Joaquín Segado sale absuelto de un delito de prevaricación

Joaquín Segado./Antonio Gil / AGM
Joaquín Segado. / Antonio Gil / AGM

La sentencia por el caso del cuartel de La Azohía exculpa al exconcejal y presidente del PP, al exjefe de Urbanismo y a una letrada municipal

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El Juzgado de lo Penal número 2 hizo ayer pública la sentencia en la que absuelve al exconcejal de Urbanismo y actual presidente local del PP, Joaquín Segado; al jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, actualmente suspendido en sus funciones, Jacinto Martínez Moncada; y a P.R., letrada de ese departamento, del delito de prevaricación administrativa por decretar la caducidad de una licencia de obra en el terreno del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía.

El fallo descarta la responsabilidad penal de los tres encausados, lo cual elimina la inhabilitación para cargo público y para la carrera de funcionario que pendía sobre ellos. También el Ayuntamiento ha salido bien librado en el apartado de la responsabilidad civil, aunque hay una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a abonar 3,5 millones de euros y contra la que interpuso recurso.

La resolución, conocida ayer, considera que no hay pruebas de que los acusados actuasen injustamente al dejar sin efecto una licencia a nombre de la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía SL para construir 24 pisos turísticos. El terreno, en el que antaño estuvo el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, tuvo permiso para ello desde 2005 hasta que, en 2010, Segado decretó su caducidad. Tampoco hay pruebas, según el magistrado Álvaro Bellas, de una «supuesta trama de corrupción» para anular el permiso, denunciada por la promotora.

El juez descarta que detrás de la caducidad de una licencia de obra haya «una trama corrupta»

Los dos técnicos quedan exculpados en el fallo judicial porque el juez considera que no tenían capacidad de decisión y solo elevaron los informes para que Segado anulara la licencia como responsable político.

Al tratar el caso del edil, la sentencia da credibilidad a su testimonio de que confió en «dos técnicos que suman más de 60 años de experiencia en urbanismo» para tomar la decisión. El juez no aprecia «ningún móvil de amistad, enemistad o crematístico» que alimentara «un hipotético interés» de Segado en perjudicar a la mercantil.

Respecto a los fundamento de los informes técnicos y de la decisión política, el juez admite la inexistencia de un director de obras del proyecto como un motivo de anulación del permiso de obras. También da por cierto que la licencia caducó porque pasaron los seis meses que indica la ley, desde que la promotora firmó el acta de replanteo, en octubre 2009, hasta la anulación del permiso, en mayo de 2010. Sin embargo, el fallo advierte de que «la falta de actividad constructiva de los querellantes no se debe exclusivamente a su voluntad en tal sentido» y atribuye parte de la responsabilidad al Ayuntamiento. Al Pleno municipal le atribuye haber cambiado el uso privado por uno público, al incluirlo en el Plan Urbano que aprobó inicialmente en 2009, «con una técnica legislativa muy poco afortunada» y «perjudicando claramente a la mercantil querellante». Pero eso no inculpa a Segado, que solo «declaró la caducidad de la licencia, cuando no podía producir efecto alguno», según el fallo.

El PP defiende al exedil

El PP emitió ayer un comunicado en el que subraya que la decisión de Segado «estuvo respaldadas por la ley», que «nunca se actuó para perjudicar a nadie» y que todo se hizo «en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos».

La Fiscalía anunció inmediatamente que recurrirá la sentencia porque está convencida de la existencia de irregularidades. El Ministerio Público se basará, para ello, en la decisión del Tribunal Superior de Justicia que consideró arbitraria la decisión que tomó Segado.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos