La Intervención del Estado no ve anomalías en la expropiación del antiguo Hotel Peninsular

La Intervención del Estado no ve anomalías en la expropiación del antiguo Hotel Peninsular

El exalcalde y exedil de Urbanismo José López dice que no favoreció a un compañero de MC y pide al juez, por segunda vez, archivar su imputación

J. A. G.CARTAGENA

El exalcalde de Cartagena y portavoz del Grupo Municipal MC, José López, solicitó ayer por segunda vez el archivo de la causa judicial en la que está imputado por cuatro presuntos delitos de corrupción. Lo hizo tras un informe de la Intervención General del Estado que descarta anomalías en la expropiación del antiguo Hotel Peninsular, en la calle Cuatro Santos.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 5 y solicitado por el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, la Intervención asegura que del análisis de la documentación se desprende que el Ayuntamiento no incumplió «ninguna de las normas que regulan la adquisición de bienes por los municipios mediante el procedimiento de expropiación forzosa».

Los populares denunciaron en el juzgado la compra por 500.000 euros, con los votos a favor de MC y PSOE en la Junta de Gobierno Local. El juez Ignacio Munítiz ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida, por la rapidez de los trámites y porque un dueño era candidato a concejal de MC.

El expediente de expropiación fue iniciado en 2006, cuando gobernaba el PP. El PSOE aseguró que apoyó la compra del Peninsular en diciembre de 2016, sin haber sido informado respecto al militante de MC. El exalcalde y exedil de Urbanismo pidió ayer el sobreseimiento a través de su abogado particular, Vicente Pérez Pardo.

Sin informe de conveniencia

La Intervención estatal recuerda que, en un informe de 28 de diciembre de 2016, un día antes de la Junta, «el interventor» del Ayuntamiento [Myriam González] echó en falta en el expediente «la memoria justificativa de la conveniencia de la expropiación», exigida en el artículo 116 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La funcionaria municipal añadió que «no obstante, al tratarse de un bien calificado como equipamiento dotacional se entiende que queda acreditada la conveniencia de la adquisición, así como la justificación de utilizar la adquisición directa como procedimiento de adquisición». El caso fue abierto tras una querella de los diez concejales del PP contra los cinco de MC y contra Jesús Giménez, entonces jefe de gabinete del alcalde, actual coordinador de Desarrollo Sostenible (aunque será destituido tras la ruptura del pacto de gobierno) y presidente de MC.

«Como sabíamos todos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado que no hay ninguna ilegalidad en los trámites, confirmando la absoluta legalidad del procedimiento de expropiación», dijo ayer López. El también secretario general de MC dijo estar «soportando una persecución política» del PP y de «subalternos de PSOE y Cs». Además, lamentó que la Intervención estatal «no valora si la aprobación del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (Peopch) que hizo el PP, y que obligaba al Ayuntamiento a expropiar, es legal o no, dejando abierta esa duda que todos tenemos».

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