La intervención del Defensor del Pueblo reactiva el plan para descontaminar El Hondón

Terrenos de El Hondón, cuarteados, con la ciudad al fondo./A. Gil / AGM
Terrenos de El Hondón, cuarteados, con la ciudad al fondo. / A. Gil / AGM

Advierte a la Comunidad de que el proceso para la limpieza del suelo no debe durar «indefinidamente», por los riesgos para la salud y el medio ambiente

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La intervención del Defensor del Pueblo, tras una queja de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, ha llevado a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Cartagena a reactivar el expediente relativo a la descontaminación de El Hondón. Las advertencias y sugerencias realizadas en noviembre por la institución, acerca de los «riesgos potenciales para la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente», así como de las obligaciones de los propietarios y de la administración, han motivado que la Consejería de Medio Ambiente inste a los titulares a sacar adelante su plan de limpieza voluntaria. De lo contrario, iniciará los trámites para declarar contaminado el suelo, ocupado por la fábrica de Potasas hasta el 2001.

Un portavoz de la Consejería indicó que esta se dirigió en enero a los dueños de las parcelas (Ayuntamiento, Dirección General de Patrimonio de la Comunidad -que forman la sociedad Podecasa-, Solvia -inmobiliaria del Banco Sabadell- y Ercros -el grupo al que pertenecía Potasas-) para que presenten alegaciones.

El Ayuntamiento ha enviado a la Comunidad el informe de caracterización del suelo elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2017, y encargará a esta un informe urbanístico. Además, ha prometido que licitará, lo antes posible, el vallado de la zona, exigido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para «restringir los usos de la parcela, evitar la presencia de personas e impedir la remoción del terreno». Estas costarán 100.000 euros.

Lamenta que no se actuó contra Potasas, que cerró en 2001, y haber minimizado los daños

En su resolución, el Defensor recordó que La Ley de Residuos y Suelos Contaminados «establece claramente» que «la responsabilidad de acometer la limpieza de los terrenos contaminados» es de los «causantes de la contaminación, contra los que no se ha actuado y, en su defecto, los propietarios, solidariamente».

El Defensor tiró de las orejas a la Consejería, porque «ni siquiera se ha suscrito el acuerdo exigido por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para proceder a la reparación voluntaria». Y advierte: «El proceso de descontaminación no puede durar indefinidamente a costa de mantener unos riesgos potenciales para la salud de los ciudadanos y para la protección del medio ambiente».

El defensor, Francisco Fernández Marugán, consideró que, si bien los informes de las administraciones «tienden a reducir la importancia de los daños», la contaminación «se reconoce» en trabajos de Emgrisa y de la UPCT. También hay una declaración de impacto ambiental de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana acometida para modificar la clasificación del suelo».

A pesar de estos informes, que acreditan que «la contaminación del suelo no es solo por motivos radiológicos, sino también por sustancias químicas, metales pesados y partículas», y que hay una «potencial afección a las aguas subterráneas», los propietarios del terreno y la Comunidad han actuado con pasividad.

Ayuntamiento, Solvia y Ercros

Asimismo, argumentó que «si bien se ha manifestado que la radiactividad es de origen natural, lo cual no se ha justificado por ninguna Administración al no haberse elaborado el informe definitivo por el CSN, el suelo también está contaminado por la presencia de otras sustancias remanentes de la fabricación de fertilizantes y piensos en la parcela» hasta el año 2001.

El Defensor lamentó que «cuatro años después de la presentación del proyecto» voluntario de descontaminación por parte de los cuatro propietarios, no solo no se ha limpiado los terrenos, sino que no se ha adoptado las medidas mínimas indispensables aconsejadas» por el CSN. Además, citó la Ley de Residuos, que prevé la opción de declararlos contaminados «por la presencia de componentes de carácter peligroso procedentes de las actividades humanas».

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