Cultura obliga a conservar los muros de la antigua cárcel, pero no el pabellón central

Vista de la antigua Prisión Central de Cartagena, conocida como cárcel de San Antón por el barrio donde está ubicada./J. M. Rodríguez / AGM
Vista de la antigua Prisión Central de Cartagena, conocida como cárcel de San Antón por el barrio donde está ubicada. / J. M. Rodríguez / AGM

Permite abrir huecos para el paso de coches y ve daños «graves» en el bloque de presos, lo que facilita que el Perpetuo Socorro lo tire y haga un parking

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZCartagena

La Consejería de Cultura allanó ayer el camino para que la empresa propietaria del Hospital Perpetuo Socorro convierta la antigua cárcel de San Antón en un aparcamiento asociado a la clínica. Aunque el derribo parcial del complejo sigue dependiendo de que el Ayuntamiento de Cartagena otorgue una licencia de obras, la Comunidad Autónoma ha excluido el pabellón de presos de la parte que queda protegida en un inventario de bienes, dados los valores históricos, arquitectónicos y sociales de esta construcción a nivel local, regional y nacional. En una resolución dictada ayer, Cultura constata además que esa parte del viejo penal tiene «daños estructurales graves».

La Dirección General de Bienes Culturales ya determinó el año pasado que la empresa propietaria del antiguo centro de reclusión inaugurado en 1936 y cerrado en 2002, debía preservar las cinco torres de vigilancia y la entrada, lo que incluye un patio y el pabellón de oficinas. Ahora, en una resolución dictada por el director general de ese departamento, Juan Antonio Lorca, añade la obligación de los dueños de «conservar, custodiar y proteger» también el muro perimetral, «asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro».

Edificio
Antigua Prisión Central de Cartagena, construida entre 1934 y 1936 y clausurada en el año 2002.
Ubicación
La antigua cárcel de San Antón tiene fachadas a las calles José Zamora Ruiz, Hospitalidad y José López Martínez.
Propietario
La empresa del Hospital Perpetuo Socorro la compró, en 2017, por 563.500 euros, a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), del Ministerio del Interior.
Usos pretendidos
Parking público y ampliación del hospital.

Lo que sí podrá hacer el titular del inmueble es rebajar la pared exterior «a su cota originaria», y tener «una o dos entradas suficientes para el acceso de vehículos, según necesidades de la propiedad». Fuentes conocedoras del expediente recordaron que el muro fue ampliado en cuanto a su altura, para llegar a los torreones.

La Comunidad forzó el año pasado a mantener las cinco garitas de vigilancia y el pabellón de entrada al complejo Inicia la declaración como bien inventariado del inmueble, que la clínica compró al Estado para ampliar sus instalaciones

Según informaron a 'La Verdad' fuentes de la administración autonómica, Cultura informará de sus determinaciones tanto a la propiedad, para que se cumpla la ley de patrimonio histórico, como al Ayuntamiento. La Consejería comunicará a ambos que, «para asegurar la eficacia» de su resolución, y como medida provisional hasta que el edificio forme parte del catálogo de manera oficial, será necesario «solicitar autorización» a Bienes Culturales «para cualquier intervención en el inmueble».

Doscientas plazas

Fuentes de la compañía que gestiona el Perpetuo Socorro indicaron que, según sus cálculos, el derribo del pabellón de reos dejaría espacio libre para un aparcamiento con capacidad para más de doscientas plazas. Éstas irían destinadas tanto a los trabajadores del cercano centro sanitario como a los vecinos del barrio y a cualquier otro usuario. La empresa compró el edificio a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) en febrero del año pasado, por 563.500 euros.

La Concejalía de Urbanismo e Infraestructuras, dirigida entonces por el también alcalde José López, solicitó en 2017 a Cultura varios informes para responder a la solicitud de licencia de demolición parcial presentada por el Perpetuo. Urbanismo envió también a la Consejería dos escritos registrados en el Ayuntamiento por MC, el partido del regidor, y por el grupo municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos), en el que pidieron paralizar el expediente de derribo.

Además, en febrero del año pasado el Pleno municipal aprobó también, por unanimidad, una moción en la que se instaba a la corporación a promover que el complejo tenga un uso social. La pelota está, de nuevo, en manos del equipo de gobierno, a cuyo frente está ahora la alcaldesa, Ana Belén Castejón, del PSOE. El área de Urbanismo corresponde a Francisco Aznar.

Fuentes del hospital consultadas por este diario remarcaron ayer que, a pesar de la polémica surgida en el Ayuntamiento por el hecho de que este último no pujó por el penal, «nadie del Consistorio ha venido a interesarse por la compra del edificio, ni a plantear posibles cesión de una parte para uso público ni nada de nada». «Aquí el único que ha planteado, en serio, un proyecto de aparcamiento abierto a todo el barrio y a toda la ciudad, así como un proyecto de desarrollo económico y de generación de puestos de trabajo, mediante la ampliación del hospital, hemos sido nosotros», destacaron en el Perpetuo Socorro.

El interés de la compañía, insistieron, es comenzar cuanto antes las obras necesarias para echar abajo la parte que Cultura no obliga a preservar, y que está muy deteriorada a nivel estructural, y acondicionar a continuación el interior de la vieja cárcel como parking.

Cultura apunta que «tras el abandono» del complejo como edificio penitenciario, éste «fue utilizado puntualmente» por la organización del festival Manifiesta 8 (impulsado por esa misma Consejería en 2010) para exposiciones culturales durante tres meses. Pero recuerda que el edificio tuvo que ser clausurado «porque el arquitecto apreció peligro de derrumbe y se prohibió la entrada en determinados lugares».

Riesgo de derrumbe

«Jamás desde 2010 ha sido utilizada [la cárcel] para actividad alguna, por su lamentable estado», comentaron desde el Gobierno regional. Y añadieron que los especialistas de Cultura han advertido «riesgo desprendimiento y caída» de las cornisas de piedra artificial, «con el consiguiente peligro para el inmueble y las personas». De igual forma, en el interior hay un apeo con puntales metálicos. Y, según el informe redactado por el arquitecto que visitó el edificio, hay «hundimientos, lo que supone un evidente peligro para el inmueble y las personas».

«El interior del recinto carcelario es muy sobrio y sin elementos destacados que pudieran considerarse merecedores de un calificativo de patrimonio cultural, más allá de una traza racional para este tipo de instalaciones», informaron también desde Cultura. Y pusieron como ejemplo que «el empleo de cemento y arenas de baja calidad ha provocado el deterioro del hormigón, al que se suma el óxido del hierro empleado en la construcción». Por si fuera poco, «los perfiles metálicos de los forjados están muy oxidados y amenazan con colapsar».

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