El Estado descarta anomalías en la expropiación por la que está imputado López

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena y solicitado por el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, la Intervención asegura que del análisis de la documentación se desprende que el Consistorio no incumplió "ninguna de las normas que regulan la adquisición de bienes por los municipios mediante el procedimiento de expropiación forzosa".

Los populares denunciaron en el juzgado la compra del inmueble de la calle Cuatro Santos, por 500.000 euros, en diciembre de 2016, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con los votos de MC y PSOE. El titular del juzgado, Ignacio Munítiz, advirtió indicios de prrevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociación prohibida, por la rapidez en los trámites y la pertenencia de uno de los dueños del edificio al mismo partido que el entonces alcalde.

El expediente de expropiación del inmueble fue iniciado en 2006, cuando gobernaba en el Ayuntamiento el PP. El PSOE aseguró que apoyó la compra del Peninsular en 2016 sin haber sido informados por parte de sus entonces socios de gobierno de que uno de sus dueños era candidato de MC a concejal. El exalcalde y exconcejal de Urbanismo, pidió de manera urgente este viernes el sobreseimiento del caso de presunta corrupción a través de su abogado particular, Vicente Pérez Pardo.

El caso fue abierto a raíz de una querella interpuesta por los diez concejales del Grupo Municipal Popular, que tiene al frente a Francisco Espejo, contra los cinco concejales de MC y Jesús Giménez, entonces jefe de gabinete del alcalde, actual coordinador de Desarrollo Sostenible (aunque será destituido tras la ruptura del pacto de gobierno) y también presidente de MC.

"Como sabíamos todos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado que no hay ninguna ilegalidad en los trámites, confirmando la absoluta legalidad del procedimiento de expropiación", manifestó López en un comunicado. Y añadió: "Eso sí, no valora si la aprobación del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOPCH) que hizo el PP y que obligaba al Ayuntamiento a expropiar es legal o no, dejando abierta esa duda que todos tenemos".

El secretario general de MC Cartagena comentó, asimismo, que "queda menos para que cada uno pase por lo que es". "Seguimos soportando esta persecución política, pero es el coste de haber traído la limpieza a la vida pública. Por eso están inquietos los falsos denunciantes del PP, y sus subalternos de PSOE y Cs", añadió. Y concluyó: "Mientras tanto, en MC seguimos trabajando por Cartagena y las personas, única servidumbre que tenemos".