Un juzgado absuelve a dos directivos de Zinsa de un delito ambiental

Terrenos de Zinsa /J.M.Rodríguez/ AGM
Terrenos de Zinsa / J.M.Rodríguez/ AGM

La sentencia, contra la que cabe recurso, se basa en las dudas sobre la responsabilidad de los encausados en el depósito de residuos en Torreciega

EFECARTAGENA

La titular del juzgado de lo Penal 1 de Cartagena absolvió a dos responsables de Española de Zinc S.A. de los delitos contra el medio ambiente en la modalidad que causa peligro para la salud, por los residuos derivados de la actividad de la empresa. Estos quedaron depositados, tras su venta, en las parcelas que tenía la mercantil en Torreciega.

En la sentencia notificada ayer, tanto el ex presidente de Zinsa, Juan Martínez, como el consejero delegado, Manuel Pérez, son absueltos de toda responsabilidad por no descontaminar los terrenos, al considerar que no ha quedado acreditado que existiera una alteración grave para el equilibrio de los sistemas naturales y un riesgo grave para la salud de las personas, imputable a los acusados. «Al respecto se han generado importantes dudas, pues, aunque las actas de Inspección hablan de indicios evidentes de grave riesgo para la salud humana y el ecosistema o de riesgo potencial, lo cierto es que tales riesgos no se concretan», explica la resolución.

El fallo judicial admite que la mercantil no cumplió íntegramente con sus obligaciones de derribo, recogida de escombros y descontaminación. Pero matiza que «una cosa es el incumplimiento de tales obligaciones contractuales» y otra, que la situación en que quedaron las fincas tras la entrega a la nueva propietaria de los terrenos generara el riesgo que se imputa.

Así, declara probado que los responsables de la mercantil iniciaron las tareas demolición y descontaminación del suelo, si bien procedieron a entregar la posesión de los terrenos, en julio de 2009, sin haber concluido los trabajos de desmantelamiento y demolición de la factoría.

Quorum Capital Investments adquirió los terrenos y tomó posesión de ellos, pero el depósito irregular no salió a la luz hasta un año más tarde durante la investigación de un incendio en la parcela. El Servicio de Vigilancia e Inspección de la Comunidad «detectó el abandono de residuos de diferente tipología a la intemperie, sin control y sin las medidas de seguridad para la protección del medio ambiente» y descubrió dos balsas que contenían restos que debían considerarse como «muy peligrosos y reactivos». El paso del tiempo entre la compraventa y el hallazgo de los residuos es la causa por la que «se desconoce si tales deficiencias existían también a la fecha de la entrega de la posesión de Zinsa a Quorum», argumenta el juzgado.

En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal solicitó que se le impusiera a cada uno de los acusados la pena de 2 años y 3 meses de prisión, una multa de 18 meses con cuota diaria de 18 euros e inhabilitación especial para la dirección y de empresas en cuya actividad se generen o traten residuos por tiempo de 3 años. Contra el fallo cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

La sentencia recuerda «que no ha quedado acreditado que a la fecha en que Española del Zinc entregó los terrenos a Quorum, estos se encontraran en situación de causar un grave riesgo a los recurso naturales o la salud de las personas. Ni siquiera parece que estuvieran, a la fecha de las actas de la inspección de las que parte este procedimiento, en el mismo estado que en 2009».

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