Admiten a trámite la demanda de MC contra el Ayuntamiento por la bajada del agua

En primera línea, Obdulia Gómez, Francisco Aznar y Carmen Martín, este lunes, en el Pleno./Pedro Martínez / AGM
En primera línea, Obdulia Gómez, Francisco Aznar y Carmen Martín, este lunes, en el Pleno. / Pedro Martínez / AGM

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena abrió este lunes una causa por presunta vulneración de los derechos fundamentales de los ediles cartageneristas, que exigieron información sobre el abaratamiento del recibo

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena admitió a trámite la demanda presentada por Movimiento Ciudadano (MC) contra el Ayuntamiento por la presunta tramitación irregular de la reducción de las tarifas del agua para 2018, aprobada por la Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre. Así lo anunció este lunes el portavoz de MC y secretario general, José López, minutos antes del inicio del Pleno del Ayuntamiento. En él, la formación política del exalcalde tiene previsto hacer una batería de preguntas al grupo socialista, que sostiene en solitario al Gobierno municipal desde la ruptura del acuerdo de legislatura con los cartageneristas, hace un mes.

MC acudió a los tribunales al considerar que fueron lesionados los derechos fundamentales de sus concejales, quienes rechazaron en la Junta la propuesta de abaratamiento del recibo que cobra la concesionaria Hidrogea, al entender que el expediente estaba incompleto y que se les ocultó información de manera deliberada. Asimismo sostuvieron que posteriormente, durante días, se decidió negando el acceso a los informes técnicos encargados por la alcaldesa Ana Belén Castejón, para justificar una reducción media de 50 euros al año, en una familia de cuatro miembros.

El Ayuntamiento se opuso al recurso judicial presentado por MC, pero la Fiscalía se adhirió a los argumentos del grupo político al considerar que hay indicios de irregularidades. A raíz de esta postura del Ministerio Público, el juez dictó este lunes el auto de apertura del procedimiento.

De forma simultánea, MC registró hace unos días en el Consistorio un recurso administrativo contra la decisión de la Junta de Gobierno, con el argumento de que se ha obviado los informes técnicos sobre presuntos incumplimientos del contrato por parte de la empresa, así como un estudio de costes que apuntó a la necesidad de abaratar el recibo en 8,25 euros cada dos meses, en una familia 'tipo' de cuatro miembros.

Resolución del contrato, en el próximo Pleno

El Ayuntamiento de Cartagena debatirá, en su próximo pleno ordinario, la propuesta de "resolución expresa" de un recurso ciudadano que pretende "dar por extinguido" el contrato del servicio municipal de agua y la prórroga de 25 años que lo prolonga hasta 2042.

En la sesión de hoy, los votos a favor de MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) permitieron aprobar esa moción, pese a la oposición de los seis ediles del PSOE, con la abstención de los diez del PP y los tres de Ciudadanos.

La Corporación tendrá que pronunciarse, en su próxima reunión, sobre el recurso ciudadano interpuesto en enero de 2004 que considera "nula de ¡pleno derecho" la decisión plenaria de 2003 en la que se aprobó la prórroga entre 2017 y 2042. Ya tiene para ello un informe de los servicios jurídicos municipales que considera que esa prórroga es "anulable, pero no nula", por lo que supone un riesgo considerable de tener que afrontar un pleito que daría lugar a indemnizaciones de hasta 20 millones de euros a empresa Hidrogea, que administra ese servicio.

Ese informe fue entregado la pasada semana por la alcaldesa Ana Belén Castejón,a la Asociación de Defensa de los Servicios Públicos, que reactivó en 2016 el recurso presentado en 2004 y que nunca fue contestado. Castejón se lo dio a un representante de esta asociación, como una muestra de su postura en contra de emprender un proceso de resolución del contrato, al menos hasta que haya una sentencia judicial que lo respalde.

Sin embargo, el informe jurídico indica que no tiene carácter vinculante y que son necesarios nuevos dictámenes de la Intervención Municipal y de la Secretaría de Pleno para someterlos al Pleno, que es el que decide

La moción finalmente aprobada fue defendida por vehemencia por el portavoz municipal y exalcalde, José López, que fue alcalde entre 2015 y 2017. Ante las críticas del PSOE por no haber instado la anulación de la prórroga cuando era primer edil. López subrayó que no lo hizo porque el recurso "fue metido en un cajón en 2004", por el equipo de gobierno local del PP y no fue descubierto hasta otoño de 2017.

Por entonces "la traición del PSOE a MC ya se había consumado", recordó, en referencia a su destitución como teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Sostenible, por sus insinuaciones sobre presuntas negociaciones con Hidrogea supuestamente ocultadas por el PSOE.

La portavoz municipal del PSOE, Obdulia Gómez, no admitió esa explicación. "Ese papel estaba en Infraestructuras", aseveró y añadió que no se cree que López y su equipo no supieran nada. "Miente y lo sabe", le espetó el exalcalde.

Castejón dio por finalizado el debate, pidiendo que se cumpla el acuerdo de hace un par de sesiones de evitar las alusiones personales.

Si el Pleno que debata la resolución del recurso ciudadano sobre el agua lo aprueba, el Ayuntamiento quedará obligado, sobre el papel, no solo a rescindir el contrato sino también a "iniciar los trámites para la gestión directa del servicio por sus propios medios o mediante la subcontratación mediante contratos de servicios o bien para la gestión indirecta del mismo bajo una nueva forma o contrato".

Asepucar esgrime como causas de nulidad la existencia de obras cargadas por duplicado al contrato, así como el cobro excesivo a los ciudadanos por el servicio, a partir de 2011, pese a que ya se previó que la entrada en servicio de la nueva refinería de Repsol, incrementaría la facturación y el consumo y generaría un superávit.

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