Un informe jurídico fuerza al Ayuntamiento a pagar las facturas de la limpieza viaria

Suciedad en el Parque Sauces, ayer, en la entrada por la calle Tierno Galván./Antonio Gil / AGM
Suciedad en el Parque Sauces, ayer, en la entrada por la calle Tierno Galván. / Antonio Gil / AGM

El abogado municipal dice que Infraestructuras no justifica por qué cree que Lhicarsa incumple el contrato, y Hacienda pagará los seis millones

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado ya los trámites para pagar a la empresa Lhicarsa, concesionaria de los servicios de limpieza de calles y de recogida y tratamiento de la basura, los cerca de seis millones de euros que le debe por los meses de julio y agosto. Un informe de la Asesoría Jurídica, solicitado a instancias del alcalde en funciones, el socialista Juan Pedro Torralba, ha obligado a la Concejalía de Desarrollo Sostenible, que dirige la concejal de MC María José Soler y que tiene las competencias de Infraestructuras y Servicios, a firmar las certificaciones de los trabajos realizados la compañía, que gestiona Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y en la que tiene una pequeña participación el Consistorio.

Asimismo, el criterio de los abogados municipales forzará a abonar el dinero al área de Hacienda, que gestiona como delegada la también edil de MC Isabel García, quien según fuentes municipales pidió formalmente disponer de un criterio jurídico, tras interesarse Torralba por los motivos que habían llevado a paralizar el abono de las facturas pendientes.

El informe indica que, si bien los técnicos de Infraestructuras alegan que hay discrepancias con la empresa que pueden suponer un incumplimiento del contrato por su parte, y dar lugar a una suspensión parcial o total de los pagos, ni las deficiencias han sido señaladas ni ha lugar a dejar de pagar las facturas.

«El informe adolece de falta de claridad» y no expresa de forma «precisa» las supuestas vulneraciones del contrato y la cuantificación de las deficiencias, afirma la Asesoría Jurídica. Y concluye con una advertencia: «Con independencia de todo ello, no se puede suspender ni total ni parcialmente el pago de las obligaciones derivadas del contrato, porque ello supondría un grave perjuicio para los trabajadores de la contrata y un enriquecimiento sin causa para este Ayuntamiento».

El director de la Asesoría Jurídica, Francisco Pagán, alude al precedente la paralización de pagos a la Unión Temporal de Empresas Gestípolis-Sonora por la gestión de El Batel en la etapa de gobierno del PP, medida tumbada por la Justicia y que obligó a pagar intereses de demora.

El precedente de El Batel

El Consistorio adeuda otros cuatro millones a FCC por la limpieza de los edificios municipales y de los colegios, y el mantenimiento de los parques y jardines en los mismos meses. La Intervención ha puesto reparos, porque los tres contratos caducaron. Eso exige un reconocimiento extrajudicial de créditos, que en principio será propuesta la próxima semana a la Junta de Gobierno Local por el concejal de área de Hacienda, el socialista Francisco Aznar.

La empresa admite que faltan operarios, pero pide más dinero

Fuentes de la Concejalía de Desarrollo Sostenible, que gestionó hasta septiembre el edil de MC José López, indicaron que el pago de las facturas «garantizará la continuidad del servicio», pero que será «en diferido». Cuando el Ayuntamiento «califique y cuantifique el importe de las deficiencias», dijeron, estudiará reclamar a Lhicarsa la devolución del dinero. Otras fuentes municipales indicaron que FCC ha admitido que faltan veinte limpiadores en las calles, sobre todo del Ensanche y los barrios, pero achaca al Ayuntamiento el no haber actualizado el contrato. FCC-Lhicarsa alega que, durante años, se le han asignado más zonas y tareas; y que ha tenido que reforzar el áreas de administración y el de mecánica, este último por las averías en la maquinaria no renovada.

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