El juez investiga si la Comunidad permitió que la Balsa Jenny dañara la naturaleza

Depósito de residuos en El Sabinar, en una foto de archivo. / Antonio Gil / AGM

Amplía la investigación por un presunto delito en la falta de sellado del depósito de El Sabinar, adonde fueron llevados restos mineros de El Llano

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

Mientras los padres de alumnos del colegio público San Ginés de la Jara siguen movilizados para que la Comunidad Autónoma cubra las antiguas balsas de residuos mineros de El Llano del Beal, para evitar daños a la salud de niños y mayores y al medio ambiente, un juez y la Fiscalía investigan la posible responsabilidad de la Administración regional en la contaminación de la Sierra de Cartagena-La Unión y del entorno del Mar Menor por metales pesados.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena ha ordenado practicar una serie de diligencias, entre las que figura que los departamentos de Medio Ambiente y de Minas de la Comunidad remitan los proyectos de traslado e impermeabilización de los restos de la antigua Balsa Jenny, desde El Llano hasta el Sabinar. Esta operación, forzada en 2003 por el riesgo de que las viviendas fueran sepultadas por una tonelada de residuo, costó unos 5,5 millones de euros. La Comunidad Autónoma pagó una mitad y el Ministerio de Medio Ambiente, la otra. La empresa propietaria, Portmán Golf, cedió el solar.

El magistrado y la Fiscalía quieren conocer con detalle las exigencias técnicas impuestas a la compañía y si las autoridades faltaron a su deber de control del depósito y si incurrieron en una conducta tipificable como delito.

La compañía fue multada en 2015 con 3.000 euros por la Comunidad, a raíz de una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y de varios informes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre anomalías en el sellado.

El Ministerio Público recordó que la causa, abierta tras una denuncia del abogado Diego de Ramón, se refiere a la existencia de un «vertido o depósito de sustancias potencialmente contaminantes, que puede afectar al sistema natural, tanto en el suelo como en el subsuelo y las aguas subterráneas, y a la salud de las personas» (por el movimiento de partículas con el viento). El embalsamiento ocupa la corta minera Los Blancos, bajo la que está el acuífero Arco Sur del Mar Menor.

Riesgo para las personas

Anteayer, el juez tomó declaración como investigado (antes imputado) a un representante de la mercantil. Fuentes del caso indicaron que la empresa mantiene que ha actuado siempre con respeto a la legalidad y a la normativa vigente, y cumpliendo las indicaciones de la administración pública.

La Fiscalía ve indicios de vulneración de los artículos 325 y siguientes del Código Penal, y ha puesto el foco también en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, por un posible delito de prevaricación medioambiental, del artículo 329, en la eventual omisión de sus obligaciones.

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