Un juez condena al Ayuntamiento a pagar 3,4 millones a dos empresas por impedir una obra

Vista del solar donde estaban proyectados los apartamentos turísticos, en La Azohía, en una foto de 2012. Al fondo, el mar.
Vista del solar donde estaban proyectados los apartamentos turísticos, en La Azohía, en una foto de 2012. Al fondo, el mar. / José María Rodríguez / AGM

Urbanismo anuló en el año 2010 la licencia de construcción de 24 apartamentos turísticos en La Azohía y recalificó la parcela para darle uso público

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

«Fue el Ayuntamiento el que, llegado un determinado momento, decidió retrasar de forma torticera y arbitraria el inicio de las obras, hasta que consiguió imposibilitarlas, todo ello de forma antijurídica». Con esta contudencia ha resumido el titular del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena la actuación del Ayuntamiento respecto a un proyecto urbanístico privado para levantar 24 apartamentos turísticos en La Azohía, cuya anulación por decisiones irregulares costará a las arcas públicas más de 3,4 millones de euros.

Esta es la indemnización que, atendiendo de forma íntegra la solicitud de las empresas Apartamentos Turísticos La Azohía SL y Bulevar Infante SL para reparar los «daños y perjuicios ocasionados» por el Consistorio, ha fijado en una sentencia el magistrado Andrés Montalbán. La resolución, que lleva fecha de 30 de junio aunque fue comunicada a las partes a mediados de julio, puede aún ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En la resolución, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', el juez ve razones fundadas para que la administración local pague 3.428.427,29 euros a las promotoras. Esto fue algo a lo que se negó en la vía administrativa el Ayuntamiento, que ya cuando el recurso contra su decisión estaba en el juezgado reconoció, por medio de un decreto cuya validez ha rechazado también el juez, el derecho de las mercantiles a ser indemnizadas con 1,5 millones.

Urbanismo alegó que la empresa «no tenía ninguna intención» de obrar y que los vecinos pedían una plaza El Ayuntamiento «decidió retrasar de forma torticera y arbitraria el inicio de las obras», sostiene el juez

Las sociedades mantuvieron su batalla judicial y ahora ven reconocido el derecho de Apartamentos Turísticos La Azohía SL a ingresar unos 3,2 millones; y el de Bulevar Infante SL., a percibir algo más de 239.000 euros. A estas cantidades hay que sumar los intereses de demora y las costas, lo que según fuentes judiciales acerca la cifra a unos 4 millones.

En el caso de la primera sociedad, se trata de cubrir, entre otros gastos, los de gestión para adquirir el solar y desarrollar el proyecto en el antiguo solar del cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, en el litoral oeste de Cartagena. En cuanto a la segunda empresa, a la que aportó el solar la primera, la institución municipal debe correr con los costes de cuatro conceptos: el proyecto; la diferencia de valor de la parcela, por el cambio de uso y su obligada titularidad pública (pasó de uso hotelero y comercial a dotacional público); la pérdida de la rentabilidad de explotación de los apartamentos objeto de la licencia; y la tasación de costas e intereses acordada por un juzgado de Primera Instancia de Cartagena, en una ejecución hipotecaria. Esta última está vinculada al préstamo de 2,1 millones que la sociedad pidió para efectuar la obra.

Aunque declara la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, «tanto por los daños causados por dejar sin efecto la licencia concedida como por el cambio de la parcela de privado a público», el juez rechaza la pretensión de las demandantes de ser resarcidas por la compañía Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros.

Las promotoras han visto reconocido el importe total que señalaron en su reclamación, es decir los más de 3,4 millones. Pero esta debe ser pagada de manera íntegra por el Ayuntamiento. El motivo es que la empresa aseguraba al Consistorio en el momento de interposición de la demanda, en junio de 2014, pero no cuando ocurrieron los hechos juzgados: entre el año 2002 y el 2010.

Para llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento, y dentro de él la Gerencia de Urbanismo, realizó todo un conjunto de «actos y omisiones tendentes a imposibillitar la edificación» de los inmuebles, el juez se basa en una «pormenorizada visualización de los diferentes documentos obrantes en el expediente administrativo» y en un informe pericial aportado por las demandantes. Ambas vías han llevado al juez a la conclusión de que el Consistorio tuvo una actuación contraria a Derecho, que se fue materializando en diversos hitos «previos a la cancelación de la licencia y a la aprobación inicial de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana».

«Culpa de la víctima»

Fue esta normativa, que en 2012 anuló el Tribunal Supremo al apreciar numerosos y graves defectos en la tramitación municipal y por parte de la Comunidad Autónoma, la que hizo entrar en vigor la recalificación del suelo. Con este cambio en la clasifiación de los terrenos, explica el juez, levantar unos pisos que habrían tenido vistas al mar se convirtió en algo «imposible e inviable desde un punto de vista jurídico y fáctico (de los hechos).

El magistrado considera que el informe pericial de parte es «diáfano, claro, verosímil y razonable», y que «se sustenta en la simple contrastación de eventos documentados a lo largo del expediente». Y, entre otras cosas, califica de «sorprendente» la forma en que el Ayuntamiento, después de varias reclamaciones realizadas por las promotoras, requiere a estas en septiembre de 2009 para realizar el acto de la tira de cuerda; y, a continuación, da por denegado «un nuevo requisito» que le había solicitado en febrero de ese año: la licencia de actividad. Ese requisito, advierte el juez, era algo «que ya no podía solicitar después de haber concedido la licencia de obras», a la luz del artículo 218.1 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia del año 2005; y que, al ser denegado, «parecía impedir el inicio de las obras».

El juez sitúa, en todo caso, el origen de los trámites dilatorios por parte de la administración «desde la existencia de la sentencia de 24 de noviembre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, firme al no ser recurrida, por la que se viene a exigir la publicación del PERI -Plan Especial de Reforma Interior- de 1993 que afecta a los recurrentes». Comenzó entonces, afirma el juez, «un retraso y una omisión por parte del Ayuntamiento en sus obligaciones que, a la postre, generó el daño reclamado por las recurrentes».

El Gobierno municipal, del PP, sostuvo en su día que, con la recalificación del suelo a través de la revisión del Plan General, atendía la solicitud de vecinos de la zona para convertir la parcela en una plaza (algo que no se ha hecho). Y el Ayuntamiento enumeró sin éxito, en su contestación a la demanda judicial, «25 hechos que le llevan a la conclusión de que los promotores no tenían ninguna intención de comenzar las obras, pues la mayoría de los retrasos en la tramitación les son imputables a ellos». Para el juez, sin embargo, no se sostiene el relato de la administración local, según el cual existe «una suerte de culpa de la víctima».

Juicio a 2 técnicos y un exedil

Las promotoras (constituidas entre otros socios por quien luego se convirtió en alto cargo regional de Ciudadanos José Ángel Banet) acudieron de forma simultánea a la jurisdicción penal. A través de una querella, lograron la apertura de juicio oral, por un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), contra el exgerente de Urbanismo Jacinto Martínez Moncada, quien hasta que fue procesado ocupó también ese cargo por designación del exalcalde y concejal de Urbanismo José López (de MC); otra funcionaria del área; y el exconcejal de Urbanismo Joaquín Segado, actual presidente del PP en Cartagena y asesor de la Consejería de Cultura.

La Fiscalía, que al inicio del procedimiento solicitó el archivo del caso, vio al final indicios de expropiación ilegal. El juicio está fijado para los días 25 y 27 de septiembre. Los imputados niegan cualquier irregularidad.

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