La mercantil defiende su derecho a licitar las obras de renovación y a subcontratar

Camión de Hidrogea, en una imagen de archivo./Antonio Gil / AGM
Camión de Hidrogea, en una imagen de archivo. / Antonio Gil / AGM

Desarrollo Sostenible, área que gestiona MC, advierte de que la adjudicación de trabajos por parte de la mercantil vulnera el pliego y la Ley de Contratos

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La Concejalía de Desarrollo Sostenible pretende que la licitación de las obras quede exclusivamente en manos del Ayuntamiento, de manera que la concesionaria deje de licitar proyectos, y con ello de adjudicar contratos a subcontratas, que en algunos son de su propio grupo empresarial. Ante esta tesitura, Hidrogea hizo hincapié en que «la última palabra en materia de inversiones corresponde al Ayuntamiento, cuyos técnicos supervisan los proyectos y las obras».

En el proceso de contratación, aseguraron desde la mercantil, esta se rige por la ley 31/2007. Y esta, recordó, «establece las condiciones para adquirir bienes y servicios a empresas del agua», y «garantiza el cumplimiento de principios como la igualdad de trato y transparencia, a la vez que permite más agilidad en la contratación». «La adjudicación de los proyectos de inversión», añadieron en la mercantil, que pertenece al grupo Suez, «se realiza mediante puestas en competencia o licitaciones abiertas, por lo que las condiciones económicas son similares».

La Concejalía estaba dirigía hasta hace unos días por José López (de MC), destituido por insinuar que la alcaldesa, Ana Belén Castejón (que ha abierto una negociación oficial con la empresa), favorece a Hidrogea en reuniones ocultas para lograr una rebaja del recibo. Fuentes de este departamento, que ahora dirige la también edil de MC María José Soler, indicaron que «solicitar a Hidrogea que realice obras de ampliación de la red contradice el pliego de condiciones y la Ley de Contratos, lo que supone cometer una ilegalidad».

Las mismas fuentes señalaron que, «según el citado pliego, que está vigente hasta el año 2042, el Ayuntamiento estudia, entre otras cosas por la presión del grupo municipal Podemos, si la prórroga para los próximos 25 años aprobada en el año 2003 puede ser anulada por irregular y si establece la forma de planificar y pagar los trabajos de mejora.

Según el pliego, indicaron en el Ayuntamiento, «las obras de ampliación y renovación de las infraestructuras de los servicios son de exclusiva competencia municipal, siendo el concesionario obligado a participar en la financiación de las mismas, de manera total o parcial, a voluntad el Ayuntamiento».

Eso sí, todo ello se hará de esa manera «siempre que previamente se halle la forma de resarcir la inversión realizada, en el plazo de vigencia del contrato o de alguna de sus prórrogas».

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