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Miércoles, 10 de enero 2018, 02:58
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La tramitación de la rebaja en las tarifas del agua y la gestión del servicio por parte del Ayuntamiento y de la concesionaria Hidrogea, dos de los asuntos cuya polémica ha contribuido a la ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y MC, han suscitado dudas a la interventora del Consistorio y a la juez del 'caso Pokemon'.
La alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha defendido que los informes técnicos despejan las dudas sobre la reducción del recibo en 8,25 euros cada dos meses, aprobada el 30 de diciembre por la Junta de Gobierno Local, pese al rechazo de MC. Y, aunque ningún funcionario se opuso a la medida, la interventora ha expresado dos reparos. Duda de si la propuesta de Hidrogea para 2018 subsana los errores que llevaron al Consistorio a rechazar la que hizo para 2017; y si el cambio de tarifas es una modificación encubierta del contrato.
Myriam González advierte en su escrito del día 29, al que ha accedido 'La Verdad': «No se constata en los informes [de la Comisión Técnica del Agua y de la Asesoría Jurídica], de manera indubitada, que las modificaciones propuestas corrijan todos los aspectos que llevaron a la desestimación de la propuesta de 2017», tras un informe del jefe de Infraestructuras.
González expone también que «no consta en el expediente la estructura tarifaria» que debió presentar la concesionaria», para «fundamentar» la revisión. Es una «cuestión de relevancia, porque de tratarse de un cambio de la estructura», esta «debería tramitarse como una modificación contractual».
Respecto a las exigencias de MC y Podemos de anular el contrato, Castejón y el PSOE dicen que no lo hará mientras la Justicia no considere «ilegal» la prórroga de 25 años, hasta 2042, acordada por el Pleno en 2003. Pero cartageneristas y Podemos reclaman que el Pleno extraordinario del día 18 cree una comisión de investigación para analizar otra posible causa de rescisión: la supuesta alteración del contrato desde que fue firmado en 1993, con el socialista José Antonio Alonso de alcalde.
En su auto del 3 de enero, donde imputa a 4 exediles del PP y ofrece a la exalcaldesa Pilar Barreiro personarse en la causa, por favorecer presuntamente a Hidrogea a cambio de «viajes de placer», la juez Pilar de Lara describe el «modus operandi» del Ayuntamiento. Las sucesivas juntas de gobierno aceptaron «estudios de costes» presentados por Hidrogea, con información «insuficiente», como base para revisar tarifas y financiar obras con cargo a estas. Muchos trabajos fueron subcontratados a empresas del grupo Agbar, el de Aquagest (Hidrogea), y pagados con «sobrecostes» millonarios.
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