La ocupación de viviendas en la zona de la Serreta sigue y eleva el riesgo de «conflictos»

Vista de la calle San Vicente, situada en pleno casco histórico y donde hay edificios enteros ocupados. /PABLO SÁNCHEZ /AGM
Vista de la calle San Vicente, situada en pleno casco histórico y donde hay edificios enteros ocupados. / PABLO SÁNCHEZ /AGM

Hacienda pide el desalojo de decenas de pisos de una herencia fallida, y la alcaldesa advierte de la «dificultad de realojar a tantas familias si hay desahucios masivos»

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Ochenta y nueve inmuebles urbanos, once fincas rústicas y cuatro cuentas corrientes, acciones, fondos de inversión, seguros de vida por un importe cercano al millón de euros... La herencia que, al morir, dejó hace tres años Pedro Montoro Ros, funcionario jubilado del Ayuntamiento de Cartagena cuyos herederos renunciaron a los bienes ante la imposibilidad de pagar el Impuesto de Sucesiones, se ha convertido en un dolor de cabeza para ésta y otras instituciones de la ciudad, como la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. La ocupación masiva de los pisos que este vecino tenía en propiedad en las calles Serreta y San Vicente, en pleno casco histórico, no solo están causando un sinfín de problemas legales a las administraciones públicas, sino que ha deteriorado la convivencia en el barrio y amenaza con generar un choque a nivel político y social ante la posible orden judicial de desalojo multitudinario.

«Al fallecer el propietario y renunciar los herederos, el Estado, a través de Hacienda, asumió todo su patrimonio. Entonces, se produjo un efecto llamada y muchas familias acudieron a ocupar las viviendas. Otras, que tenían contrato de alquiler, algunos de ellos de dudosa legalidad, dejaron de pagar. En la actualidad, hay multitud de situaciones diferentes y la mayoría descontroladas, lo que ha propiciado situaciones de conflicto y que surjan oportunistas que están haciendo negocios ilícitos, como alquilarlas, proporcionar suministros básicos a cambio de dinero, etcétera», resumen a preguntas de 'La Verdad' en el gabinete de la alcaldía.

Ante las inquietantes informaciones recabadas a través de las áreas municipales de Servicios Sociales, Policía Local y Hacienda -donde según fuentes conocedoras del expediente se acumula ya un 'agujero' de unos 12.000 euros por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles-, la regidora, del PSOE, ha movido ya ficha ante el Gobierno de España, del Partido Popular.

Los vecinos denuncian que hay alquileres ilegales y Castejón pide a la Policía Local redoblar la vigilancia

La primera edil decidió «informar al delegado de Hacienda de las dificultades de realojar a tantas familias en el caso de desahucios masivos, teniendo en cuenta el perfil de vulnerabilidad de éstas». Además, técnicos de la corporación local mantuvieron reuniones con funcionarios estatales para que estos informaran «del proceso que estaban llevando a cabo para vender dichas casas o sacarlas a subasta, y para estudiar posibles formas de colaboración».

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Murcia, que depende del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, está tramitando el expediente de abintestato, para inscribir a su nombre e intentar vender los bienes. A esta herencia renunciaron «dos hermanas» del fallecido y «varios sobrinos», según publicó el 9 de julio de 2016 el Boletín Oficial del Estado (BOE). Del hombre no constaba «que hubiera estado casado ni tuviera hijos».

Ante un intento frustrado de acceder a un local donde, en principio, el dueño tenía almacenadas las llaves de las casas -los ocupas habían cambiado cerraduras y candados-, Hacienda formuló una denuncia en Comisaría. Y, según informaron a este diario fuentes policiales, los agentes dirigidos por el comisario Ignacio del Olmo identificaron a los inquilinos de las viviendas y dieron parte al juzgado de Primera Instancia que debe decidir sobre el desalojo instado por la administración estatal.

Agua y luz a costa del dueño

«Según contaron [los técnicos de Hacienda] en la reunión que Servicios Sociales tuvo con ellos, su intención era identificar a las personas que tenían algún derecho sobre las viviendas, es decir, contrato de alquiler, y ofrecerles la compra. Si estos no la aceptaban, tendrían que invitarlos a dejarlas para poderlas sacar a subasta; y si no lo hacían voluntariamente, tendrían que ir al desahucio», explicaron en la alcaldía. De igual forma, aseguraron que el Consistorio ha «tratado de identificar a los ocupantes y comprobar tanto su expediente en Servicios Sociales, si lo tuvieran, como si están empadronados en dichas viviendas y desde qué fecha». Con ello, las autoridades buscan identificar si los actuales inquilinos llegaron a cada una de las casas «antes o después del fallecimiento del propietario». Para ello, la Concejalía de Hacienda, un área que gestiona Carmen Martín del Amor, ha solicitado a Estadística los registros históricos de empadronamiento de las casas.

Aquellos de los que se sospecha que dieron una patada en la puerta para entrar a vivir en un piso, un bajo o una cochera -cosa que según fuentes vecinales ocurrió de forma simultánea en la mayoría de casas en agosto de 2015- han recibido la misma advertencia municipal. «Se ha informado a los ocupantes que han solicitado el empadronamiento de que su situación es ilegal y de que ésta constituye un delito leve o infracción administrativa, por lo que pueden ser juzgados, multados y desahuciados». Las fuentes consultadas por este diario explicaron que, en algunos casos, se ha detectado la artimaña de solicitar el empadronamiento, previa modificación de los datos de usuario en la empresa concesionaria del servicio de aguas.

En todo caso, el equipo de gobierno ha optado por combinar las acciones de control administrativo y policial con una política de apoyo social a los ocupas, muchos de ellos inmigrantes y entre los que hay menores de edad. El Ejecutivo de Castejón lo resume así: «Se les orienta para que normalicen la situación lo antes posible y no den lugar a ser desahuciados, si es que no van a poder comprar la vivienda. Y se ofrece apoyo económico a aquellas familias que no tengan medios, a través de una ayuda de carácter extraordinario para realojarse en otra vivienda».

Comisaría no ve inseguridad

Entre tanto, la tranquilidad y el clima de convivencia en el barrio sufre un progresivo deterioro. Los vecinos y comerciantes de toda la vida, que aceptan hablar a cambio de anonimato por temor a represalias, advierten de que las entradas ilegales en las viviendas de Pedro Montoro, a quienes apodaban 'el huevero', siguen sin que nadie les ponga freno.

Edificios en los que hay un trasiego de drogodependientes; gritos y discusiones de madrugada; alquileres fraudulentos de casas «por los que se cobra hasta 1.800 euros por la llave del piso, más una cantidad mensual»; subarriendos de habitaciones... la lista de quejas crece con el paso de las semanas. Y aunque Hacienda tuvo que solicitar el bloqueo de una cuenta del antiguo propietario a la que estaban asociados los recibos del agua y de la luz, para beneficio de «los señores ocupas», el sobrenombre que se han ganado ya en la zona, en la Comisaría llaman a la tranquilidad. Aseguran que es «un barrio tranquilo» a nivel de seguridad ciudadana. En el Palacio Consistorial, sin embargo, no lo tiene tan claro. Y, por si acaso, han «notificado a la Policía Local los hechos, para que se tengan en cuenta y se vigile la zona por posibles conflictos».

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