MC confía en anular la prórroga de 25 años gracias a la causa de Lugo

J. A. G. CARTAGENA

Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna junto al PSOE, confía en que las investigaciones judiciales del 'caso Pokemon' permitan al Ayuntamiento tener base jurídica para anular la prórroga de veinticinco años del contrato con Hidrogea. La alcaldesa, la socialista Ana Belén Castejón, descarta anularla sin tener garantías jurídicas, por los costes económicos y de prestación del servicio que tendría.

Fuentes de MC adelantaron ayer a 'La Verdad' que pedirá en el Pleno que la corporación -lo que incluye a los socialistas, PP, Ciudadanos y Podemos- insten al Consistorio a dirigirse a la juez del caso para que esta abra una pieza separada sobre Cartagena.

A través de una moción, el grupo que tiene como portavoz a José López planteará que el Consistorio inste a que se investigue a fondo «todas las presuntas irregularidades en torno a la gestión del servicio municipal de aguas en Cartagena». Eso incluye tanto el pago de viajes, excursiones, comidas y otras prestaciones a concejales y funcionarios; como la relación de obras sin licitar y adjudicadas a empresas del mismo grupo empresarial de Hidrogea (antes Aquagest), es decir de Suez (antes Agbar); y la prórroga del contrato hasta el año 2043, aprobada por el Pleno en 2003 pese a que había un informe en contra del Consejo Jurídico regional.

El informe de Vigilancia Aduanera de Galicia en el Pokemon' recuerda que la propuesta de la entonces concejal de Hacienda, María Ángeles Palacios -beneficiaria después de cuatro viajes pagados por Aquagest- fijó no solo el pago por parte de la concesionaria de unos 13 millones de euros al municipio en 25 años, sino la inversión de 47 millones en obras, con cargo a las tarifas.

La primera opción, planteada el año antes por el concejal de Contratación, Gabriel Ruiz -que junto a la Comisión de Control presidida por Agustín Guillén habría hecho oídos sordos a un primer informe en contra del Consejo Jurídico- era prolongar el contrato 50 años y recibir 12 millones. Fue después cuando se acortó la prórroga y se metió inversiones con cargo a la tarifa, fruto de más anomalías, según la Agencia Tributaria.

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