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Exobreros de Izar, ayer a las puertas del juzgado. j. m. rodríguez / agm
Cuatro exobreros de Navantia piden indemnizaciones por el amianto

Cuatro exobreros de Navantia piden indemnizaciones por el amianto

Tres antiguos empleados del astillero y la familia de uno ya fallecido reclaman ante un juez reparaciones por la exposición al material cancerígeno

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Miércoles, 30 de mayo 2018, 02:32

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El titular del Juzgado de lo Social 3 de Cartagena dejó ayer visto para sentencia el juicio en el que tres antiguos empleados del astillero público local y la familia de un exobrero ya fallecido exigen al Estado una indemnización económica por daños y perjuicios asociados a su exposición al amianto. Se trata de un material potencialmente cancerígeno que, según intentaron acreditar ante el magistrado, les ha causado problemas de salud y, en el caso de uno de ellos, la muerte por mesotelioma (cáncer de pleura).

Ricardo Torregrosa, electricista; Miguel Marín, tubero; Francisco Godínez, herrero; y los parientes del mecánico de carenas Diego Molero (cartagenero, como quienes fueron sus compañeros en la industria nacional de construcción naval), presentaron demandas individuales contra Izar, mercantil heredera de Bazán y que mantiene su personalidad jurídica. En el mismo pleito incluyeron a Navantia, sociedad, que gestiona ahora los astilleros de Cartagena, San Fernando y Ferrol y que asumió en su día los activos de Izar y de su predecesora, Bazán. Navantia declinó ayer hacer comentarios.

Unos minutos antes de la vista oral, en la que el magistrado agrupó los casos al tener un objeto y unos demandados comunes, los denunciantes se concentraron con pancartas a las puertas del juzgado. Lo hicieron por iniciativa de la Asociación de Perjudicados y Afectados por Enfermedades producidas por el Amianto de la Región de Murcia (Apena), que preside el citado Ricardo Torregrosa.

Éste destacó que el objetivo de la convocatoria era «llamar la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre un grave problema de salud pública» que afecta potencialmente a miles de personas que han trabajado o que trabajan en contacto con el amianto, sin las medidas de seguridad oportunas.

Los denunciantes recibieron el apoyo de otros jubilados de Bazán, junto a quienes exhibieron carteles con lemas como «Cartagena, conspiración de silencio»; «Amianto, 44 mujeres asesinada»; «Colegios, amianto cero»; y «Repsol, mentira criminal». Con ellos, quisieron poner de manifiesto las «trabas» administrativas y judiciales con que se topan los ciudadanos, a la hora de acceder a análisis de salud detallados por si padecen asbestosis o cáncer de pulmón o pleura, patologías asociadas a la inhalación de las microfibras de amianto. La problemática, subrayan, afecta a empleados de las industrias naval, petrolífera y de fertilizantes, entre otras; y a sus mujeres y viudas, «por haber respirado durante años las ropas de trabajo de sus esposos».

Listados de las empresas

La asociación Apena está asistida por el abogado Luis Martínez Vela y tiene el apoyo del neumólogo Josep Tarrés Olivella, especialista destacado en el Instituto Catalán de Salud por la investigación sobre los efectos del amianto. El colectivo lleva años reclamando el acceso al listado histórico de empleados de grandes empresas que tienen o que han tenido actividad en la ciudad, como Repsol, Enfersa y Ercros. Además, pide la máxima colaboración de la Consejería de Salud y de la Justicia, de cara a los exámenes forenses, para que muertes por asbestosis «no queden enmascaradas» por la circunstancia de que los fallecidos eran fumadores.

A la concentración asistió la concejal portavoz de Podemos, Pilar Marcos, quien exigió a la Consejería que reclame a Repsol «los listados de los trabajadores y extrabajadores expuestos al amianto, para que los afectados se informen y puedan hacerse todos los estudios preventivos».

Marcos denunció que «con el amianto se está cometiendo un genocidio laboral silencioso, ya que no se conocen los datos reales sobre la exposición a este material y muchas empresas ocultan las cifras para evitar indemnizaciones a las víctimas o a sus familias». La Justicia ha dictado sentencias tanto favorables como contrarias a los demandantes.

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