Los letrados piden que las demandas por las hipotecas dejen de verse en Murcia

Afectados por las hipotecas, en los juzgados, en 2016. / J. M. R. / AGM

El Colegio de Abogados solicita otra vez devolver las competencias a los órganos locales, tras la «avalancha» de pleitos de los cartageneros

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Colegio de Abogados de Cartagena ha exigido públicamente que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cierre el Juzgado Único Hipotecario de la Región, y que reparta su tarea entre los 54 juzgados de primera instancia de toda la provincia, para frenar el «colapso» que ha generado ya la entrada de unas 1.500 asuntos durante su primer cuatrimestre de funcionamiento. De estas, según sus cifras, aproximadamente una cuarta parte, es decir una «avalancha» de alrededor de quinientas, han sido interpuestas por ciudadanos de Cartagena, tras las recientes sentencias sobre la ilegalidad de las cláusulas suelo y de los gastos de constitución de los préstamos de sus viviendas cobrados por los bancos.

El colectivo de letrados del partido judicial, que atiende a una población de 400.000 personas de la comarca, ha lamentado que sus previsiones «se están haciendo realidad», y que el Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia, al que han sido atribuidas las funciones hipotecarias, afronta ya trabajo para un año y cuatro meses. Si las demandas hubieran llegado, como hasta el 31 de mayo, a los juzgados de cada partido, aseguran los abogados, la carga de trabajo habría generado una demora adicional de tan «solo unas tres semanas».

El decano de los abogados cartageneros, José Muelas, rechazó las cifra oficial de cerca de 97 expedientes procedentes del área Cartagena, dentro de un conjunto de 1.074 en toda la Región, ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región respecto al primer trimestre: junio, julio y agosto.

Según Muelas, el criterio informático seguido por el órgano del Poder Judicial en la Región computa menos asuntos de los que realmente llegan desde Cartagena, y también desde Lorca, porque «tabula» la localidad del procurador que interpone la demanda, y no la del ciudadano en nombre del que se interpone el pleito. En consecuencia, no se tienen en cuenta circunstancias como que para asuntos que se dirimen en la capital los abogados cartageneros suelen recurrir a procuradores de Murcia, para evitar costes mayores; y que hay grandes despachos de Madrid que, gracias a su capacidad para anunciarse a nivel nacional, están atrayendo muchos clientes.

«No tiene sentido que, en los tres primeros meses de funcionamiento del juzgado provincial, hubiera 256 procedimientos interpuestos por ciudadanos de Madrid. Se trata de pleitos de ciudadanos de la Región que llevan bufetes de la capital de España», dijo Muelas. E insistió en que, por atendiendo al reparto de la población en la Región de Murcia, es «razonable» pensar que el 25% de esas demandas tienen que ver con conflictos del partido judicial de Cartagena.

El TSJ pide «refuerzos»

Muelas indicó que, en su opinión, el TSJ «ofrece datos falsos, porque no tiene interés en ofrecer los correctos. Quiere evitar el evidente conflicto territorial originado por las nefastas políticas del Consejo General del Poder Judicial, que son consentidas por el Ministerio de Justicia a pesar del evidente perjuicio para los ciudadanos de fuera de las capitales de provincia».

Fuentes del TSJ indicaron que la herramientas informáticas empleadas para obtener las estadísticas son gestionadas por el Ministerio de Justicia. Y señalaron que por el momento no es posible obtener las cifras de pleitos, según la localidad del demandante.

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, ha manifestado que el éxito del juzgado provincial dependerá de que el Estado «adopte los refuerzos necesarios», para evitar la lentitud en la resolución de los casos. En la actualidad, hay una juez y tres funcionarios dedicados en exclusiva al ámbito hipotecario.

Encuentro nacional de plataformas de afectados, hoy

Cartagena acoge hoy un encuentro nacional de plataformas de afectados por las hipotecas (PAH), en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La concejal de Servicios Sociales y Mediación Social, María del Carmen Martín, recibió anteayer a la Comisión Técnica Nacional y a representantes de la PAH de Cartagena. Martín destacó la labor divulgativa de este colectivo, que no se ha limitado a informar a los ciudadanos de sus derechos, sino que también ha ejercido una labor educativa, «enseñando al ciudadano para que sea él mismo quien lidere su proceso». A su vez, el Ayuntamiento puso en marcha hace dos años el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI).

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