya sin más retraso el Observatorio de la Contratación Municipal, un organismo aprobado por el Pleno parar reforzar el control de los contratos. Podemos denunció, además, que la página web del Consistorio no recoge datos actualizados sobre Lhicarsa y acusó a Castejón de incumplir la ley, en cuanto a la obligación de calcular antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios.
«Como ya sucedió con el agua, la alcaldesa ha hecho caso omiso a los técnicos, en cuanto al control y la fiscalización, y ha anunciado acuerdos con la concesionaria para lanzar un plan de choque de limpieza y actualizar un contrato 'obsoleto'. El choque que demandan los ciudadanos es exigir a Lhicarsa que cumpla, que limpie las calles con más trabajadores y mejores máquinas, que le pagamos desde hace años», criticó el presidente de MC, Jesús Giménez.
Este exigió «que la alcaldesa requiera formalmente a Lhicarsa a invertir los 5 millones de euros que ya hemos pagado; que aumente la plantilla en los más de 20 trabajadores que faltan en el servicio de limpieza, y otros tantos en el de recogida; y que haga una propuesta para compensar los años que presta con un servicio inferior al establecido en el contrato», que cuesta 36 millones de euros al año.
MC también demanda un listado completo de contrataciones y bajas de personal desde el 1 de enero de 2015. Quiere conocer si ha habido posibles enchufes de personas afines al PP o a otras formaciones, como los que investigará el Ayuntamiento de Murcia, a raíz de unas palabras que han forzado la dimisión de Roque Ortiz como concejal de Fomento.
El portavoz de Cs, Manuel Padín, mostró su «preocupación», porque «es evidente que no están haciendo las cosas bien» y «el servicio no cubre las necesidades que tenemos». Apostó por «actualizar y reorientar el contrato con la empresa», exigir a FCC que cumpla «escrupulosamente sus obligaciones» y «fiscalizar hasta el último resquicio de su gestión».
Pilar Marcos, portavoz de Podemos, lamentó «la opacidad, el oscurantismo y la falta de control técnicos y económico» del servicio. Y puso como ejemplos que se desconoce los costes e ingresos de 2016 y 2017 y el descontrol en el vertedero.
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