Nuevo revés al Ayuntamiento y al Estado por las expropiaciones del casco histórico

Vista de los terrenos del Molinete, con un edificio ya derribado en la antigua calle Sambazar, en una imagen de 1999./Antonio Gil / AGM
Vista de los terrenos del Molinete, con un edificio ya derribado en la antigua calle Sambazar, en una imagen de 1999. / Antonio Gil / AGM

La Justicia ordena pagar a los antiguos propietarios 330.000 euros por tres parcelas del Molinete, 23 veces más de lo que dijo Urbanismo y diez más que un tribunal provincial

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Ayuntamiento de Cartagena y la Administración General del Estado, de la que depende el Jurado Provincial de Expropiaciones, siguen recibiendo una lluvia de sentencias contrarias a los criterios que aplicaron durante años para compensar a los propietarios de terrenos enajenados en el casco histórico, con fines urbanísticos y arqueológicos. Por segunda vez en poco más de un año, la Justicia ha dado la razón a vecinos que rechazaron la valoración de sus fincas a precio de vivienda de protección oficial, en lugar de a precios de renta libre al tratarse de suelo urbano consolidado, e iniciaron una batalla en los tribunales.

Tomando como referencia la doctrina del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2016 reconoció a los tres antiguos dueños de un solar en la calle Honda el derecho a una compensación muy superior a la pretendida por el Consistorio y por el Jurado Provincial (al menos 129.826 euros y no 56.000), el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido un recurso similar de dos expropietarios de suelo en la zona.

Estos vecinos, un matrimonio ya jubilado, tenía dos solares en la calle de la Pólvora y uno en Sambazar con Ignacio García, expropiados en agosto de 2004 para continuar con las obras del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Molinete. Las dos primeras vías han desaparecido de la trama urbana, debido a la excavación del yacimiento arqueológico denominado posteriormente Barrio del Foro Romano, donde hay restos de los siglos I Antes de Cristo al III Después de Cristo.

Un matrimonio de jubilados logra una victoria en el TSJ 14 años después del inicio del plan de reurbanización El tribunal recuerda que la ley obliga a valorar el suelo a precios de vivienda de renta libre, y no protegida

En una sentencia dictada el 22 de febrero, y a la que ha accedido 'La Verdad', la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha anulado el justiprecio determinado en abril de 2009 por el Jurado Provincial de Expropiaciones, 33.161.85 euros, y ha elevado la cantidad a 329.515,20 euros. Teniendo en cuenta que hay que añadir el interés legal del dinero, el importe aumenta en torno a un 60% (198.000 euros), hasta los 528.000 euros.

El precio establecido en esta nueva resolución, contra la que cabe presentar un recurso de casación ante el Supremo, multiplica así casi por diez el importe fijado por el jurado adscrito a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Además, es más de 23 veces superior al dinero que el Consistorio de Cartagena, a partir de los cálculos realizados por el área de Urbanismo, ofreció al matrimonio que ha impulsado y ganado la demanda judicial: 14.246,59 euros.

Esta fue la cantidad incluida en el acta de pago municipal, fechada el 4 octubre de 2006 y firmada por el entonces concejal y vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Agustín Guillén (del PP) -la presidenta era la alcaldesa Pilar Barreiro-, y quien era gerente de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, Jacinto Martínez Moncada.

«Conforme a lo establecido en los artículos 25 y 28 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, aplicable al caso de autos, y al artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, la valoración del suelo no puede realizarse partiendo de los precios establecidos para las VPO [Viviendas de Protección Oficial], que es lo que hace el acuerdo del Jurado», argumenta el TSJ en su sentencia.

El tribunal, presidido por la magistrada María Consuelo Uris, admite en parte el recurso interpuesto por los demandantes -que reclamaban unos 579.000 euros- y calcula el justiprecio de los bienes expropiados basándose en «otras sentencias para la zona de Monte Sacro de Cartagena». En esas resoluciones, «se fijó un precio de 1.285 euros por metro cuadrado, como precio de mercado», y en el nuevo asunto la valoración se queda en 1.200 euros por metro cuadrado.

El abogado de los vecinos, Javier Meseguer Barrionuevo, argumentó que el Jurado Provincial de Expropiaciones corrigió al alza la compensación económica que pretendía dar el Ayuntamiento -y que sus clientes rechazaron-, pero mantuvo el criterio de valoración del suelo propuesto por el departamento e intervención urbanística municipal. Al actuar así, expone la sentencia, el Jurado «omitió de todo punto acudir a la regla de valoración» establecida por ley desde 1998: calcular el valor de la vivienda de renta libre.

Los cónyuges tenían una vivienda de 70 metros cuadrados y otras de 60 en la calle de la Pólvora, además de un piso en un edificio situado en la calle Sambazar, esquina con Ignacio García. Los tres inmuebles fueron derribados y, al entender que la administración les valoró muy a la baja los solares (el piso equivalía a una cuota del 11% de una parcela de 550 metros cuadrados), decidieron emprender una incierta lucha en los tribunales. «La sentencia del TSJ acredita que el valor de expropiación establecido por Casco Antiguo era un disparate, un despropósito, un verdadero abuso. El no haber realizado unas valoraciones razonables del suelo está suponiendo ahora, a raíz de las sentencias judiciales por el Molinete y el Monte Sacro, un gran sobrecoste para las arcas públicas», comentó Meseguer Barrionuevo.

«Abuso y angustia»

El abogado añadió que, en todo caso, la victoria judicial «no compensa la angustia, la desazón y el dolor sufridos» por sus clientes, que vieron cómo el empecinamiento de la administración frustraba sus planes para la jubilación y les forzaba a «emprender una incierta lucha judicial, en la que no sabían cuánto iban a poder cobrar ni cuándo».

Según los datos oficiales facilitados en octubre por la Sociedad Municipal Casco Antiguo, que podría ser liquidada este año debido a su deuda de unos 10 millones de euros, esta empresa ha tenido que abonar en los últimos años un millón de euros en 'indemnizaciones' por expropiaciones de terrenos infravalorados. A esta cantidad había que sumarle unos 400.000 euros por nuevas condenas.

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