Los constructores piden más flexibilidad para levantar hoteles y viviendas en suelo urbano

Un hombre cruza con su perro el solar de Finca Berizo, cuya promoción urbanística se demora por la falta de amparo legal. / pablo sánchez / agm
Un hombre cruza con su perro el solar de Finca Berizo, cuya promoción urbanística se demora por la falta de amparo legal. / pablo sánchez / agm

Las fachadas alineadas, el uso de la planta baja, la concentración de edificabilidad y las piscinas en la azotea centran las alegaciones a la norma transitoria

Eduardo Ribelles
EDUARDO RIBELLESCartagena

Facilitar la construcción de hoteles con piscina en la azotea, que los diseños no tengan que seguir la alineación de fachadas y permitir que los proyectos de las nuevas promociones residenciales en los barrios incluyan viviendas en planta baja. Éstas son tres de las principales alegaciones que los promotores han presentado a las normas transitorias que la Comunidad Autónoma tramita para desbloquear el desarrollo urbanístico de Cartagena.

Los letrados de la Administración regional tendrán que resolver las 55 propuestas del sector inmobiliario para la regla que sustituirá, durante dos años, al Plan General Municipal de Ordenación Urbanística, que data de 1987. Éste entró en vigor cuando la Justicia tumbó la revisión del Plan de 2012.

Cuarenta alegaciones fueron recibidas antes de la fecha límite, el 23 de marzo. Las otras 15 fueron presentadas a tiempo por la Ventanilla Única. Se suman a las más de 70 sugerencias que remitió el Ayuntamiento, en un anexo al borrador del documento de partida, aprobado a finales de 2017. Varias propuestas repiten los mismos argumentos.

La Comunidad no ha señalado ningún plazo concreto para dar el visto bueno al documento marco redactado por los técnicos municipales y enmendado por los de la Consejería de Fomento. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, habló, a principios de febrero, de tenerlo todo listo este mes. Y la secretaria general de Fomento, Yolanda Muñoz, fue más cauta y apuntó que sería «cuanto antes, durante este año». Un portavoz de la Comunidad indicó, el pasado viernes, que aún no había novedades.

Cuando el Consejo de Gobierno regional dé su visto bueno, la aplicación de las reglas quedará en manos del Ayuntamiento, bajo tutela de la administración regional. Su vigencia abarca podría ser prorrogada con las actualizaciones pertinentes, si no es posible hacer a tiempo un Plan General nuevo. La redacción de un nuevo planeamiento podría durar siete u ocho años, según los técnicos.

Las alegaciones recogidas en la Consejería se dividen claramente en dos tipos. Por un lado, están las impulsadas por los partidarios de esta normativa transitoria, que solo creen necesario despojarla de pequeños defectos para que sea efectiva. En este bando está la Asociación de Constructores y Promotores de la comarca. El colectivo propone cambios que eliminen obstáculos para la promoción inmobiliaria. Por otro camino van las propuestas de personas y entidades contrarios a esta legislación exprés y que solicitan su anulación.

En este último grupo están las asociaciones de defensa de la naturaleza y del patrimonio, agrupaciones vecinales y otras entidades, que estiman que la Comunidad trabaja sobre un texto que reproduce los errores que abocaron al varapalo del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo.

Junto a los de la industria, los empresarios de la construcción fueron los principales impulsores de la redacción de las normas urbanísticas transitorias. Su presidente, Miguel Martínez, reelegido también al frente de la Cámara de Comercio hace unos días, empleó la segunda mitad de 2016 y todo el año 2017 en convencer al equipo de gobierno local, formado hasta enero por MC y PSOE y desde entonces solo por los socialistas, así como al Ejecutivo autonómico, del PP, de que no era posible esperar una década para tener un nuevo Plan General.

El cálculo de las pérdidas económicas en inversiones superaría los 130 millones de euros, según sus cifras. Tras una intentona fallida de recurrir la anulación del plan anterior, en verano del año pasado comenzó el actual procedimiento.

El primer objetivo compartido es disponer de un marco legal que ampare la expansión del polo industrial de Escombreras. El suelo libre que hay allí dejó de estar calificado como urbano, con la vuelta al plan del 87. Esto no solo complica la instalación de nuevas empresas. También deja a las que ya están instaladas sin margen para acometer ampliaciones.

En la zona urbana, los propietarios de terrenos y con proyectos de construcción de nuevos edificios ven limitadas las posibilidades de introducir innovaciones. Eso mantiene en suspenso planes que significarían la construcción de 600 viviendas, según fuentes municipales.

La comisión técnica de la Comunidad, donde participa personal municipal, dio el visto bueno al documento el 12 de febrero. El 23 de ese mes comenzó la exposición pública, que ha supuesto recibir las 55 alegaciones mencionadas.

600 nuevas casas

Las propuestas que proceden de los constructores y de los promotores se refieren a proyectos concretos. Pero si se acepta lo que piden, se abrirá la puerta a nuevas formas de construir en la ciudad, en el extrarradio y en el litoral. Es el caso de un petición para la Finca Berizo, junto a la Avenida Víctor Beltrí (antigua Ronda Norte). El planteamiento es aprovechar los bajos de los bloques para albergar viviendas, y no limitar el uso a la instalación de establecimientos comerciales, cocheras y zonas comunes. Se trata de una innovación que permitiría rentabilizar esta promoción y que podría ser solicitada, a partir de ese momento, para otras.

La flexibilización de las normas que rigen la construcción de hoteles en el casco urbano fundamenta otras tres propuestas. Una de ellas se refiere a un proyecto de un hotel con piscina en la azotea. Es una posibilidad que no aparece reflejada ni en el plan que rige ahora ni en las normas transitorias ideadas. Otra alegación pretende que se autorice una concentración de edificabilidad de una parcela de Playa Honda, para construir un hotel de bastantes pisos y dejar suelo libre para instalaciones.

Asimismo, hay previsto un proyecto para hacer un establecimiento en un solar de la calle Luis Pasteur, en la confluencia con el Paseo de Alfonso XII, justo enfrente del viaducto de la autovía A-30. El problema es que no responde a las alineaciones de fachada que exige el planeamiento.

Por eso, se solicita una reforma. También sobre Escombreras hay un escrito, referente a la posible instalación de una empresa de fabricación de asfalto en unos terrenos que actualmente no pueden ser utilizados para ello.

Interés general

El objetivo de la asociación de promotores es «presentar alegaciones de particulares que pretenden resolver sus problemas concretos. Si son estimadas, darán soluciones a cuestiones que inciden en el interés general», explicó Miguel Martínez. Para él, se trata de dar un paso más en un camino en el que el borrador de las normas transitorias ya supone un avance.

Gracias a las modificaciones que introduciría la normativa, se desbloquearía la edificación de complejos residenciales en las calles Ramón y Cajal (diez plantas y 42 viviendas) y Wssel de Guimbarda (40 pisos). También tendría luz verde otro inmuebles, de 210 casas, junto al Hospital de Caridad y otro de 208 unidades en la calle Brunete de la Barriada de José María Lapuerta.

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